El gobernador Francisco Pérez quiere despegarse de la polémica instalada en la provincia por la actividad minera. Pero le va a costar lograrlo. Luego de que Pérez asegurara que no piensa en desarrollar la minería en el corto plazo, los que salieron a cuestionarlo duramente son los empresarios mineros.

La cámara que nuclea a las empresas del sector emitió un duro comunicado en el que aseguran que Pérez no tiene autoridad para impedir la minería en Mendoza. "Ante las últimas declaraciones del Sr. Gobernador Francisco Pérez en relación a la actividad minera, la Cámara quiere expresar su honda preocupación por el desconocimiento del tema por parte del mandatario y sobre todo la gravedad institucional generada por actitudes contrarias a la legalidad", arranca el comunicado de CAMEM.

Los mineros aseguran que Pérez no tiene potestad en el tema. "Luego estas declaraciones sobre que no habrá minería en Mendoza por muchos años, refleja claramente arrogarse nuevamente otra atribución de funciones que no le corresponden y exceden a su investidura…, ya que la minería es una actividad lícita que goza del carácter de utilidad pública (artículo 13 del Código de Minería) por lo que los recursos mineros NO pertenecen al Poder Ejecutivo, a empresas privadas ni a funcionario alguno, sino a todo el pueblo de Mendoza", aseguran.

Además hicieron referencia al episodio que involucró a una ciudadana que terminó detenida por cuestionar a Pérez, asegurando que sus dichos configuran "un voluntarismo totalmente alejado de un servidor público que debe apegarse estrictamente a la ley., dañando su investidura de similar manera que la padecida por una militante antiminera recientemente".
Ahora van por más y prometen un escrache internacional contra el Gobernador. "Estas recientes declaraciones nos obliga también a hacer conocer a los distintos organismos internacionales de crédito e inversión que en la Provincia de Mendoza no existe seguridad jurídica para la radicación de inversiones por falta de apego a la ley y la discrecionalidad y oportunismo de quienes tienen la obligación de aplicarla", amenazan.

Aquí, el comunicado completo de los empresarios.
Ante las últimas declaraciones del Sr. Gobernador Francisco Pérez en relación a la actividad minera, la Cámara quiere expresar su honda preocupación por el desconocimiento del tema por parte del mandatario y sobre todo la gravedad institucional generada por actitudes contrarias a la legalidad.

Ya en Agosto de 2011 y como un simple ciudadano, el entonces Dr. Pérez obstaculizó el accionar de un Poder independiente del Estado, como lo es el Poder Legislativo, al ordenarle a “sus legisladores” que rechazaran un proyecto minero que contaba con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el Poder Ejecutivo con la firma del entonces Ministro Pérez, que más allá del apellido común resultó ser la misma persona.. Esta licencia ambiental se obtuvo luego de un largo proceso evaluativo en el que participaron no sólo técnicos y especialistas en el tema sino también la ciudadanía, sometiendo ahora a la Provincia a un serio litigio judicial de impredecibles resultados.

Luego estas declaraciones sobre que no habrá minería en Mendoza por muchos años, refleja claramente arrogarse nuevamente otra atribución de funciones que no le corresponden y exceden a su investidura, ya que la minería es una actividad lícita que goza del carácter de utilidad pública (artículo 13 del Código de Minería) por lo que los recursos mineros NO pertenecen al Poder Ejecutivo, a empresas privadas ni a funcionario alguno, sino a todo el pueblo de Mendoza, configurando sus desafortunadas afirmaciones un voluntarismo totalmente alejado de un servidor público que debe apegarse estrictamente a la ley., dañando su investidura de similar manera que la padecida por una militante antiminera recientemente.
Hacemos entonces votos para que el Gobernador reflexione sobre sus palabras y auspicie un debate profundo y técnico sobre la actividad  minera que exceda el maniqueísmo reinante y el  pobre y simplista contexto de slogans que no reflejan de modo alguno la realidad. Todo debate debe contar con las opiniones de todos los sectores involucrados y nunca un debate serio puede empezar con consignas que reflejan de antemano un enfático e irreflexivo NO.

Estas recientes declaraciones nos obliga también a hacer conocer a los distintos organismos internacionales de crédito e inversión que en la Provincia de Mendoza no existe seguridad jurídica para la radicación de inversiones por falta de apego a la ley y la discrecionalidad y oportunismo de quienes tienen la obligación de aplicarla.

Por encima de todo se está refiriendo con arrogancia  al trabajo mendocino como una cuestión puramente debatible, cuestionable  cuando como ciudadanos debemos ocuparnos y solidarizarnos en desarrollar la industria como base del crecimiento personal para un futuro mejor de nuestras futuras generaciones.