La polémica Ley de Glaciares, vetada por la presidenta Cristina Kirchner, se convirtió en la
gota que colmó el vaso entre la relación del Gobierno nacional y la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.

Sucede que la ex funcionaria no previó que la iniciativa "se chocaba" con los intereses de distintas explotaciones mineras ubicadas en la zona cordillerana, algo que generalizó la queja de los dirigentes locales hacia la Casa Rosada.

Ante esta "contradicción", el Poder Ejecutivo vetó la norma y la regresó al Congreso con "observaciones en su totalidad", lo que contrastó fuertemente con la aprobación por unanimidad que la ley había obtenido en ambas Cámaras. En su momento se mencionó al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, como uno de los principales impulsores del veto. Esa medida provocó reacciones negativas en Mendoza.

Diputados le había dado curso a la norma en noviembre del año pasado, en tanto que el Senado la había aprobado el pasado 22 de octubre, sin ninguna disidencia.

Tras el veto presidencial -que llegó apenas unos días más tarde-, los legisladores oficialistas descargaron su bronca contra Picolotti, a quien acusaron por no haber previsto las
consecuencias finales de la medida.

"Esta ley hace que entren en contradicción las cuestiones ambientales y los proyectos de infraestructura que se desarrollan en la zona cordillerana", explicaron fuentes del Frente para la Victoria.

No obstante, admitieron que a toda la bancada kirchnerista, incluso a los legisladores representantes de las provincias en cuestión, "se les pasó" el alcance final de la iniciativa
parlamentaria.

La ley de Glaciares, que tras el veto perdió toda vigencia, establecía los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".