La amenaza de investigar a los funcionarios del gobierno de Julio Cobos como venganza por el rechazo a la habilitación de 10 millones para OSM, es una bomba de humo para tapar lo que ocurrió en el seno del oficialismo.

En ningún momento, el bloque legislativo que debía defender a cara de perro la propuesta enviada desde Casa de Gobierno ejerció algún tipo de presión para aprobar ese dinero. Ni lobby ni conversaciones privadas ni llamados telefónicos ni negociaciones de ningún tipo. Nada. Todo empezó y terminó en la reunión de comisiones.

Los legisladores del oficialismo estuvieron tan o más revolucionados que los partidos opositores con el aumento de la planilla de sueldos de OSM intervenida. Se escandalizaron con la suba de salarios a los cargos gerenciales y patalearon puertas hacia adentro.

En una de las reuniones, cuando sólo quedaron los legisladores y se vedó el ingreso a la prensa y al personal de la empresa, tiraron esa “calentura” sobre la mesa.

En medio de esa charla pseudoprivada, aclararon que no estaban para nada de acuerdo con el asunto de los 10 millones. Por dos motivos: porque gran parte de ese monto iba a ir a parar a los bolsillos de los gerentes y porque jamás fueron consultados por el Gobierno antes de tomar una medida semejante.

Aún así, y para evitar una crisis irreparable, acompañaron el proyecto impulsado por Celso Jaque. Pero sólo hasta ahí. Ya habían hecho el guiño al Frente Cívico para trabar lo que ellos, como oficialismo, no pudieron.