El veto de la presidenta Cristina de Kirchner a la ley que cuida los glaciares abrió una grieta incluso dentro del oficialismo.

"Insistiremos con la ley vigente como dicta la Constitución para que sea promulgada", le confirmó a Perfil.com el diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quien propondrá someterla a votación sobre tablas en la sesión de mañana.

"No hay interes superiores a la preservación de una fuente de un recurso natural tan preciado como el agua", agregó y sostuvo que "es un tema de enorme trascendencia nacional e internacional por lo que debe ser tratado con urgencia".

Aunque es improbable que esta iniciativa tenga quórum para ser discutida en el recinto mañana, la de Bonasso no es la única voz que se levanta contra la decisión de Cristina.

Fuentes parlamentarias indicaron a MDZ que tiene una posición similar a la de Bonasso el senador Daniel Filmus, que proviene del kirchnerismo. Filmus fue consultado en las últimas horas por este tema, ante lo cual habría señalado que también discrepa con la decisión de la Presidenta, y que no estaría dispuesto a apoyar el veto si este apunta a “cuestiones de fondo” de la ley. Filmus es presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta.

La ley de protección de los glaciares fue aprobada el 22 de octubre, pero Cristina la vetó la semana pasada. Dicha establecía presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua.

Las primeras críticas surgieron, precisamente, en Mendoza. “Es lamentable que (la presidenta) haya vetado esta ley”, señaló a MDZ, decepcionado, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villalba, uno de los científicos mendocinos que trabajó en la validación técnica del texto de la norma.

“Esa ley representa el trabajo de un grupo de gente comprometida con la protección de los glaciares”, explicó Villalba, quien lamentó que el gobierno nacional haya interpretado que se trataba de una ley antiminera.

En Buenos Aires, por estas horas, insisten en resaltar el lobby de provincias mineras para que el veto de Cristina se haya concretado. La fuerte presión de los gobernadores mineros influyó en el veto presidencial, sobre todo la presión de José Luis Gioja, mandatario de San Juan, en cuya provincia se desarrollan varios emprendimientos de este tipo. Así lo graficó a Perfil.com la diputada Susana García, de la Coalición Cívica.