Cinco de los mayores bancos de Estados Unidos pagarán unos 26.000 millones de dólares al Gobierno para resolver las investigaciones de abusos cometidos por los prestamistas en el trámite de ejecuciones hipotecarias en años recientes, informaron hoy los medios de comunicación.

El diario The Wall Street Journal, que cita fuentes gubernamentales que no identifica, explicó que el arreglo culmina las pesquisas de un año del Gobierno Federal y los gobiernos estatales sobre la forma en que se han procesado millones de ejecuciones hipotecarias.

El pacto, según The Wall Street Journal y otros medios cubre a los bancos Ally Financial, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo.

En conjunto, las cinco instituciones administran los pagos del 55 % de todos los préstamos hipotecarios pendientes, esto es unos 27 millones de hipotecas.

Una de las prácticas abusivas más extendidas, según los investigadores gubernamentales, fue la de las "firmas robóticas": la asignación de empleados en los bancos para que estamparan rápidamente la firma sobre los trámites de ejecución sin el estudio debido de los expedientes.

La práctica, según los investigadores, fue común después que estalló la crisis del sector inmobiliario en 2007 y millones de compradores de viviendas se encontraron en dificultades para seguir pagando los préstamos que habían contraído.

Se compara, por su importancia, con el megapacto que se forjó con las tabaqueras hace 14 años para compensar a los fumadores. Ahora el enemigo es la banca. EE UU, tras un año largo de negociación en el que participaron los fiscales generales de los 50 estados, tiene ya un acuerdo con Ally Financial, Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase y Wells Fargo en el marco del escándalo de los embargos automáticos de vivienda.

El pacto se valora en unos 26.000 millones de dólares, de los que 5.000 millones son en concepto de multa, y beneficiará a unos dos millones de propietarios que perdieron o pueden perder su vivienda. La mayor parte de ese dinero se destinará a rebajar el principal de un millón de hipotecas morosas, para ajustarlas a la realidad del mercado y poder así reducir sus pagos mensuales. Y se compensará a unas 750.000 familias que perdieron sus casas por estas prácticas.

El escándalo tiene su origen en una táctica abusiva y considerada ilícita conocida como robo-signing. Los empleados de estas entidades, las mayores del país, dieron curso a miles y miles de procedimientos de embargo sin revisar la documentación ni la situación de los hipotecados, y sin darles tampoco la opción de renegociar las condiciones del préstamos.

Fuente: EFE y El País