La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupado por las cárceles bonaerenses

El comisionado Florentín Meléndez destacó los "altos porcentajes" de detenidos sin sentencia firme -entre el 70 y el 80 por ciento)- y aseguró que se trata de los niveles "más elevados en toda América Latina".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una una audiencia celebrada en Washington de la que participaron autoridades bonaerenses y federales. Durante la audiencia, que se realizó a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las autoridades interpeladas
debieron rendir cuentas por la situación general de los presos en cárceles y comisarías en la provincia de Buenos Aires.

El comisionado Florentín Meléndez destacó los "altos porcentajes" de detenidos sin sentencia firme -entre el 70 y el 80 por ciento)- y aseguró que se trata de los niveles "más elevados en toda América Latina". Además, los miembros de la Comisión preguntaron a los funcionarios acerca del impacto que puede tener sobre la situación carcelaria la reforma del código procesal penal aprobada por la legislatura provincial en diciembre pasado.

Por su parte, el CELS aseguró que existe "una práctica estatal sistemática de violación de derechos humanos, contra un grupo específico de la población, las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires". En tal sentido, el organismo denunció las condiciones de
"hacinamiento y sobrepoblación" en las cárceles bonaerenses, las "situaciones estructurales de torturas y malos tratos, y la utilización ilegal de dependencias policiales para alojar personas".

Merced a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Verbitsky" de 2005, y al seguimiento que la CIDH dio al tema en audiencias anteriores, la situación carcelaria en la provincia parecía encaminarse hacia una solución. "Los índices habían bajado hasta el 2007, pero con las políticas de la nueva gestión volvieron a subir. La reforma del código procesal penal va a acentuar esta tendencia regresiva y, sin embargo, la única política sostenida que ofrece el gobierno es la construcción de cárceles", explicó Gastón Chillier, director
ejecutivo del CELS.

Chillier destacó que "si no se implementan nuevas medidas, en dos años vamos a estar alertando ante esta misma Comisión por una situación aún más grave".  Finalmente, el CELS pidió una intervención activa por parte de la CIDH para garantizar la implementación de políticas públicas
eficaces que logren revertir esta situación. Asimismo, solicitó a la Comisión que establezca un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de los "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad", enparticular en cuanto a la obligación del Estado de:
   • Asegurar por ley que se garantice la libertad personal como regla general en los procesos judiciales, y se aplique como
excepción la privación preventiva de la libertad.
   • Respetar y garantizar la vida e integridad personal de las personas detenidas y asegurar condiciones de detención compatibles
con su dignidad.
   • Diseñar e implementar un mecanismo institucional de control de la sobrepoblación y el hacinamiento.
   • Adoptar medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia institucional y garantizar que los hechos de tortura
y malos tratos ocurridos al interior de los lugares de privación de libertad, no permanezcan impunes.
 
En la audiencia participaron, por la CIDH, Luz Patricia Mejía, presidente de la Comisión, Florentín Meléndez y Paolo Carozza.  En representación del CELS estuvieron Gastón Chillier, director ejecutivo, y Paula Litvachky, directora del programa de Justicia Democrática.

Por el gobierno provincial participaron el ministro de Justicia, Ricardo Casal, y la subsecretaria de Política Criminal bonaerense, María Pía Leiro, a quienes se sumaron representantes de la Cancillería.
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20 de septiembre de 2017 | 00:59
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