Nuestra Carta Magna provincial alumbró los destinos de la organización social, política e institucional de la Provincia, fue pensada para enfrentar los desafíos que se planteaban en los albores del siglo XX. Fue una Constitución de avanzada y ha desempeñado brillantemente su cometido, permitiéndonos a los mendocinos mostrar con orgullo un sistema político-institucional que se ha destacado en el conjunto de las provincias Argentinas. Hoy los desafíos que nos plantea el siglo XXI son distintos, los grandes cambios producidos durante el siglo pasado en los sistemas sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos, nos obligan a repensar la Mendoza del futuro y a modificar o incorporar algunas nuevas pautas constitutivas de la organización de la vida provincial,  a través de una reforma integral superadora de nuestra Constitución.  Esta reforma, no puede mirarse con el enfoque reduccionista y estéril de la reelección de cualquiera de los cargos públicos por los que, cada dos años, optamos los mendocinos.

Definir qué provincia queremos para los próximos cien años, requiere de una visión integral y sistémica, y va más allá de una reforma política, necesaria, pero por sí sola insuficiente.  La modernización del sistema de representación político-electoral debe ser parte de este proceso y  anterior al mismo, porque debe promover todas las acciones que colaboren con el fortalecimiento del sistema democrático y garanticen una mayor  participación ciudadana. Elecciones primarias, boleta única, voto electrónico, financiamiento de campañas políticas, modificación de distritos electorales, ballotaje en la elección de Gobernador; son algunas herramientas que amplían la base de participación y consolidan el sistema democrático. Además, en su gran mayoría, pueden ser hechas por ley, sin “tocar” la Constitución, con sólo reformar el Código Electoral o la Ley de Partidos Políticos provinciales, que han quedado atrás respecto a la ley Nacional 26.571 sancionada en el 2009, que modifica las leyes 23.298, 19.945 y 26.215. Existen para ello innumerables iniciativas legislativas que deben tratarse en la Legislatura provincial.

La Constitución Nacional reconoce como base del sistema a los partidos políticos y es indiscutible el rol de estos; pero también requieren de una revisión y modernización profunda, a partir de reformas de sus Cartas Orgánicas, que propicien una mayor participación de la ciudadanía y una renovación generacional, evitando el enquistamiento y la formación de burocracias partidarias.

A mi criterio, la necesaria reforma de nuestra Constitución Provincial debe gozar de la legitimidad del pueblo soberano. Para ello, debe garantizarse su participación y su aporte en los temas centrales que harán a la vida de los ciudadanos que habiten nuestro suelo. La mirada, deberá estar focalizada en los problemas que enfrentará la sociedad en estos nuevos tiempos, y deberá ser contemplada a la hora de plantear soluciones en nuestro sistema constitutivo de organización a futuro. Esto sólo se logrará si se perfeccionan los mecanismos de participación y la apertura del sistema político.

La realización de foros de discusión ampliados, donde se traten los temas realmente relevantes para los mendocinos, debe ser un mecanismo previo a una Asamblea Constituyente con legitimidad popular. Por ejemplo y para dejar mi posición sobre el tema en boga, por qué no plantear un período de seis años con revocatoria de mandato obligatoria al cuarto año, sin reelección sucesiva del Gobernador y vice, para garantizar el mejor esfuerzo en la gestión y la alternancia imprescindible en el ejercicio del poder. O ¿por qué no debatir temas muy bien tratados por nuestros constitucionalistas como la autonomía municipal? Al respecto la doctora Gabriela Ábalos plantea que “la provincia de Mendoza se encuentra en deuda con la reforma constitucional nacional de 1994 que le exige asegurar la autonomía municipal en el ámbito institucional, político, administrativo y económico-financiero. El gran desafío provincial del siglo XXI es hacer efectiva dicha autonomía sobre todo en lo institucional”. También, deberían discutirse temas que hacen a nuestro recurso hídrico, validando la autarquía que la Constitución le da al Departamento General de Irrigación, pero fortaleciendo los mecanismos de control, haciendo, por ejemplo, que sean los regantes los que elijan a los Consejeros de cauce en elecciones democráticas, para intentar evitar los desmanejos que terminaron con la renuncia del último Superintendente del agua.

Si lo que se quiere es ver a Mendoza inserta en un mundo globalizado, con la fortaleza institucional suficiente a fin de garantizar derechos que le permitan la optimización el uso de sus recursos productivos y de su capital humano, capaces estos de generar dinámica económica, de empleo y mejora de las condiciones sociales, pues bien, reformar la Constitución Provincial, encarar una Reforma Política y modernizar los Partidos Políticos son pasos complejos, pero ineludibles en el proceso de construcción de la Mendoza del siglo XXI, que deben ser abordados con seriedad y despojados de intereses circunstanciales.

La tarea no es sencilla y hoy, lo verdaderamente importante, es acordar a partir de un consenso amplio, qué se debe reformar y por qué.

Durante años, muchos proyectos han sido presentados para lograr modificaciones; salvo casos puntuales, no hemos sido capaces de enfrentar una reforma integral.  Como ciudadanos, estamos en deuda con nuestra provincia.

(+) Laura Montero es senadora nacional por Mendoza