La Corte Suprema desestimó planteo de asociaciones pampeanas para que no se corte el Atuel

Los altos magistrados no analizaron la cuestión de fondo, sobre si el reclamo era justo o no. Pero consideraron que solamente las partes en proceso, es decir Mendoza y La Pampa, están habilitadas para realizar planteos vinculados al fallo de 1987. Las ONG’s presentarían ahora una acción de amparo ambiental.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la presentación judicial de la Fundación Chadileuvú y de la Asociación Alihuén, que pedían que se ordenara el cese del daño ambiental en el oeste pampeano, se convocara al diálogo entre La Pampa y Mendoza y que no se volviera a cortar el río Atuel, difunde esta tarde diariotextual.com.

Los altos magistrados no analizaron la cuestión de fondo, es decir si el reclamo era justo o no. Pero hicieron al menos tres consideraciones. En primer lugar, recordaron que las asociaciones que presentaron la demanda se basaron en el fallo de la Corte de 1987, que entre otros puntos estableció la interprovincialización del río; sin embargo, los magistrados consideraron que ese juicio no se debatió la existencia del daño ambiental, sino la interrupción de la posesión de aguas.

En segundo lugar, dijeron solamente las partes en proceso, es decir Mendoza y La Pampa, están habilitadas para realizar planteos vinculados al objeto originario de la acción.

En tercer lugar, finalmente, expresaron que existe “la imposibilidad procesal básica” que impide admitir la intervención de terceros en un proceso de estas características.

Ahora, con esta medida quedan dos posibilidades para seguir en la Corte: primero que el Gobierno pampeano accione judicialmente, algo improbable porque están buscando el diálogo con Mendoza; y en segundo lugar, que las asociaciones se presenten con una demanda, independiente, con una acción de amparo ambiental. “Es probable que hagamos un amparo ambiental”, dijo Héctor Gómez, presidente de la Chadileuvú.

La presentación había sido elevada en noviembre de 2007 por la Fundación Chadileuvú (Fuchad) y la Asociación Alihuén, con la adhesión de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE).

El anuncio del revés judicial lo hicieron esta tarde, en conferencia de prensa, dirigentes de las tres asociaciones: Héctor Gómez, por la Fundación Chadileuvú; Miguel Evangelista, por la CPE, y Leandro Altolaguirre, por Alihuén.

Las organizaciones fueron patrocinadas por el abogado Andrés Gil Domínguez, quien había solicitado que Mendoza cesara “con el daño ambiental” que ya lleva 60 años y que, entre ambas provincias y la Defensoría del Pueblo de la Nación, se garantizara un caudal mínimo fluvio ecológico del Atuel.

En 1947, con las obras del dique El Nihuil, en Mendoza, cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia La Pampa y la fértil cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú desapareció.

De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda en forma esporádica en forma activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.

Desde hace seis meses, directamente el cauce del río se ha secado totalmente y los animales se están muriendo de sed.

En 1987, cuatro décadas después del corte del río, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consagró "la interprovincialidad del río Atuel", pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso del agua.

Mendoza reconoce los derechos compartidos sobre el río y paga un porcentaje de las regalías por los Nihuiles, pero no cumple con el reparto equitativo de los recursos.

El entonces gobernador mendocino y hoy vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, al conocerse que tres instituciones con el apoyo del gobierno pampeano recurrirían a la CSJN, argumentó que cumplían con el fallo judicial de 1987 que establece que pueden utilizar agua del Atuel para regar 72.150 hectáreas.

El gobierno pampeano sostuvo, sin embargo, que la administración mendocina no está cumpliendo con el fallo de la CSJN de 1987 porque no se está garantizando un caudal mínimo fluvio ecológico.

Los dirigentes de la Fuchad, Alihuén y la CPE dijeron hoy que esta decisión judicial de la Corte, si bien obliga a buscar otros caminos tanto judiciales como de otra naturaleza, no hará cesar el reclamo pampeano de justicia por el Atuel.

“El daño ambiental existe, ya está probado”, dijo Leandro Altolaguirre, de la Asociación Alihuén. “Por eso se debe pelear por un caudal mínimo fluvio ecológico. Y lo más paradójico es que Mendoza podría garantizar un caudal mínimo y permanente durante todo el año con lo que suelta a La Pampa. El problema es que hace sueltas discriminadas, que inundan todo, y luego, como sucede ahora, corta el río y el cauce en nuestra provincia es un arenal”, expresó.

Héctor Gómez, de la Fuchad, recordó que la presentación judicial “no fue un capricho”, sino un pedido de tres asambleas populares. “Fue un pedido de las asambleas. Incluso, el Gobierno provincial y el municipal ayudaron con subsidios para efectuar la presentación”, sostuvo. “Consideramos que más allá del fallo, lo que se ha hecho ha sido muy útil para los pampeanos: es que se reeditó el debate por el Atuel”, dijo. “Además, hubo una relectura del fallo de 1987. Siempre existió ese mito de que el fallo fue en contra de La Pampa. Sin embargo, hay puntos positivos, como la declaración de la interprovincialización del Atuel”, sostuvo.

“La CPE seguirá apoyando el reclamo. Consideramos que el recurso ante la Corte Suprema ha sido una acción necesaria”, dijo Miguel Evangelista. “La lucha sigue, a pesar del traspié”, agregó.
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