Imputarán a la mujer que le practicó el aborto a la joven fallecida

El deceso de Romina Gélves (22) en la noche de ayer movió el expediente judicial. La causa estaba caratulada como averiguación aborto, pero la muerte de la joven produjo un cambio en la calificación, a "aborto seguido de muerte".

Romina Gálvez (22) dejó de existir en la noche del jueves en el Hospital Español. Estaba allí internada con muerte cerebrar porque se sometió a un aborto clandestino que le produjo una grave infección. La partera que le hizo el “raspado”, el cual no fue terminado y generó la dolencia, sería imputada en las próximas horas por el delito de “aborto seguido de muerte”.

La partera vive en el barrio La Gloria, de Godoy Cruz, y en su vivienda le practicó el viernes pasado el aborto a Romina. A las pocas horas la joven se descompensó y fue llevada al Hospital Paroissien. Pero su salud ya estaba muy afectada y fue derivada al Español.

En este centro médico privado no lograron detener la infección que se había desencadenado porque el aborto fue mal realizado; en su interior tenía restos del feto y de placenta.

Los médicos decidieron limpiarla por completo y también extirparle los órganos reproductivos. Sin embargo no fue suficiente esa intervención quirúrgica y la joven sufrió una muerte cerebral en la madrugada del lunes, como anticipó MDZ.

Los profesionales, extraoficialmente, pronosticaban el peor de los desenlaces, el cual se concretó a las 23.30 de este jueves. Mientras Romina agonizaba volvieron a escucharse y leerse las distintas posturas en torno a la legalización del aborto.

Esa era la situación médica por un lado y social por el otro. Paralelamente la Justicia continuaba su investigación.

El domingo pasado el fiscal Horacio Cadile citó a declarar a la partera. La intención era tomarle una declaración informativa (una instancia previa antes de la imputación). La mujer utilizó su derecho de abstenerse, no se negó a declarar; son dos conceptos distintos para la Justicia el negarse a declarar y el de tomar la opción de no hacerlo.

Pero ese mismo domingo habían realizado una requisa domiciliaria en la casa de la presunta abortista sin resultados positivos. No obstante, el fiscal hizo secuestrar las bolsas con residuos que estaban en la puerta de la vivienda. En uno de los envoltorios encontró una sonda que habría introducido en el interior de Romina; el objeto estaba manchado.

Cadile solicitó peritajes sobre esta sonda ya que es la principal prueba que podría tener contra la clandestina partera barrial.

Si los análisis a este objeto dan positivo, la mujer sería imputada de aborto seguido de muerte. La pena por este delito prevé un año de cárcel como mínimo y un máximo de seis.
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