La situación de la provincia de Mendoza en materia delictiva se ha vuelto insoportable y ya no hay espacio para más excusas: la sociedad en su conjunto reclama un compromiso claro en la materia.

El gobierno de la provincia se apresta a convocar a diversos sectores políticos, económicos y sociales a un “pacto por la seguridad”.

El acuerdo en marcha, representa su tercera estrategia en tan sólo ocho meses de gestión. Y tiene un elemento distintivo: es la “bala de oro”, la última de las opciones y, se puede decir, la más destacada y riesgosa.

La idea del “pacto social”, filosóficamente hablando, es la base del sistema democrático del gobierno. Acordar, distribuir tareas en la sociedad de acuerdo al rol que cada sector cumple es, ni más ni menos que la esencia de la vida en comunidad.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los principios básicos de cualquier pacto, acuerdo o alianza, con un fin de la importancia que se pretende y en el que está en riesgo la vida de las personas, son dos: la confianza y el liderazgo. Esto es, plantarse frente a la sociedad con la verdad en la mano, aunque duela, por más que resulte dolorosa a los propios oídos.

La confianza

Debemos tener en cuenta que lo que viene, surge desde un gobierno que desperdició su credibilidad al no cumplir con un compromiso que fue la principal propuesta electoral, aquella de bajar el delito un 30 por ciento en los primeros seis meses de gestión, al sumar a la estructura de  Seguridad  del gobierno a ex policías cuestionados por su actuación durante la última dictadura y al sostener dos ideologías contrapuestas en el seno de la gestión de esta problemática.

La confianza no se compra ni se pide prestada: se obtiene por mérito propio y, a todas luces, Celso Jaque y su equipo de gobierno necesitan aún recorrer un largo camino para recuperar niveles razonables de aceptación por parte de una sociedad que se siente defraudada y que se encuentra expectante, pero incrédula ante cada anuncio que se hace en esta materia.

El liderazgo

Muchos países lograron salir delante de situaciones de crisis luego de formalizar “pactos sociales”. También ha servido para superar la inseguridad y la violencia urbana, en casos como los de las principales ciudades de Colombia o Brasil, por citar sólo dos ejemplos de los que hemos hablado en MDZ en ediciones anteriores.

Siempre, con el apoyo de todos; pero nunca, sin el liderazgo del gobernante.

Aquí está el punto. Este pacto no nos servirá a los mendocinos si lo que se busca, mezquinamente, es disolver la responsabilidad de revertir la realidad violenta en una gran mesa de actores.

Nos servirá a todos, inclusive a quienes tienen delegado mediante el voto popular la responsabilidad de conducir los destinos de Mendoza, si se ejecuta un plan que contenga metas, objetivos, plazos, distribución de roles, disponibilidad de recursos y, centralmente, la fuerza necesaria que le debe otorgar la decisión de avanzar más allá de los escollos que tradicionalmente han frustrado este tipo de puntos de arranque.

Si es así, habrá que poner en la lista una cantidad de acciones cuya no realización o bien la demora en su implementación, han sido justificadas de diversas maneras: falta de recursos, mezquindades cruzadas, oposición desmedida de algunos, carencia de tiempos, ausencia de equipos y tantas otras excusas que nos condenaron al estancamiento y al atraso.

Nadie discute la necesidad de un pacto, ya no sólo pensando en la seguridad de las personas; es necesario formular un verdadero Pacto por Mendoza.