Finalmente, y después de mucho tiempo de que los organismos de Derechos Humanos lo reclamaran, en Mendoza se efectuará el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad, pero el hecho de que sea el primero no es lo único que hace importante el caso sino que entre los acusados se encuentra Luciano Benjamín Menéndez.

La razón se debe a que en los últimos días el Juez Federal Walter Bento cerró la etapa de instrucción de la causa abriendo paso a la segunda etapa que permite que la Fiscalía y los abogados querellantes presenten sus acusaciones.

Entre los abogados querellantes se encuentra Alfredo Guevara, en representación de Javier Urondo y Pablo Salinas por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Justamente éste último se mostró esperanzado de que el juicio comience en “un mes y medio o dos meses”, aunque aún no tiene fecha confirmada.

El caso Urondo se constituyó desde hace un tiempo atrás como la punta de lanza de las causas por delitos de lesa humanidad en Mendoza ya que era el más avanzado. El poeta, que formaba parte de Montoneros, llegó a Mendoza trasladado por la agrupación, en mayo de 1976.

Un mes después de su llegada, Urondo se dirigía a una “cita envenenada” en un Renault 6, acompañado de Alicia Raboy; la hija de ambos, Angela Urondo, que tenía menos de un año y otra militante a la que apodaban “Turca”.

Sin embargo, cuando llegaron al lugar de la cita, Urondo observó que la persona con la que se iban a encontrar estaba a bordo de un Ford Falcon, con miembros de las fuerzas de seguridad que se encontraban aguardando a que llegara.

Frente a esto, Urondo intentó huir y en Dorrego, el poeta frenó el auto para que ambas mujeres escaparan del lugar. La “turca” escapó corriendo, en tanto que Alicia Ruboy ingresó a un corralón en donde depositó a su hija en brazos de un hombre antes de ser detenida por los miembros de la policía y del ejército que formaban parte del operativo.

En el caso de la bebé, Angela, la pequeña fue llevada por los miembros del operativo y apareció posteriormente en Casa Cuna. Fue Teresa Listingart, madre de Alicia quien la encontró en ese lugar.

Por la muerte de Urondo están acusados seis civiles y tres militares. Ellos son: el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, que se desempeñaba como comandante del III Cuerpo del Ejército; el coronel Tamer Yapur, segundo comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña; Orlando Dopazo, jefe de Inteligencia;  el comisario general y segundo jefe del D2, Juan Agustín Oyárzabal; el sargento Celustiano Lucero; Eduardo Smaha; Armando Fernández Miranda y el sargento Luis Rodríguez. Además también deberá sentarse en el banquillo el médico Raúl Corradi, acusado de encubrimiento.

Cuando Urondo y Raboy son atrapados la suerte de ambos ya estaba marcada. En el caso del primero, el poeta fue bajado del auto a “cachazos”, lo que le provocó la muerte debido a la ferocidad de los golpes. Sin embargo, una primera hipótesis señalaba en su momento que Urondo había ingerido una pastilla de cianuro para no tener que soportar las torturas a las que sería sometido. Asimismo, Corradi que se desempeñaba como médico en Sanidad Policial, afirmó que el cuerpo de Urondo presentaba heridas de bala. Pero ambas hipótesis fueron desechadas en la autopsia hecha por el médico forense, Roberto Bringuer quien declaró que no “no había herida de arma de fuego y que en la autopsia no surge en forma alguna que Urondo hubiera ingerido cianuro u otro veneno”.

En cambio, Bringuer determinó que el deceso de Urondo fue cuestión de minutos ya que presentaba “una importante hemorragia cerebral y hundimiento de cráneo” y determinó que la causa de ellos eran “los golpes recibidos”.

Luego de que lo asesinaran, el cuerpo de Urondo fue sepultado en una fosa común del cementerio de Capital y recién fue encontrado hace seis años.

Si bien, los abogados querellantes están de acuerdo con la forma en que el juez Bento ha establecido los hechos, no están de acuerdos con la calificación.

Salinas y Guevara sostienen que se trata de un “homicidio calificado, no homicidio simple como dice Bento, porque fue con el concurso de dos o más personas”.

Los dos abogados también difieren en el caso de Raboy con Bento, ya que la causa está calificada como “privación ilegítima de la libertad”, pero Raboy se encuentra desaparecida hace treinta años. En este caso, Salinas argumenta que la mujer fue secuestrada e “ingresada en los libros del D2” y que fue asesinada justamente para ocultar la privación.

Desde los organismos de Derechos Humanos, esperan que la causa Urondo se convierta en el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad que derive en condenas hacia los acusados, pero que al mismo tiempo acelere el resto de las causas que se encuentran en un estado de casi parálisis.