18 de Noviembre de 2008 |19:50
Glaciares: La UCR pide rechazar el veto de Cristina a la ley que los preserva
Marcelo Ruiz /MDZ
 
Ernesto Sanz, presidente del bloque de senadores radicales.
 
El presidente del bloque de senadores nacionales de la UCR, Ernesto Sanz, presentó hoy un proyecto por el cual le pidió a la Cámara de Diputados que se insista en la sanción de ley que proteje a los glaciares como reservas hídricas y proveedores de agua. "En Mendoza, donde el agua es una fuente tan escasa, la protección de este recurso es vital", expresó el legislador.
por MDZ
El presidente del bloque de senadores nacionales de la UCR,  Ernesto Sanz, presentó hoy un proyecto  por el cual le pidió  a la Cámara de Diputados que se insista en la sanción de ley que fuera aprobada por unanimidad por ambas cámaras y posteriormente vetada por la presidenta, Cristina Fernández , la semana pasada, y que  preservaba a los glaciares como reservas  de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, para la población y el desarrollo de la agricultura.

"En Mendoza, donde el agua es una fuente tan escasa y a la vez tan preciada, la protección de este recurso es vital al ser aprovechada por la economía regional, el turismo y la generación eléctrica para el distrito”, señaló Sanz.

La  presidenta señala que “el proyecto de ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional”. Pero para el senador por Mendoza, la interpretación de Cristina Fernández  es errónea, “porque la finalidad del artículo 41 es proteger el derecho a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, no sólo para las actuales generaciones, sino también para las generaciones futuras. Esto además implica preservar las fuentes actuales y futuras de agua potable, protegiendo las actividades económicas sustentables y garantizando el desarrollo productivo de las provincias”.

Finalmente, “los presupuestos mínimos que este Congreso sanciona constituyen un piso mínimo obligatorio para las provincias, que puede restringir su derecho de dominio sobre los recursos naturales para asegurar un uso y una explotación racional de tales recursos. En tal sentido, consideramos que los presupuestos mínimos dictados en función del artículo 41 de la Constitución no deben entenderse como presupuestos ‘de mínima”, indicó Sanz.
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