En los últimos días, ha recrudecido la pelea entre Aníbal Fernández y Elisa Carrió luego de que esta última acusara al jefe de Gabinete de ser el “responsable político” del narcotráfico vernáculo. No es la primera vez que Fernández enfrenta esas acusaciones y todo indica que tampoco será la última.

Baste recordar uno de los cables de Wikileaks que acusaba al “súper ministro” de estar relacionado con la venta de estupefacientes, dato que provocó severa incomodidad en el seno gubernamental.

Sin embargo, los medios no han reaccionado "periodísticamente" como ameritaba el asunto frente a las persistentes imputaciones recibidas por el jefe de ministros. Al menos no han profundizado en dos interrogantes que hoy se hace la sociedad: ¿Está Fernández relacionado con el tráfico de narcóticos? ¿Qué elementos existen para afirmarlo?


La primera

El primer indicio ocurrió en octubre 1994, cuando el hoy Jefe de Gabinete era intendente de Quilmes y la Policía bonaerense allanó Estadio Chico, un lugar donde operaba desde hacía tres años la Liga Federal, una agrupación que respondía a Fernández.

Allí, los uniformados encontraron medio kilo de cocaína de mediana pureza, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento. La mercadería estaba ordenada en pequeñas bolsas plásticas y tenían una etiqueta que indicaba el destinatario: bares y colegios secundarios de la zona.

La droga y la balanza fueron encontradas entre miles de boletas —de la reforma constitucional de la provincia—, por el “Si”, sobrantes de la consulta popular que se había realizado el 2 de octubre de ese año y que comandaba el entonces intendente quilmeño.


La segunda

Pasaron casi once años para que ocurriera el segundo hecho que pondría al hoy jefe de Gabinete bajo la lupa de la Justicia por supuestos vínculos con las drogas. Fue en mayo de 2005, cuando cuatro efectivos de la Policía Federal —entre ellos el tercer jefe de la Delegación Salta— fueron detenidos en Jujuy con 116 kilos de cocaína, luego de volcar la camioneta oficial en la que viajaban. La Policía Federal sostuvo que la droga que tenían los agentes había sido incautada durante un procedimiento realizado en la ciudad fronteriza de Salvador Maza y que los uniformados la estaban trasladando desde esa ciudad hasta la capital salteña. Pronto se supo que eso no era verdad y el juez federal jujeño Mariano Cardozo, ordenó detener a los policías hasta que todo se esclareciera.

Quien finalmente aclaró todo fue otro magistrado, Raúl Reynoso —de la localidad de Orán—, quien contó que él mismo había ordenado realizar peritajes sobre esa droga y solicitó a los uniformados que le enviaran el sumario con el cargamento de cocaína, lo cual nunca sucedió. En lugar de ello, la comisión policial partió desde Salvador Maza, en Salta, por la ruta 34 y, lejos de dirigirse a Orán, siguió viaje a través de la provincia de Jujuy, en dirección a la capital salteña. A partir de ese momento, funcionarios judiciales que intervinieron en la causa comenzaron a evaluar la posibilidad de que los policías estuvieran traficando esas drogas.

Los implicados directos fueron el cabo Javier Aguilera, el subcomisario Daniel Dionisio Ferreyra, el subinspector Dante Callave y el cabo primero Daniel Guzmán, quienes viajaban en el vehículo que volcó con los estupefacientes. A nivel superior, fueron relevados de sus cargos el jefe y subjefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, comisarios Carlos Díaz y Guillermo Osler, respectivamente.

En ese marco, sucedió lo inesperado: Aníbal Fernández envió al director de Delegaciones de la Policía Federal, comisario José Darío Mazzaferri para apoyar a los policías detenidos, lo cual fue interpretado por los jueces —junto a varios llamados del Ministro del Interior— como un "acto mafioso". Según consignó en esos días revista XXIII, habría habido presiones para que el juez de Orán "inventara un operativo para justificar el origen de la droga".

"Tengo la absoluta tranquilidad respecto al proceder de los efectivos", aseguró Mazzaferri en referencia al proceder de los uniformados que llevaban la droga. Días después, el 8 de junio, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal de Salta, Miguel Medina, acusado de entorpecer la labor judicial al manifestar públicamente que el secuestro ilegal de cocaína había sido "exitoso" y defender la labor de los efectivos que estaban detenidos.

Finalmente, a pesar de la cantidad de evidencia para avanzar contra los policías, el expediente fue archivado por la Justicia.


La tercera (¿es la vencida?)

Las supuestas relaciones entre Aníbal Fernández y las drogas aparecieron por última vez a fines de 2008, en el marco del triple crimen de General Rodríguez. Es que los vínculos del jefe de Gabinete con los principales sospechosos de ese hecho, lo pusieron en la mira, no solo de la sociedad, sino también de la Justicia.

Los cuatro principales imputados —los hermanos Schillaci y los hermanos Lanatta— no solamente operaban en la zona de Quilmes, territorio que siempre ha respondido a Fernández, sino que están imputados en diversos expedientes por venta de drogas.

Esos vínculos llevaron a que en diciembre de 2009 Coalición Cívica presentara un pedido de Juicio Político contra el súper ministro. Junto a la solicitud formal, fue presentado un “Informe preliminar sobre las vinculaciones políticas del crimen en el Shopping Unicenter, el Triple Crimen y el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos en el 2007”, firmado por Elisa Carrió y diputados nacionales, legisladores provinciales y porteños.

“Resulta imprescindible —sostiene el informe— que la Justicia investigue el tipo de relación existente entre funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y los hechos acontecidos. Es necesario que la hipótesis de investigación llegue hasta las más altas esferas, como es el caso del Ministro Aníbal Fernández”.

El Informe tiene ochenta y dos páginas y en sus conclusiones se asegura que: “…Aníbal Fernández, en sus diferentes responsabilidades públicas, tendría responsabilidades políticas y hay dos organismos sobre los cuales ha prestado especial atención en sus gestiones: el SEDRONAR y el RENAR.

Nos encontramos con las trabas que el Ministro Aníbal Fernandez ejerció sobre el Congreso de la Nación en oportunidad del tratamiento del Proyecto de Ley que penaliza el desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas y establecía sanciones a quienes ejercieran este tipo de comercio de manera ilegal. Conforme consta en la versión taquigráfica del Senado de la Nación, el entonces Ministro del Interior, mediante el envío de una Nota pretendió desalentar el tratamiento de la norma.
Tal es así que un Informe de la AGN sobre la SEDRONAR observa la ausencia de controles y de políticas públicas. Allí se informa y describe las maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la SEDRONAR en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias…”

En uno de los capítulos, titulado “Cuando todos los caminos conducen a Quilmes”, el informe sostiene: “Martín Lanatta, Ricardo M. Rodríguez, Ibar Esteban Perez Corradi, Jorge Adrián Cabrera, Eduardo Ariel Menchi, Andrés Meiszner, José Meiszner, Gladys Pérez, Sebastián Giancristóforo, Alejandro Giancristóforo "Cacho Rey”, Marcelo Mallo, Martín Magallanes, Osvaldo Becerra, alias "Dedo”, Sergio Villordo, tienen algunas cosas en común: Quilmes” Y continúa: “Andrés Meiszner, José Meiszner, Gladys Pérez, Sebastián Giancristóforo, Alejandro Giancristóforo "Cacho Rey”, Marcelo Mallo, Osvaldo Becerra, alias "Dedo”, Sergio Villordo y Martín Lanatta, además tendrían en común un pasado militante dentro del PJ quilmeño a las ordenes del hoy jefe de gabinete Aníbal Fernández.

Todos participarían, a su vez, por una u otra razón de vinculaciones con el fútbol, el poder y las acusaciones por negocios con drogas.”


Concluyendo

Más de uno podría sostener que lo antedicho no es prueba de que Aníbal Fernández esté  vinculado al mundo de la droga. Sin embargo, las coincidencias se multiplican y —como se dijo al comienzo de la presente—, hay sospechas que llegan hasta la embajada de Estados Unidos.

En realidad, la Justicia jamás profundizó ninguna investigación sobre el hoy jefe de Gabinete, aún cuando las denuncias han alcanzado la media docena. Siempre el temor de los jueces pudo más que su obligación de llegar a la verdad.

Uno de esos magistrados, que sobreseyó a quien escribe estas líneas hace unos meses en una querella iniciada por Aníbal Fernández, lo confesó en estricto off the record: “Usted no sabe Sanz la presión que tenemos que soportar a veces por parte del poder político”.

A confesión de parte, relevo de pruebas.