Luego de un largo día de especulaciones y peleas, los diputados rechazaron la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge y mandaron al archivo el pedido del Poder Ejecutivo de darle vía libre a ese emprendimiento. Incluso el oficialismo pidió que se agregara que el rechazo es por completo al "proyecto completo" encarado por la minera canadiense Coro Mining. Cuando los legisladores levantaron la mano —la votación fue nominal—, la sala estuvo colmada por militantantes ambientalistas que festejaron la decisión.

Los radicales habían “apurado” al oficialismo pidiendo el tratamiento sobre tablas del tema. Y cuando parecía que la sesión se caía, el propio candidato a gobernador del PJ, Francisco Pérez, fue quien anunció que el oficialismo rechazaría el proyecto.

Por eso los legisladores trataron el tema y por unanimidad rechazaron la Declaración de Impacto ambiental de San Jorge, el proyecto minero que busca extraer cobre y oro de un yacimiento ubicado en Uspallata.

Bochazo y ensalada de frutas

De esa manera el proyecto minero queda anulado y para retomarlo la empresa debería comenzar el proceso desde cero y presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, pues la ley provincial 7722 pone como requisito para ejecutar un emprendimiento minero la aprobación legislativa de la DIA. Y con ese trámite rechazado, deberían iniciar un nuevo proceso siguiendo el decreto 820, que reglamenta las exigencias ambientales para la minería en la provincia (junto con la ley de ambiente).

El Poder Ejecutivo había aprobado  la Declaración de Impacto Ambiental, pero con una lista de más de 140 condicionantes para la ejecución del proyecto. Así llegó a la Legislatura. Al mismo tiempo, el rechazo de la comunidad creció: se notó en la audiencia pública y también en las manifestaciones conducidas por las asambleas defensoras del agua.

El debate en la Legislatura giró sobre reproches múltiples´, relacionados más con las internas políticas que con el tema de fondo. Y mientras los legisladores trataban de sacar réditos de sus "convicciones verdes", desde las gradas algunos militantes de las organizaciones ambientalistas festejaban por la decisión de bajarle el pulgar a San Jorge pidiendo que ningún partido se apropiara de ese logro. Los legisladores se calificaron como "sandías", porque "son verdes por fuera y rojos por dentro", apuntando a que se convirtieron en ecologistas por el contexto electoral. Otros se autobautizaron como "verdes completos". 

Los diputados le dieron la espalda a ese proyecto minero en el mismo espacio en el que el gobernador Celso Jaque pidió por su aprobación en distintas oportunidades. Para muchos, lo que ocurrió fue un Déjà vú: en plena campaña electoral los dirigentes "escucharon" los reclamos y le bajaron el pulgar a un proyecto minero. Durante la gestión de Julio Cobos ocurrió con la sanción de la ley 7722, que no estaba en mente de los dirigentes, pero terminó aprobándose por presión.

Si el proyecto San Jorge hubiera prosperado, prácticamente debía ser reformulado de nuevo. Es que luego del filtro de la CEIAM y la Secretaría de Minería, se agregaron condicionantes. Entre ellos la impermeabilización de los diques de colas y la zona de trabajo, más informes hídricos y otros más de 100 cuestionamientos. Los legisladores también pusieron sobre la mesa dudas sobre la solidez financiera de la empresa San Jorge.