El Tribunal Federal Nº 2 de San Rafael, donde se juzga a cuatro ex represores, fue escenario de una de las revelaciones más esperadas por los familiares de desaparecidos. Un ex militar atestiguó que se dictaron cursos de tortura y amplió los métodos. Este tipo de testimonio es el primero que se escucha en el país en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad.

El protagonista de la jornada de este lunes fue el ex militar y actual policía Roberto Reyes. Frente a los jueces reconoció que en 1967 tomó un curso antiguerrilla en Tartagal, Salta. Pero ese curso distaba mucho de ser una metodología propia del estado de derecho, más bien eran técnicas tenebrosas.

Los asistentes al juicio se sorprendieron ante la “confesión” del ex militar. Dijo que para  aquella experiencia llegaron desde Estados Unidos 20 militares "rangers" para entregar a unos 200 pares argentinos.

El curso contaba con manuales y procedimientos para efectuar todo tipo de torturas a los detenidos. Estas técnicas tenían como fin —explicó Reyes— obtener información de las personas arrestadas para llevarlos hasta sus compañeros o militantes, y que las torturas eran tan fuertes que algunos pedirían que los maten, les explicaron los rangers a los argentinos.

Sin embargo, dijo el ex militar que los estadounidenses terminaron aprendiendo cómo maltratar a las personas, es decir, que nuestros connacionales eran más despiadados que los instructores del norte del continente.

Esos manuales contenían las técnicas de la picana, el submarino, a estaquear cuerpos, de qué manera había que cortarles los párpados a los detenidos, entre otros métodos de tortura, detalló Roberto Reyes. Agregó que ese curso participaron 200 integrantes del Ejército entre oficiales y suboficiales de todo el país.

Para el abogado querellante Pablo Salinas, “la confesión de Reyes demuestra que efectivamente hubo un plan sistemático de terrorismo de estado que se comenzó a preparar en los años sesenta para ponerse en marcha en los setenta”.

En este juicio son jugados Raúl Alberto Ruiz Soppe (era jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza); Aníbal Alberto Guevara (se desempeñaba como Teniente del Ejército); José Martín Mussere (enlace entre la Policía y los mandos militares); Juan Roberto Labarta (integrante del D2 en San Rafael); en tanto que el quinto acusado, Ruiz Pozo, quedó suspendido debido a que está internado por una enfermedad terminal.