"Me podrían contratar, si les hago falta", dijo con tono sonriente Alfredo Ponce ayer desde Chile. El comentario del experimentado fotoperiodista de MDZ era para Interpol. Ponce lo dijo a MDZ Radio luego de que, ayer por la tarde, logró detectar y captar con su lente a Otilio Roque Romano el ex camarista federal procesado por participar en 100 casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

El punto es que Romano camina tranquilamente por las calles chilenas, en este caso se lo ubicó cerca de Viña del Mar. ¿Por qué el ex juez deambula sin apuros cuando sobre él pesa un pedido de captura internacional? La pregunta se decantó entre los lectores de MDZ luego de ver la secuencia fotográfica donde el ex magistrado federal fue identificado saliendo de un lujoso edificio de Cochoa para tomarse un colectivo hacia Viña del Mar.

El asunto es complicado y desde los mismos Tribunales Federales que lo reclaman para juzgarlo señalaron que varios de sus integrantes ya se lo habían cruzado a Romano en las playas de Reñaca. Desde los ámbitos judiciales no quieren hacer olas y prefieren esperar el desarrollo de los trámites del pedido de captura, luego la solicitud de extradición y finalmente a resolución del pedido de asilo político que Romano hizo ante Chile.

"El tema es complejo y se mezcla la voluntad política, las razones judiciales y las leyes vigentes que se articulan entre los dos países", remarcó un magistrado federal conocedor de los detalles del caso Romano.

La verdad es que quienes acusan a Romano de haber cometido delitos imprescriptibles sostienen con base jurídica que el problema en realidad lo tiene el Estado chileno y fue el mismo ex camarista que embretó al país trasandino al presentar el pedido de asilo político que a la sazón su última carta para escapar a la justicia argentina.

El foco del problema, de acuerdo a la mirada de los que reclaman por Romano en Mendoza, es que los tratados internacionales que garantizan los derechos ciudadanos no contemplan el pedido de asilo político para quienes están procesados por violaciones a los derechos humanos. Aunque, aclaran, todo depende de lo que decida el Poder Ejecutivo chileno, es decir que esto está en manos de Sebastián Piñera que la semana próxima recibirá a su colega argentina Cristina Fernández.

Pero si luego del pedido de captura sobreviene la solicitud de extradición por parte de Argentina a Chile entonces este proceso está en manos del Poder Judicial del Estado trasandino. La particularidad es que ambos países se rigen por un tratado de extradición centenario donde no están contemplados ilícitos como los que se invocan para que Chile devuelva a Romano a la Argentina.

Cuestión de poderes (chilenos)

Más allá de estos detalles hay que advertir que, al mismo tiempo, pueden estar en proceso dos instancias que deben resolver dos poderes chilenos (el Ejecutivo y el Judicial) sobre un mismo personaje. La conclusión que hacen los abogados mendocinos es que el pedido de extradición sólo será resuelto cuando se conozca la respuesta al pedido de asilo de Romano.

El otro interrogante es: ¿Por qué la policía chilena no detiene a Romano si tiene pedido de captura internacional emitido por Interpol? Los mismos analistas que han estudiado este caso subrayan que la fuerza de seguridad trasandina no está obligada a cumplir con la advertencia de la organización internacional. Es más, remarcan que los códigos de alerta que emite Interpol en realidad son siempre “evaluados y ponderados” en Chile. Por lo que se ve, finalmente la acción de detención está sujeta a la definición de la fuerza de seguridad chilena que en realidad está sometida a las ordenes de los poderes, político y judicial trasandino.

Romano quiere ser para Piñera lo que Apablaza es para Cristina

Para colmo se "cruza" para el beneficio de Romano, el caso del ex guerrillero Galvarino Apablaza refugiado en Argentina. Chile reclama la extradición de Apablaza es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, y a pedido de la Justicia chilena, se extendió una orden de captura de la Interpol en su contra en junio de 2004.

En septiembre del 2010, la Corte Suprema argentina autorizó la extradición y señaló que la decisión final estaría en manos del Poder Ejecutivo. El 30 de septiembre de 2010, el Poder Ejecutivo decidió otorgarle a Apablaza el asilo político, por lo cual finalmente no fue extraditado.

En contrapartida, y observando el caso Apablaza, ahora el caso Romano no hay dudas que todo está sujeto a lo que defina Piñera y la Corte chilena. Romano, planificó bien su estrategia ya que en una hipotética detención del ex juez inmediatamente su abogado presentaría ante la justicia chilena el pedido de asilo y sería cuestión de horas para que el hombre recupere su libertad. Está claro que en Argentina sostienen que ambos casos no son similares, ni por los delitos imputados ni por las épocas y los regímenes gubernamentales en que se cometieron.

Pero esos mismos críticos de Romano admiten los dichos del embajador argentino en Chile. Ginés González García dijo que nuestro país estaba ejecutando todos las presentaciones pero que si Chile decidía asilar a el ex juez la Argentina no se opondrá ni hará ningún reclamo.

De todos modos dicen de este lado de la cordillera después de ver las fotos de MDZ realizadas por Alfredo Ponce que lo de Romano no debe ser del todo placentero más ahora que todos pudimos confirmar dónde está.