El Gobierno pide enjuiciar a jueces que excarcelaron a represores

El cargo presentado contra ocho magistrados fue realizado por la Secretaría de Derechos Humanos. Entre los represores excarcelados se encuentra “El Tigre” Acosta y Alfredo Astiz.

La Secretaría de Derechos Humanos solicitó hoy al Consejo de la Magistratura que conforme un jurado de enjuiciamiento contra ocho magistrados que concedieron excarcelaciones a represores, entre ellos, los que dispusieron la liberación de Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta.

La acusación oficial recae sobre los jueces Guillermo Yacobucci y Luis María García, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación penal, quienes el 17 de diciembre pasado votaron a favor de excarcelar a Acosta, Astiz, Antonio Pernías y otros diez represores, al considerar que se habían vencido los plazos de la prisión preventiva.

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos pidió que se enjuicie a los magistrados Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, miembros del Tribunal Oral Federal número 5 de la Capital Federal.

Sobre ellos pesa la acusación por "incumplir notoriamente con sus deberes, al retardar injustificadamente la fijación de las audiencias del debate oral y público en que debían ser enjuiciados los represores que actuaron en la ESMA".

Según el pedido realizado ante el Consejo de la Magistratura, el TOF Nº 5 "no respetó el principio de la publicidad de los juicios orales", por lo que imposibilitó a los medios de comunicación de "cumplir con su tarea de informar a la sociedad".

Entre los argumentos de mal desempeño contra este Tribunal, la oficina que dirige Eduardo Luis Duhalde expresó que sus magistrados mantuvieron "las libertades de los represores juzgados y condenados César Miguel Comes, e Hipólito Rafael Mariani por la Mansión Seré y Pedro Alberto Barda, en el área de Mar del Plata".

"El TOF N° 5 fue también el que en el caso de Héctor Febres mantuvo al nombrado bajo custodia de la Prefectura Naval, a la que había pertenecido, pese al reclamo de las querellas de que se lo trasladara a una cárcel común", enfatizó la Secretaría, en relación al represor que apareció muerto en su celda a poco de ser condenado por delitos de lesa humanidad.

Además, el pedido de enjuiciamiento también alcanza a los magistrados Ángela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, de la Sala III de la Cámara Federal, quienes dispusieron la libertad de seis acusados, argumentando que "dado que los hechos que se les imputaban ocurrieron hace más de treinta años, no había peligro de que entorpecieran el curso de las investigaciones".

"En el caso de los crímenes de lesa humanidad, el carácter masivo y sistemático de los mismos, unido a las motivaciones ideológicas que reconocen no puede soslayarse la posibilidad de que su permanencia en libertad o en situaciones de detención domiciliaria u otros tipos de prisión atenuada", afirmó Duhalde.

A la vez, señaló que esa actitud de los magistrados puede favorecer a "la destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas o la intimidación de testigos o –en una hipótesis mucho peor- a la eliminación física o las lesiones de alguno de estos o la muerte del propio imputado".

Para Duhalde, este grupo de jueces no tomó "en cuenta los recaudos exigidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre que la gravedad especial de un crimen puede justificar la prisión preventiva por un cierto período, por la
amenaza de disturbios del orden público que la libertad del acusado puede ocasionar".
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