Argentina no pagará una multa al CIADI

Ayer, el fallo del CIADI condenó a la Argentina a pagar 172 millones de dólares, pero los fondos no saldrán del Estado, sino de la empresa concesionaria de gas Camuzzi.

De esta manera el Tesoro argentino no se verá afectado por el fallo.
 
Apenas quede firme comenzarán a regir las cláusulas de renegociación, que incluyen un aumento de tarifas para los grandes usuarios, informaron a la agencia NA fuentes de la compañía italiana.

Argentina perdió un juicio en el Tribunal Internacional CIADI iniciado por la firma norteamericana Sempra Energy, a la cual el país le tendrá que pagar 172 millones de dólares, pero finalmente esa obligación la afrontará la concesionaria Camuzzi Argentina, que aumentará las tarifas a grandes usuarios con retroactividad a agosto último.

Las empresas Camuzzi Argentina y Sempra Energy son socias con distinta participación en Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.

Pero a diferencia de Sempra, que siempre manifestó su deseo de continuar el juicio contra Argentina y, sostienen irse del país en algún momento, Camuzzi aceptó firmar un acuerdo de renegociación que incluía, entre otras cláusulas, garantizar la "indemnidad" al Estado argentino en caso de que se produjera un fallo adverso del CIADI.

Eso finalmente ocurrió y ahora Camuzzi ratificó que se hará cargo de la parte proporcional que le corresponde de los 172 millones de dólares de acuerdo a las distintas participaciones societarias que comparten con Sempra.

Así, el Tesoro argentino no se verá afectado por el fallo del CIADI y apenas quede firme el fallo comenzarán a regir las cláusulas de renegociación, que incluyen un aumento de tarifas para los grandes usuarios, informaron a la agencia NA fuentes de la compañía italiana.

El juicio se había iniciado por la caída en el valor de participación de Sempra en dos compañías de gas natural tras la pesificación.

La firma italiana se hará cargo del pago de esa indemnización, tras firmar un acuerdo con la Unidad de Renegociación y Análisis de contratos de servicios públicos (Uniren) de Argentina.

La Procuraduría del Tesoro de Argentina dijo en un comunicado que este acuerdo prevé "mantener indemne al Estado" argentino frente al fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal que depende del Banco Mundial.

El acuerdo entre la Uniren y Camuzzi incluye, entre otros puntos, un ajuste de tarifas para los grandes usuarios, que entrará en vigencia en forma retroactiva a partir del 1 de  agosto pasado.

La demanda había sido iniciada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la gasífera estadounidense que poseía una participación superior al 43% en Sodigas, y que se consideró perjudicada por las medidas adoptadas por el Gobierno argentino a comienzos de 2002.

Es que tras la pesificación, el Gobierno mantuvo congeladas las tarifas de las empresas de servicios públicos y las firmas no pudieron modificar los contratos.

Sodigas, a su vez, poseía el 86% de las acciones de Camuzzi Gas Pampeana y el 90% de Camuzzi Gas del Sur.

"Esperamos que el Gobierno de Argentina honre sus obligaciones legales, ya que buscamos que se haga cumplir inmediatamente la compensación", reclamó el consejero general de Sempra Energy, Javade Chaudhri, a través de un comunicado.

De las 37 demandas que debía enfrentar Argentina ante el CIADI por más de 17.000 millones de dólares, por reclamos similares, 13 se suspendieron por acuerdos a los que arribaron las partes antes de que se dictara la decisión del arbitraje internacional.

Es que el Gobierno siempre puso como condición el levantamiento de la denuncia ante el CIADI para llevar adelante cualquier renegociación tarifaria o de contratos.

Jucio mendocino

La provincia de Mendoza, por su parte, tenía una denuncia de los accionistas de Obras Sanitarias ante el CIADI por 600 millones de pesos, pero ha sido retirada gracias a las negociaciones que realizó el gobierno.

La provincia de Mendoza fue denunciada ante un organismo del Banco Mundial por la empresa Saur Internacional por daños y perjuicios.

Todo comenzó en abril de este año cuando el grupo francés Saur International, principal accionista de Obras Sanitarias Mendoza (OSM), anunció su decisión de retirarse del negocio del agua potable de la provincia, luego de haber introducido en agosto del 2002 la denuncia ante el CIADI.

 

Para que la empresa francesa no se retirara del mercado, el gobierno provincial comenzó una negociación para que además Saur retirara la denuncia de 600 millones de pesos ante el Banco Mundial.

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