Esta semana la Corte Suprema de la Nación dio un paso trascendental en el fortalecimiento de las bases democráticas de nuestro país. En una acordada histórica, el máximo tribunal habilitó la participación gremial de delegados y sindicatos sin el expreso consentimiento del gobierno a través del otorgamiento de la personería gremial.

Este mecanismo centralizado, no sólo permitía el exclusivo accionar de un gremio por rama o por empresa, sino también que validaba el manejo (también exclusivo) de los fondos de las obras sociales a esos mismos dirigentes y sindicatos. Obviamente, esto siempre fue una fuente de sospechas y denuncias de toda índole.

Asimismo, la norma ahora declarada inconstitucional permitía el enquistamiento de la dirigencia sindical a través de elecciones nunca del todo claras, que aseguraban durante décadas la permanencia de dirigentes públicamente cuestionados por su estilo de vida poco consecuente con los intereses de los trabajadores que dicen defender.

Muchas de estas cosas comienzan a derrumbarse, o en todo caso al menos a permitir la posibilidad de una alternativa que muestre a aquellos trabajadores que no están de acuerdo con estos métodos, una vía distinta para procurarse su defensa sindical a través de otras personas y otras estructuras. Y esto, en una democracia que hace de la libre elección –en todos sus órdenes- una constante, es un hecho más que saludable.

Porque además, los alcances de esta medida también tienen impacto político, sobre todo si se considera el peso histórico que han tenido las organizaciones sindicales en el devenir nacional. Especialmente ligadas a la estructura del Movimiento Nacional Justicialista y a su brazo político el Partido Justicialista, la Confederación General del Trabajo (CGT), organismo que debería responder por todos los trabajadores del país, ha participado activamente de la puja política como una extensión siempre funcional al peronismo.

El fallo, también impedirá de ahora en más, que el monopartidismo se siga adueñando de la representación gremial, permitiendo que la pluralidad política o partidaria, también pueda expresarse en el ámbito sindical. Y esto claramente es un avance democrático.

Sin embargo, los trabajadores no son los únicos beneficiarios. También lo es el mismo sistema institucional, pues esa potestad exclusiva del poder político de habilitar gremios, también podía transformarse en una herramienta para la proscripción y el silenciamiento de reclamos u organizaciones que no estuvieran de acuerdo con la ideología, la doctrina o las políticas del gobierno de turno. Esto es algo que de ahora en más no podrá suceder.

Por ello, consideramos que esta medida, que ha generado un fortísimo sacudón en la estructura tradicional del sindicalismo, que no quiere perder sus privilegios y prebendas, pero también una fuerte dosis de esperanza en todos aquellos gremios y dirigentes que como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) vienen luchando desde hace años por la libertad sindical en el país. Algo que a partir de este antecedente podrá ser posible.

A veinticinco años del retorno democrático debemos consolidar cada día más nuestras formas de expresión y participación. No hay dudas que el fallo de la Corte contribuye a romper estas corporaciones que como tales, generalmente han privilegiado sus intereses particulares a los del conjunto. Es necesario avanzar en el afianzamiento de valores y prácticas republicanas, alejadas del sectarismo y la imposición, en consonancia con lo que viene solicitando a nuestro país la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este nuevo modelo de libertad sindical hacia el que se quiere avanzar aparece como claramente superador de este otro que durante 60 años no ha hecho más que acumular vicios y alejar a los representados y sus reivindicaciones de sus representantes, constituyendo una elite gremial burocratizada, que poco ha aportado al gran debate nacional que el país necesita.

Es de esperar que esta nueva instancia suponga un cambio absoluto de todo aquello que hemos marcado como negativo para poder construir una más democrática, eficiente y efectiva actividad sindical, como la que todos los trabajadores argentinos se merecen.