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Un día antes de que el Jefe de Gabinete le comunicara su salida del Gobierno nacional, Romina Picolotti intentó darle una vuelta de tuerca a la ley de glaciares que había suscitado el rechazo de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Esta última jugada, que contemplaba lograr cierto consenso con los cambios o bien insistir con el proyecto conocido, resultó finalmente inútil.
El lunes, Picolotti se reunió con los Secretarios de Medio Ambiente de la provincia, entre ellos el de Mendoza, Guillermo Carmona, pero también algunos legisladores nacionales como Daniel Filmus, que habría recibido algunos aportes del destacado científico mendocino, Ricardo Villalba, para realizar las modificaciones necesarias a la ley.
Precisamente, Carmona explicó que “el veto está dentro de las posibilidades constitucionales, pero Mendoza viene manifestando una posición a favor de la protección de los glaciares”.
Esta reunión sirvió para realizar una serie de sugerencias. Entre ellas, avanzar en un convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente y el Ianigla para realizar un inventario de los glaciares en nuestra provincia.
Pero quizás la recomendación que haya hecho colmar el vaso en el gabinete de Cristina haya sido la de sugerir a los legisladores nacionales que insistan en el proyecto que fue oportunamente sancionado, si el comité de funcionarios, legisladores y científicos no llegaba a algún acuerdo para conformar una ley superadora. Para ello, habían puesto una fecha tope: el 1 de marzo.
¿Mendoza se distancia de la Nación?
Aún más, el Gobierno de Mendoza avanzaría con una ley provincial si, en un tiempo prudencial, no se ha logrado el consenso necesario respecto de la norma nacional sobre glaciares. En este orden, Mendoza tomaría cierta distancia del Gobierno nacional en materia de medio ambiente, a diferencia de otros ámbitos.
“Esta es la posición que hemos asumido en Mendoza”, sintetizó Carmona, y agregó que “se trataría de una política de preservación y protección de los glaciares, aunque si hay un aspecto puntual a partir del veto presidencial la vamos a considerar”.
Sobre el veto, Carmona no quiso explayarse demasiado al respecto, pero destacó como determinante la falta de consulta a algunas provincias y al Consejo Federal de Medio Ambiente para contemplar una ley. “No alcanzamos a debatir este tema antes de que fuera sancionado”, deslizó el funcionario de Celso Jaque.
Asimismo, dijo desconocer la presión del sector minero en torno al veto, aunque sí confirmó que desde la Secretaría de Minería de la Nación, junto a la Cancillería, habían presentado algunas objeciones al proyecto truncado.
Intereses en la cordillera
En ese mismo encuentro, también surgió una duda vinculada al paso fronterizo que se encuentra en San Juan y que indicaría, de algún modo, el conflicto de intereses suscitado entre las cuestiones medioambientales y el desarrollo de infraestructura para los proyectos mineros en la zona cordillerana.
En ese sentido, el vicegobernador de San Juan, José Rubén Uñac, preguntó si era factible realizar obras de infraestructura en el Paso Agua Negra, que une a la vecina provincia con la IV Región donde se ubican las ciudades de La Serena y Copiapó.
A esto, Carmona explicó a MDZ que “según la ley, no habría impedimento para realizar obras pero en la zona periglacial”, aunque también señaló desconocer si la vecina provincia tiene proyectos de pavimentación en ese paso internacional. “Este es uno de los aspectos que se pondrá a consideración”, agregó.
“En Mendoza no hay ningún proyecto minero que esté avanzando sobre áreas de glaciares y no autorizaremos ninguna actividad industrial en las mismas”, apuntó el titular de Medio Ambiente como para despejar dudas.
El último intento de Picolotti finalmente habría chocado con la negativa del Gobierno del que formaba parte hasta esta tarde. Quizás la posibilidad de sugerir la insistencia de la ley vetada por Cristina Fernández de Kirchner haya colmado la paciencia, aunque al decir de Guillermo Carmona, “se percibía un desgaste en la gestión”.
