Memoria política

Su último libro y un capítulo de la historia. Así podríamos leer las páginas en las que Raúl Alfonsín evoca una serie de sucesos que marcaron las peripecias de su gobierno y que le dieron un significado irrefutable a los costos de la siempre inflamable democracia argentina.

Por Raúl Alfonsín

El autor no garantiza la posesión de la verdad sobre los sucesos que narra, sino porque ese sesgo personal de los recuerdos puede permitir a quien busque reconstruir un momento histórico conocer también la forma en que un actor principal vivió los hechos, saber qué fuerzas o qué razones (o ambas) estuvieron detrás de sus decisiones.

Conocer las tramas más finas de un proceso incorporando el habla de quien, de otra forma, sólo es hablado por la historia.

Desfila por el texto el análisis de definiciones y episodios tan trascendentales como la política de derechos humanos bajo su gobierno, el juicio a las Juntas Militares, las asonadas de Rico y Seineldín, las leyes de punto final y obediencia debida, el ataque que efectuaron los rezagos de la guerrilla al cuartel de La Tablada, la hiperinflación y el trámite de su renuncia anticipada, para concluir su memoria, ya fuera de la presidencia, con los vericuetos del Pacto que llevó a la reforma de la Constitución en 1994.

De todos esos temas el más impactante, el que con mayor énfasis subraya lo que la gestión de Alfonsín tuvo de ruptura con un largo pasado de impunidades y amnistías frente a las violaciones del Estado de Derecho que jalonaron por lo menos cincuenta años de vida argentina, fue el de la manera en que se diseñó y puso en marcha una política de derechos humanos que fuera ejemplificadora hacia el pasado, pero que a la vez pudiera hacerse cargo de sus consecuencias hacia el futuro.

La reconstrucción del estado de Derecho 1983-1986. Juicio a las Juntas Militares (fragmento)

La instalación en 1976 de la dictadura militar más atroz que sufrió el país no dejó margen para resistencias legítimas, pero también es cierto que gozó de un consentimiento tácito de una parte importante de la sociedad argentina y el silencio cómplice o el acompañamiento de algunos medios de comunicación, en un exceso de autocensura, o directamente de complacencia. A pesar de dominar todo el aparato estatal, la dictadura militar se abstuvo de procesar y condenar a nadie, salvo alguna excepción marginal, mientras que mediante “acciones directas”, sin juicio ni ley, hizo desaparecer a miles de personas, asesinó, torturó, encarceló y expulsó del país a otros miles.

Ni siquiera actuó dentro de los extensos y difusos márgenes que otorgaba la “legalidad autoritaria” diseñada por ellos y para ellos; todo se hizo al margen de la ley y, por supuesto, al margen de toda consideración ética y jurídica. Nunca existió mayor ausencia de seguridad jurídica en nuestro país y nunca se estuvo más lejos de la noción del estado de Derecho que durante los años del proceso militar, entre 1976 y 1983. Pero paradójicamente es el período en que más dinero se le prestó a la Argentina, lo que demuestra la enorme hipocresía de los organismos internacionales de crédito en aquel entonces.

La derrota militar en la Guerra del Atlántico Sur en junio de 1982 provocó el colapso de la dictadura militar, y la misma sociedad que había sufrido -o, en muchos casos, tolerado, por desconocimiento, por convicción o por temor- la violación sistemática de los derechos humanos y la falta de libertades públicas se levantó para romper con el pasado autoritario. Hubo un quiebre en nuestra historia, porque tal vez nunca se había llegado tan lejos en la degradación moral de la República, y entonces la mayoría de los argentinos abrazó la causa de la recuperación de la democracia en forma definitiva.

Lo que mi gobierno hizo a partir de 1983 fue marchar de inmediato en la dirección del esclarecimiento y el castigo de las violaciones a los derechos humanos, el establecimiento de la igualdad ante la ley, la reinserción de las Fuerzas Armadas en el estado de Derecho y la formulación de una política que marcara una clara línea divisoria respecto del pasado.

En nuestro país, los crímenes y delitos cometidos en dictaduras siempre habían quedado impunes, y nuestro propósito fue terminar de una vez y para siempre con esa tradición. Por un imperativo ético impostergable y por el convencimiento de la complementariedad entre democracia y justicia, el gobierno a mi cargo abrió los cauces jurídicos para que las aberrantes violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por el terrorismo de grupos políticos armados como por el terrorismo de Estado fueran investigadas y juzgadas por una Justicia independiente.

No existía, por otra parte, una fórmula preestablecida sobre la mejor manera de enfrentar los crímenes del pasado. Cada sociedad debe elaborar su propia respuesta, de acuerdo con sus peculiares condiciones y características políticas y sociales, y nosotros lo hicimos en un contexto latinoamericano en el que comenzaba a terminar la noche de las dictaduras y aparecía la luz de las transiciones democráticas y la recuperación de las libertades ciudadanas.

Quienes denunciamos la violación de los derechos humanos durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” intercambiamos ideas acerca de cómo castigar a los culpables y cómo establecer bases sólidas para que esas violaciones no se repitieran jamás. Éramos conscientes de que se trataba de una situación histórica inédita: por un lado, por la magnitud y el carácter de lo ocurrido bajo la dictadura; por otro lado, porque su investigación y juzgamiento implicaba colocar a las instituciones armadas de la nación bajo la lupa de una justicia independiente, pero al mismo tiempo, preexistente.

En la implementación del procedimiento se debía superar una serie de obstáculos jurídicos y fáctico s, y considerar los límites que nos imponían la Constitución y la prudencia: la conmoción pública provocada por la investigación y la acción de la Justicia; la duración de los procesos, que no debían prolongarse demasiado, y las categorías de personas a quienes se haría responsables.

En el tratamiento de esta delicada cuestión existían tres diferentes alternativas y debíamos elegir una de ellas:
- El olvido, fuera mediante una ley de amnistía o a través de la inacción; va-
le decir, dejar pasar el tiempo hasta que el tema se agotara en sí mismo. Sabíamos que esta forma de tratar el problema era la que se había seguido casi siempre en la mayoría de los países del mundo, salvo, en parte, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que no debía ser una opción válida para nosotros.

- El procesamiento de absolutamente todos los que pudieran resultar imputados. No existía ni existe ninguna nación, en ninguna parte del planeta, donde se haya aplicado. Al considerar esta opción también tuvimos en cuenta, más allá de las razones políticas, las de tipo jurídico y fáctico.

- La condena de los principales actores, por su responsabilidad de mando, para quebrar para siempre la norma no escrita, pero hasta ese momento vigente en nuestro país, de que el crimen de Estado quedara impune o fuera amnistiado.

Durante la campaña electoral de 1983 expuse clara y enfáticamente que este último era el camino que habíamos elegido. Íbamos a actuar aplicando el es- quema de los tres niveles de responsabilidad para encarar el procesamiento de quienes estuvieran bajo acusación de haber violado los derechos humanos durante la dictadura: los que habían dado las órdenes, los que las habían cumplido en un clima de horror y coerción, los que se habían excedido en el cumplimiento. Afirmé explícitamente que si resultaba elegido para gobernar el país iba a aplicar la justicia con ese criterio.

Así lo hicimos y fue un proceso único en el mundo, por sus características y por sus resultados. No conozco otros casos en América, en Europa, en África, o en Asia, de países que hayan podido juzgar y condenar a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad como nosotros lo hicimos, con la ley en la mano.

En nuestro país teníamos antecedentes que hoy han sido olvidados. En mayo de 1973, se consagró la impunidad mediante la sanción de indultos y la ley de amnistía (votada también por el radicalismo), por un lado, y la no persecución penal de quienes habían asesinado y ordenado asesinatos, tales como los ocurridos en Trelew, el 22 de agosto de 1972, donde fueron muertos numerosos presos políticos. Pocas semanas después se produjo en las cercanías de Ezeiza una nueva explosión de violencia política que dejó un trágico saldo de muertos, heridos y torturados. A pesar de que muchos funcionarios conocían a los responsables de esa masacre, nadie fue procesado ni condenado.

Tampoco se estableció una comisión investigadora ni hubo esclarecimiento oficial de los sucesos. Por el contrario, se recurrió a la acción de grupos alentados por el Estado, como la Triple A, para reprimir a grupos subversivos y contestatarios. Un procedimiento reñido con la ética y con la ley que dejó una secuela de muchísimos muertos y creó las condiciones para el colapso de las instituciones y el arribo de la más feroz de las dictaduras de nuestra historia.

Había que evitar que se repitiese este ciclo histórico de la impunidad y sentar el precedente de que a partir de 1983 no se tolerarían nunca más episodios al margen de la ley.

Estaba convencido de que todo proceso de transición democrática debía intentar un objetivo prioritario y excluyente: prevenir la comisión futura de violaciones a los derechos humanos. Pertenece obviamente al ámbito de la política el decidir las medidas deseables, las necesarias y las posibles en torno de cuestiones en las que se encuentran en juego muchas veces principios morales. No es sencillo adoptar decisiones en este terreno en procura de efectos que se advertirán recién en la convivencia futura de una sociedad.

Se trataba entonces de reforzar la valoración social sobre la importancia de los derechos humanos, del respeto al estado de Derecho, de la tolerancia ideológica. Por un lado, la represión ilegal de la guerrilla se había llevado a cabo desde las propias Fuerzas Armadas y de seguridad, comprometiendo a gran cantidad de personal en su ejecución, bajo el manto de una ideología justificatoria de tal comportamiento. Ello provocaba el serio riesgo de reacciones de naturaleza corporativa, en defensa de camaradas, o de las ideas que se habían difundido por tanto tiempo, agravado esto por el hecho de que, en los primeros años de toda transición, las autoridades civiles no poseen el total dominio y control de los resortes de la seguridad estatal, dado que, por el mismo carácter transicional del proceso, algunos de éstos se encuentran en manos de personas que estuvieron involucradas en episodios de violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, no se podían construir los cimientos de la naciente democracia en nuestro país desde una claudicación ética. El comienzo de la vida democrática argentina exigía poner a consideración de la sociedad, explícitamente, el tema de la represión ejercida desde el Estado. Y llevar a los responsables de la violencia ante los tribunales. Pero había que hacerla sin perder de vista la situación de fragilidad de la democracia. Muchas veces me pregunté si por defender los derechos humanos que habían sido violados en el pasado no arriesgaba los derechos humanos del porvenir. Es decir, si no estaba poniendo en peligro la estabilidad de la democracia y en consecuencia, la seguridad de los ciudadanos.

(…)

Entre el 22 de abril y el 9 de diciembre de 1985 se realizó el juicio oral y público a quienes integraron las tres juntas militares de la dictadura que había gobernado el país hasta hacía apenas dos años. Una multitud acompañó el inicio de las sesiones frente a los Tribunales; se informó sobre el desarrollo del juicio con profusión y cualquier ciudadano podía asistir al recinto con sólo hacer una cola y solicitar su ingreso. Fueron testigos de la Fiscalía y de la defensa 832 personas. Fue una tarea llena de valentía y patriotismo la llevada a cabo por los testigos, los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, y los jueces que participaron de aquel juicio. También los abogados defensores cumplieron con gran corrección su labor.

Finalmente, la histórica sentencia de la Cámara integrada por Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Torlasco, Andrés D’ Alessio y Guillermo Ledesma estableció la existencia de un plan criminal organizado y fijó así el primer nivel de responsabilidad al sentenciar la culpabilidad de los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini, con penas que iban de los ocho años de prisión hasta la cadena perpetua y la inhabilitación permanente. El resto de las causas se giraban nuevamente al Consejo Supremo y el epicentro de los procesos judiciales se trasladaba a las Cámaras Federales de la Capital y del interior del país, que debían tomar los casos dentro de su jurisdicción.

De Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos, de Raúl Alfonsín. Buenos Aires, Fondo de Cultura Econónica, 2004.

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