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Politica

11 de Octubre de 2013 06:17
Juicios cruzados y acuerdos en el CIADI 

Los 90 no se van: quebró la ex OSM

 
Un caño roto en el Barrio Bombal, Brown y JB Justo, dos meses atrás. Postal típica de Mendoza.
 
De la ex Enron y socios locales como Vila y Groisman junto a la francesa Saur, a la familia Sielecki, la estatización. La ex OSM privatizada presentó la quiebra, mientras su “descendiente” Aysam es subsidiada por el gobierno y arrastra redes viejas y déficit crónico.

Hay quienes dicen que los `80 se murieron el día en que una doliente e interminable fila de argentinos enterró a Raúl Alfonsín, el 31 de marzo de 2009. Pero los noventa, mucho más frescos, siguen proyectando su sombra sobre nosotros: ayer, mientras se conocía que la Argentina acordaría juicios de empresas internacionales contra el país en el CIADI por 550 millones de dólares, se supo que uno de aquellos acreedores -la fallida empresa americana Asurix SA, subsidiaria de la Enron, junto a socios franceses y otros accionistas- había presentado la quiebra de la ex Obras Sanitarias Mendoza, hoy devenida en Aysam.

Así se cerró un ciclo que comenzó a fines de los noventa, cuando el ex gobernador Arturo Lafalla vendió las empresas de agua y de energía de la provincia. Un consorcio integrado por la mencionada Azurix como inversor, la francesa Saur (que sabía de aguas y venía de setenta años en cinco continentes) como operadora, y varios inversores locales entre ellos Daniel Vila y Mario Groisman, a la expectativa de los desarrollos inmobiliarios en el piedemonte; pagaron 132,7 millones de dólares por la última gran joya de la abuela mendocina, luego de Edemsa y los bancos provinciales, la primera terminó en manos del grupo Vila-Manzano y con los bancos, ya sabemos qué pasó.

Hoy, la quiebra de la ex OSM (sin los extranjeros desde 2008 y con el grupo local Sielecki) encuentra entre sus acreedores a la ex Dirección de Rentas de la provincia, el departamento de Irrigación, la propia provincia de Mendoza que quiere cobrar el canon que la ex OSM nunca pagó, municipalidades varias, decenas de ex empleados, una clínica privada, uno de los consorcios inversores iniciales (Inversora del Aconcagua SA), cooperativas de servicios, dos financieras, varias empresas que eran usuarias del servicio, personas particulares, una empresa de cementerios, y siguen las firmas. Todos quieren cobrar.

El proceso de quiebra se inició y ya hay un registro de acreedores en fila, entre ellos esta provincia, que trata de resarcirse de la ex OSM por causas que van desde la falta de inversión, pasando por daños ambientales y el canon caído, por una suma cercana a los 450 millones de pesos. A su vez, la francesa Saur que era la operadora de la empresa de aguas privatizada reclama unos 200 millones de dólares porque Mendoza no le dio nuevas tarifas luego de la devaluación/pesificación, y hasta ahora ha conseguido una sentencia a su favor pero sin condena monetaria, aunque se estima que sería por 143 millones de dólares, la suma que están reclamando.

Es decir, ese juicio –que es contra la Argentina- se va a tener que pagar tarde o temprano.

El acuerdo al que Argentina arribó en el CIADI, un tribunal internacional para resolver diferencias relativas a inversiones y que pertenece al Banco Mundial, con un grupo de empresas “castigadas” por la pesificación y la devaluación de 2001, entre ellas Azurix, agitó los recuerdos noventosos. Pero la solución a la que arribaron el gobierno argentino y los nuevos accionistas de aquella inversora americana que incursionó en negocios de aguas en Buenos Aires y en Mendoza con OSM, no tiene nada que ver con nuestra provincia. Aquella firma que llegó aquí como Azurix corp. había iniciado un juicio internacional por OSM pero no lo siguió. Sí en cambio obtuvo un derecho a compensación por 165 millones de dólares por su salida de la empresa Azurix Buenos Aires, donde estuvo entre 1999 y 2002. Apenas si alcanzaron a darse cuenta de que el negocio se había hundido con la Argentina de entonces. Es la francesa Saur la que sigue pulseando por el resarcimiento a su fallida experiencia mendocina.

La salida de los dueños de OSM y los juicios consecuentes no fueron un problema exclusivamente mendocino. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la salida de empresas internacionales de aguas junto al helicóptero de Fernando De la Rúa, detalla que entre los operadores internacionales que se habían animado a venir con el último gobierno de Carlos Menem estaban Lyonnaise des Eaux, Sociedad General De Aguas De Barcelona S.A (AGBAR), la Compagnie Générale des Eaux (CGE), Azurix Corp., Saur Int., y Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC), entre otros. A fines de 1999, había 22 operadores privados conformados como sociedades anónimas, los que abarcaban el 71 por ciento de la población urbana del país, de acuerdo al documento.

La ex OSM y la provincia como poder concedente tenían una gran cantidad de obligaciones mutuas, las que volaron por los aires en 2001.

El contrato de concesión fue aprobado por Ley en septiembre de 1997. Había cláusulas especialmente importantes, como cumplir con el Plan de Operaciones y Expansión de los servicios, el que estaba conformado por un conjunto de objetivos y políticas generales de operación, parámetros de eficiencia y metas cuantitativas, y un plan de inversiones con metas físicas y de obras. Según técnicos del BID, la inversión estimada hasta el 2020 era de US$ 337 millones, de los cuales US$ 128 millones corresponderían al período 1996-2001, del que se deducirían las obras hechas por OSM SE antes de la fecha de aprobación del contrato. Duraba 95 años aquella relación. Por supuesto, nada de eso pasó.

Así las cosas, pronto habrá que pagar el nuevo juicio mientras Mendoza trata de cobrar el suyo, apoyado en un informe de la UTN de años atrás que le daba la razón a la provincia, porque establecía que luego de sendas “flexibilizaciones” concedidas por Roberto Iglesias, Julio Cobos y Celso Jaque respecto de las obligaciones de inversión de la empresa, igual no habían pagado ni los impuestos y por lo tanto era rentable como para sostener el servicio, invertir y ganar plata.


¿Y hoy, cómo están las cosas?

De la ex OSM Sociedad del Estado que necesitaba inversión, que ya estaba obsoleta, que administrativamente se iba desordenando y acumulando déficit y que con la tarifa ya no pagaba desde hacía rato su operación, pasamos a los cinco presidentes en una semana, devaluación y pesificación, después la “década ganada”, primero crecimiento “chino” y después estanflación, cepo, dólar paralelo, inflación… y llegamos a la empresa Aysam, que por suerte no tiene los problemas de la ex OSM opero tiene otros.

La tarifa no alcanza y debería subir más del doble para compensar la operación, las redes son obsoletas y muchas tienen más de medio siglo, los créditos internacionales no llegan y los fondos locales aparecen con cuentagotas, la potabilización apenas si alcanza aunque hay que decir que en los últimos dos años algo se ha avanzado en mejorar y ampliar la producción de las plantas existentes, y la frutilla del postre:

El déficit de Aysam es de unos 5,6 millones de pesos al mes, de los que el gobierno provincial financia 4 millones.

Es decir, la empresa sigue para atrás y el servicio en muchas áreas de Mendoza está casi colapsado. La situación cloacal es peor aún. Aunque un porcentaje significativo de mendocinos tiene cloacas (62 %, por encima de la media nacional del 53 %), en sectores muy populosos los colectores se van a hundir en cualquier momento. Eso no quita que integrantes del directorio cobran además jugosos sueldos como gerentes de diversas áreas, de acuerdo a información extraoficial. Va todo a la misma cuenta.

Meses atrás, el cálculo inmediato sobre la necesidad de inversión de Aysam para dar un servicio más o menos acorde a los mendocinos era de unos 250 millones de dólares. A mitad de año, el titular de la empresa, Luis Böhm admitió ante los legisladores que no había dinero para obras ni para reclamos de los usuarios, ni para expansión. En esos días, Böhm trató de instalar la discusión sobre un nuevo aumento tarifario antes de fin de año, ya que las escasas compensaciones luego de la década de congelamiento tarifario aún eran escasas. Por supuesto, en pleno año electoral, lo mandaron a la “cucha”, junto con unos 70 millones de pesos que son los que tuvo para obras este año. Muy poco para tanta necesidad.

Juicios cruzados, concursos, déficit, público, privado, público otra vez; y una enorme deuda social con los usuarios. La pregunta es… ¿Qué cambió en todos estos años?

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