El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una de las instituciones defensoras de los derechos humanos más importantes de Argentina y con una gran influencia en la Casa Rosada. Sus opiniones tienen mucho peso en el escenario político nacional, y ahora el organismo apuntó contra el subsecretario de Seguridad de Mendoza, Carlos Rico.

Ayer el Cels envió una carta al gobernador Celso Jaque, pidiendo la destitución de Rico.

Antes de la misiva de la institución presidida por el periodista Horacio Verbitsky, que mantiene una relación fuerte con el kirchnerismo, los organismos de derechos humanos en la provincia ya habían solicitado la renuncia de Rico ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. Y también encontraron una herramienta legal para denunciar penalmente por “asociación ilícita” al comisario retirado, quien durante la última dictadura militar participó en distintos grupos antisubversivos.

De esta manera, crece la presión para que el mandatario le pida la renuncia al comisario retirado que llegó al Ministerio de Seguridad de la mano de Juan Carlos Aguinaga.

A través de un comunicado difundido en su página web, el CELS consideró que Rico “carece de las condiciones éticas y profesionales exigibles para ocupar un cargo público en el Estado y, en mayor medida, cuando se trata de funciones vinculadas con la dirección de instituciones de seguridad”.

El documento agrega que para el CELS, la idoneidad para ejercer cargos públicos “es algo que la administración y el mismo funcionario deben acreditar. En este caso, no solo se omitió acreditarla, sino que la misma se encuentra refutada por la información obtenida”.

El objetivo del organismo no se limita a Rico. También reclamó la desvinculación del actual director de Logística del Ministerio de Seguridad, comisario inspector (R) Aníbal Fernando Gómez, quien formó parte del Departamento 2 (D2) de Inteligencia de la policía de Mendoza.

“En las instalaciones del D2 funcionó el centro clandestino de detención de mayor envergadura de la provincia durante la última dictadura militar”, asegura el comunicado del Cels.

Por otra parte, el CELS solicitó mediante una carta al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, que brinde información acerca del modo en que funcionó el Centro de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal y el período en que permaneció habilitado, así como los listados de funcionarios que recibieron cursos allí.

A la vez, se alertó al Coordinador del Programa Verdad y Justicia, Marcelo Saín, sobre la necesidad de determinar las posibles implicancias de estas designaciones para los procesos de investigación de delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en la provincia, así como los eventuales riesgos para las personas participantes en ellos.

La defensa oficial

El gobierno mendocino está entre la espada y la pared. Por un lado, el organismo defensor de los derechos humanos más kirchnerista de todos pidió la salida del cuestionado Rico. Pero por el otro, los jaquistas saben que si acceden a ese pedido, podría significar la renuncia de toda la plana mayor del Ministerio de Seguridad, con el ministro Aguinaga a la cabeza.

Por el momento, la decisión de la administración de Celso Jaque es defender a Rico. Con el gobernador regresando a la provincia desde Buenos Aires, el encargado de apoyar al subsecretario fue el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Marchena.

Según confirmó Marchena, Rico “se va a mantener en el cargo”. Por otra parte agregó que “si hay alguna denuncia, que investigue la justicia”, y pidió no darle “un trasfondo político a todo esto”.

Además el ministro dijo que no estaba al tanto de la carta enviada por el Cels ni de la denuncia penal que se presentará contra Rico. “Recién llego de Buenos Aires”, se excusó Marchena.