El sostenimiento de precios considerablemente más bajos en la Argentina de servicios públicos, energía, transporte y combustibles a costa de fuertes inyecciones de gasto público y después de nueve años de fuerte crecimiento económico se está convirtiendo en un obstáculo cada vez más difícil de sortear y en la causa por la que hoy hay escasez por falta de inversión y más presiones inflacionarias. Así, lo que antes fue un acierto de política económica, que le permitió al país navegar con éxito la salida de la crisis, hoy se volvió un tumor cada vez más difícil de extirpar.

La política de subsidios en la Argentina se transformó en un gigante cuyo apetito ya representa el 12% del gasto público total del Estado, algo así como $70.000 millones por año que equivalen al 3,7% del PBI. Y alimentar al monstruo está diezmando el superávit comercial, comiéndose el saldo fiscal y generando mayores presiones inflacionarias por emisión monetaria y exceso de demanda.

Hija de la devaluación
La política de tarifas congeladas y subsidios por parte del Estado nació tras el estallido de la convertibilidad y la devaluación. En los primeros años post 2002, el congelamiento de tarifas primero y la compensación con subsidios después sirvieron como anclaje inflacionario. El tener la energía, el transporte público y los combustibles a precios congelados permitía mantener a raya los costos de producción de las empresas y darles cierto oxígeno a las familias que vieron cómo sus ingresos se devaluaron en términos de dólar.

Este anclaje de costos y salarios, sumado a una muy baja utilización de la capacidad instalada por parte de las empresas como consecuencia de una recesión que comenzó en 1998 y estalló recién en 2001-2002, hizo que el país empezara a crecer. Y que lo siguiera haciendo con los años a tasas cada vez más fuertes, aún a costa de más y más subsidios.

El transporte de colectivos cambió su esquema de subsidios y ahora se paga por kilómetro recorrido una tarifa que hasta los salarios de las empresas cubre.

Pero Argentina se enamoró de los subsidios y el efecto inicial que estos tenían sobre el consumo. Así se fue inflando la demanda sin que la oferta, desincentivada por los controles de precios, fuera acompañando la tendencia con más inversiones.

El globo se fue inflando y como los posibles pequeños y graduales ajustes nunca llegaron, la bola de los subsidios se fue haciendo cada vez más y más grande. A la vez, como las empresas recibían más y más subsidios, su ecuación económica fue cambiando y vieron cómo su negocio no estaba en invertir para crecer sino en recibir más y más subsidios del Estado. Así se llegó a absurdos como el transporte de colectivos donde el Estado paga por kilómetro recorrido sin importar cuántos pasajeros viajan o que en la boleta de electricidad sobre un consumo promedio residencial de un usuario T1R2 de $120 por mes, $80 son subsidios y sólo se pagan $50.

Es por esto que la demanda sigue creciendo. El consumo eléctrico ha aumentado considerablemente en la última década. En 2003 el punto máximo de demanda fue de 14.359 MW a nivel país. Desde entonces, la marca creció cada vez con mayor velocidad hasta alcanzar los 21.024 MW del pasado jueves, un nuevo récord histórico de consumo. Este aumento se paga con más importación y gasto público.

Campo minado
El país siguió ignorando las distorsiones. Los subsidios crecieron vertiginosamente (principalmente por el mayor costo que tiene importar a precios internacionales naftas, gasoil, gas y fueloil) hasta representar este año más de US$20.000 millones, superando los $80.000 millones, equivalente al 13% del gasto público total. En 2001, en medio de la crisis, la partida de subsidios económicos era del 1,73% del PBI, equivalente a casi el 5% del gasto total. De esta manera, la mitad del aumento del gasto público que se produjo a partir de 2001, cuando ¬pasó del 35,65% al 43,19% en 2009 del PBI, se debe al crecimiento de los subsidios de las tarifas y otras compensaciones. Una magnitud que contrasta con el monto del 0,6% del producto que se destina al costo fiscal de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza al 75% de los menores de edad pobres, según datos oficiales.

Una medida de la magnitud que hoy tiene el rubro energía y combustibles sobre el total importado por la Argentina (U$S2.885 millones, esto es un 108% más que los U$S1.390 millones de los primeros cinco meses de 2010) es observando el valor ingresado de combustible por cada dólar exportado. En los cinco primeros meses del año pasado, por cada dólar exportado de combustible, se importó U$S0,48, mientras que en el mismo periodo de este año, se importó U$S 1,11 por cada dólar exportado, pasando de ser exportadores netos de combustible a importadores netos, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Y es esta magnitud la que genera distorsiones y efectos no deseados.

Tres efectos negativos
1- Deterioro fiscal: alimentar una demanda cada vez más creciente de gas, electricidad, combustibles en un contexto de precios bajos compensados por subsidios del Estado tiene un fuerte correlato fiscal. El Estado tiene que gastar cada vez más recursos para financiar un consumo que no está focalizado sólo en los que más lo necesitan sino que se han vuelto universales al punto tal que una vivienda de clase media o alta paga el gas natural varias veces más barato que una familia humilde que sólo puede acceder a una garrafa. Por eso, parte de la política de subsidios explica en consecuencia la mayor presión fiscal, el creciente gasto público y la emisión monetaria que se produce al estar pagando deuda pública y financiando gastos del Estado con reservas del Banco Central y con recursos de la Seguridad Social (Anses). Todo esto alienta las presiones inflacionarias.

2- Se reduce el superávit comercial: incentivar la demanda muy por encima de lo que ocurre con la oferte de energía y combustibles está lesionando otro de los pilares fuerte de la Argentina de los últimos años: el superávit comercial. En los primeros cinco  meses del 2011 las exportaciones totales alcanzan los U$S32.100 millones, lo que marca un crecimiento del 24% en relación a igual período de 2010. Mientras que en igual período las importaciones alcanzaron los U$S27.332 millones, una suba del 39% en relación a los cinco primeros meses de 2010. Sólo la importación de combustibles y energía creció 108% en este período. Las mayores necesidades energéticas de la Argentina, sumada al incremento de precios internacionales del petróleo y derivados, hacen que cada vez el país deba gastar más dinero en importar naftas, gasoil, gas. Esto hace que la balanza comercial se deteriore.

3- Sin inversión y con demanda excesiva: el esquema actual de subsidios “desincentiva inversiones en energía” y, a la vez, “incentiva una demanda excesiva”. Esto deriva “en una insuficiencia del servicio, especialmente en electricidad y gas en determinadas épocas del año”. A esto se suma que las empresas de transporte o distribuidoras de gas y electricidad tienen tal dependencia de los subsidios que terminan siendo “semipúblicas”, destaca Marcelo Capello, del IERAL, el instituto dependiente de la Fundación Mediterránea, en una nota publicada por el diario Clarín. En este sentido, un informe del Equipo de Gestión Económica y Social (EGES) muestra que el mayor incentivo para las empresas ya no está en brindar mejor servicios a más pasajeros o usuarios, ya que reciben sus ganancias por los subsidios con independencia de a cuántos pasajeros transporten u hogares tengan conectados.

Pero el problema no es el diagnóstico sino cómo desactivar esta bomba de tiempo en una economía con alta inflación y deterioro fiscal. Ese es el debate pendiente y del que no se saldrá sin sacrificios.

Por Federico Manrique