Una situación no planeada surgió ayer al caer la noche. El fiscal de Estado Joaquín de Rosas recibió un pedido del mismo Ejecutivo para que viajara a Buenos Aires ante la inminente salida al conflicto de la Promoción industrial. El funcionario no hizo caso a la invitación y condicionó su firma a estudiar el convenio que está en ciernes.

De hecho trascendió que algunos referentes de la oposición se comunicaron con él para confirmar el episodio que demuestra las gestiones que los funcionarios de Celso Jaque están realizando en Buenos Aires.

“Yo estoy en Mendoza y lo que haya sobre la Promoción lo quiero estudiar antes”, dijo lacónico De Rosas a sus interlocutores. Las señales del fiscal fueron directas a la idea de bajar la acción de inconstitucionalidad contra el decreto 699 que habilitaba el sistema de exención impositiva para los emprendimientos en las provincias vecinas a Mendoza.

De acuerdo a los comentarios que hicieron colaboradores de De Rosas, el funcionario que por facultad constitucional tiene autonomía, no está de acuerdo con dar su consentimiento a un arreglo extrajudicial. “Su idea es por ahora mantener la demanda ante la Corte de la Nación”, aseguraron fuentes cercanas al fiscal de Estado.

La realidad es que Jaque necesita de la firma de De Rosas si es que quiere bajar el planteo judicial ya que la presentación es compartida por el Asesor de Gobierno, César Mosso Gianinni y el mismo De Rosas.

Ante la alternativa de que la presidenta Cristina Fernández emita un nuevo decreto que derogue al 699 y de este modo desactive la demanda mendocina, los confidentes de De Rosas sostienen que el fiscal cree que no es tan fácil hacer caer la causa porque el cuestionamiento no es pecuniario sino más bien es conceptual. O sea, se pone en cuestión el sistema de la Promoción por ser perjudicial a la economía de Mendoza.

El punto es que Jaque se encontró con un escollo impensado. Mientras la euforia peronista lo envolvía durante el mediodía con la visita de Julio De Vido quien trajo nuevas promesas de obras públicas, los abogados oficiales mendocinos encabezados por el subsecretario Legal y Técnico, Fernando Simón se instalaron en Capital Federal para cerrar la redacción del acuerdo.

Se sabe que el contrato del refinanciamiento de la deuda pública con la Nación tiene una cláusula que establece un plazo de 90 días para cerrar cualquier conflicto judicial entre la provincia y la Nación y estas serían las tramitaciones que se hacen en Buenos Aires en medio de un halo de infructuoso misterio.