Sin embargo, quedó imputada por el delito de "aborto sin consentimiento de la víctima", que tiene una pena de hasta diez años de prisión. La mujer se vio beneficiada por la excarcelación debido a que no tenía antecedentes penales. Pero el fiscal la acusó también de haber cometido un delito para obtener un lucro económico, ya que habría cobrado $600 por realizar la intervención clandestina.