El mandatario señaló en su programa de radio y televisión "Aló presidente" que firmará la ley de nacionalización luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunciara respecto a la legislación que declara que la industria de transformación de hierro venezolano debe estar bajo control estatal.

"Mañana (por hoy lunes)  firmo la ley, la estuve revisando estos días, yo estoy estudiando lo que es la siderúrgica. Los precios del acero se han disparado en los últimos años. Venezuela tiene 500 años de reserva de hierra", señaló.

Chávez afirmó que el grupo que Techint, que tenía 10 años controlando la empresa, ganó 20 veces lo que pagó por Sidor.

"Yo les dije que si creen que yo soy pendejo. Se equivocaron, eso no vale 4.000 millones de dólares. Además, no pagaban impuestos, declaraban pérdidas pero repartían dividiendos y se lo llevaban todo al exterior. Ese es el capitalismo, que saquea a los pueblos, como aquí lo hicieron 100 años con el petróleo", dijo.

El presidente envió el decreto-ley al TSJ el 30 de abril pasado para que el máximo tribunal declarara su carácter de ley "orgánica", ya que debía tener el visto bueno legal.

Chávez no aclaró el monto con el que se arregló con Techint para concretar la nacionalización, luego que rechazara pagar 3.000 o 4.000 millones de dólares y en su lugar ofreciera 800 millones.

El gobierno dijo que luego de un análisis efectuado en las últimas semanas desde que se anunció la intención de nacionalizar a la principal acerera de la región andina se concluyó que su precio es de 800 millones de dólares.

El anuncio de la nacionalización de Ternium-Sidor, que fue privatizada en 1997, se hizo a finales de marzo debido a que un conflicto laboral que mantenían los trabajadores y la empresa no parecía tener solución en el corto plazo.

La privatización se realizó por sus continuas pérdidas de la acerera y se le adjudicó al consorcio Amazonía, con capital de Argentina, México, Brasil e Italia.

Ternium tenía el 60 por ciento de la siderúrgica, el Estado venezolano un 20 por ciento y el otro 20 por ciento está en manos de trabajadores y ex trabajadores con acciones "clase B".