La nueva controversia pública sobre Malvinas tiene sin duda su origen en los graves problemas domésticos del primer ministro británico David Cameron, pero esta certeza no debiera ocultar otras dos: que nuestro país nunca estuvo más lejos de recuperar la soberanía de las Islas y aún de la posibilidad de compartir los beneficios económicos de la explotación de sus recursos naturales, básicamente el petróleo.

Nadie con sentido común puede negar estas dos afirmaciones. Las razones son múltiples y no es la de menor peso la compleja situación interna que enfrentan los gobernantes conservadores del Reino Unido. Pero la guerra de 1982 nos alejó casi definitivamente de conseguir algún tipo de acuerdo diplomático y no es cierto que el hecho de que Londres desoiga sistemáticamente las resoluciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas mejore nuestra situación relativa.

Esto no significa que el país deba dejar de reclamar en todos los foros internacionales, pero el mayor grado de coerción que puede ejercerse se relaciona con la suspensión de los vuelos al archipiélago, algo con lo que la propia presidente Cristina Kirchner amenazó en septiembre pasado.

Debe advertirse, sí, que con la cuestión de los barcos de bandera malvinense Gran Bretaña buscaba imponer otra situación de hecho, tan ilegal como la ocupación, que consistía en que fuera tolerada una anomalía, que buques con bandera de las Falklands fueran aceptados en puertos argentinos. La cuestión terminó siendo resuelta por Londres con rapidez: de aquí en más, los navíos que provengan de las Islas usarán la bandera británica, por lo que la solidaridad –forzada o legítima, según el caso– de Brasil, Uruguay y Chile, quedará como un antecedente valioso en el plano publicitario pero poco más. Como en otros conflictos, resalta aquí la cuestión de los intereses y la relación de fuerzas: ninguno de los países de la región pondría en riesgo su relación comercial con la Argentina por un planteo como el británico, como nadie les pediría que se inmolen por un contencioso cuya resolución tiene un carril, las negociaciones diplomáticas, y ningún plazo.

A todo esto, el descubrimiento de petróleo en la cuenca de Malvinas añade un factor que, no por previsible, tiene menos importancia. Después del conflicto del Atlántico sur, hemos dicho, la Argentina hipotecó gran parte del capital moral que había acumulado por décadas con sus consistentes reclamos de soberanía. Se acerca el día en que se confirmará la viabilidad económica de ese yacimiento, lo que ya está siendo anticipado por la decisión de la estadounidense Anadarko, que invertirá al menos 1.554 millones de dólares en Rockhopper, la compañía británica que explora en la cuenca malvinense. Cuando suceda, un entendimiento con Londres ya no tendrá el obstáculo formal, la chicana de los "intereses de los isleños" que esgrimen los británicos. Habrá miles de millones de dólares en juego.

El anuncio de Anadarko se produjo menos de una semana después de que el embajador argentino ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, presentara sus cartas credenciales ante la Casa Blanca. La prensa internacional le atribuye a Anadarko "fuertes vínculos" con el Pentágono. Rockhopper dice haber hallado una reserva de 700 millones de barriles de crudo al norte de Malvinas.

Las especulaciones no se han hecho esperar. En primer lugar, el anuncio de Anadarko se produjo apenas el Departamento de Estado opinó con respecto a la disputa anglo-argentina. "Reconocemos de facto la administración de la islas por parte de Gran Bretaña, pero no tomamos posición con respecto a la soberanía", indicó en un comunicado. "Este es un tema bilateral que necesita ser solucionado directamente por los gobiernos de Argentina y de Gran Bretaña", señaló Washington, que instó a las partes a "resolver sus diferencias mediante el diálogo a través de los canales diplomáticos".

El canciller Héctor Timerman se apuró a saludar desde Managua la posición de Estados Unidos en el diferendo entre Londres y Buenos Aires. "La administración de (l presidente Barack) Obama ha instado a Gran Bretaña y a la Argentina al diálogo para una resolución pacífica y ha dicho que no reconoce la soberanía británica sobre las Islas Malvinas", aseguró Timerman en una rueda de prensa conjunta con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en Managua. "Esa es una noticia que viene de Estados Unidos y que va a ser recibida con gran beneplácito por todo el pueblo latinoamericano, porque es un reconocimiento a una lucha que no sólo es de la Argentina, sino que es de todos los pueblos libres de América Latina", celebró el canciller, imbuido de un inédito espíritu latinoamericanista.

En rigor, Washington hizo dos cosas con su comunicado, y jamás fue tan lejos con la soberanía como ha pretendido Timerman: admitió el estatus de "administrador" de hecho que Londres desempeña en las islas, lo cual es una obviedad que igual fue bienvenida por su aliado histórico, y siguió la línea del derecho internacional que imponen las resoluciones de la ONU, que no reconocen a los isleños nada que opinar sobre la soberanía. El primer dato tiene consecuencias prácticas; el segundo, ninguna implicancia porque no es novedoso. La principal consecuencia práctica de admitir que el Reino Unido "administra" las Malvinas es el anuncio de inversión de Anadarko, una empresa estadounidense ligada a la red de contrataciones del Pentágono, situación que le abre un "paragüas" a Rockhopper –y en el futuro a otras compañías– para seguir explorando –y luego explotando–sin ninguna interferencia.

La cuestión de los barcos de origen malvinense, que ahora podrán abastecerse en puertos continentales llevando la bandera británica, encierra un "inconveniente": con tal de que no usen la inaceptable identificación naviera de las Falklands, se los recibirá con bandera del Reino Unido cuando la Argentina y los demás países del subcontinente no le reconocen a Londres posesión sobre el archipiélago austral.

Resulta difícil, en este contexto, presentar los últimos acontecimientos alrededor de Malvinas como logros de la política exterior argentina. El propio ex canciller Jorge Taiana advirtió que habría que armarse de "mucha paciencia" para llevar adelante este tema.

Ahora bien, desplegado el escenario, habrá que decir que está claro que es poco o casi nada lo que la diplomacia argentina puede hacer en este conflicto con las herramientas tradicionales. Sin atajos posibles, Londres no le deja al Gobierno argentino más camino que el reforzamiento de medidas de aislamiento como la que comentó la Presidente ante la Asamblea de la ONU en septiembre pasado. La principal herramienta sería la suspensión de los vuelos entre el continente y las Islas, lo que acentuaría aún más –si fuera posible– el rechazo de los isleños hacia la Argentina. Como ese "activo" es ya imposible de obtener, el Gobierno debería avanzar en esta línea aunque de antemano se sepa que Londres no enfrentaría ni siquiera con este método un costo impagable. En especial si lo que defiende ahora no es apenas la soberanía sobre las islas sino las inmensas riquezas que están debajo.

La Presidente advirtió ante la Asamblea General de la ONU que Argentina esperaría "un tiempo razonable más", pero que si Londres no se avenía a iniciar conversaciones sobre la soberanía de Malvinas, el país se iba a ver obligado a "revisar los entendimientos provisorios aún vigentes". En su advertencia, Cristina se refirió en particular a la "declaración conjunta y canje de notas del 14 de julio de 1999 cuando se dispuso la reanudación de un vuelo regular semanal" entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las islas Malvinas, con escala en Río Gallegos.

Se trataría del gesto más fuerte que podría hacer la Argentina, pero su impacto efectivo parece dudoso. Aún así, no es posible que la diplomacia argentina continúe en esta inercia que no conduce a nada.

*Director de gacetamercantil.com