Debido a la crisis del gas, el senador radical Ernesto Sanz propuso declarar como “servicio público nacional” la compra de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para beneficiar a más de 16 millones de personas que carecen del servicio a domicilio. De estos, unos 640 mil usuarios se encuentran solamente en la región de Cuyo.

“Con este proyecto de ley, estamos igualando derechos para acceder a un servicio básico fundamental; y para que deje de haber ciudadanos de primera y de segunda en nuestro país, el Estado debe garantizar la provisión de garrafas. Los que hoy tienen gas natural en sus casas lo pagan cinco veces menos que los sectores más vulnerables, que peregrinan por conseguir una garrafa y a un precio mucho más alto que el servicio corriente”, destacó el también titular de la UCR na nivel nacional.

Sanz consideró que el acceso al GLP debe ser controlado por el Estado como nuevo servicio público a través de su incorporación al marco regulatorio establecido por la Ley 24.076, para los servicios de Gas Natural y Gas Natural Comprimido, implementado por el ENARGAS.

En la actualidad, de casi tres millones y medio de toneladas de producción anual de GLP en nuestro país, el 58,2% se exporta, el 5% se destina a la Petroquímica , un 11% se distribuye en otros destinos y sólo el 25% restante se destina a cubrir las necesidades de los usuarios residenciales de gas en garrafa.

“Con la declaración del concepto ‘servicio público’ pretendemos equiparar los derechos de los usuarios de gas natural a través de un régimen de derecho público que asegure su regularidad y continuidad en el tiempo”, finaliza Sanz.

Según el proyecto, los comercializadores de GLP deberán satisfacer toda demanda razonable de los servicios que prestan para la provisión de gas envasado, asegurando el suministro ininterrumpible del producto. Las garrafas contempladas por la propuesta parlamentaria son las de 10, 12, 15 y 45 kilos.