La Federación Argentina de Lesbiana, Gays, Bisexuales y Trans repudia enérgicamente la propuesta del Gobernador de la Provincia de Mendoza, Celso Jaque, de crear “listados de objetores de conciencia” para aquellos que se nieguen a cumplir con la ley recién aprobada, evitando celebrar matrimonios para parejas de personas del mismo sexo.

“La objeción de conciencia no es admisible en el caso de esta ley. Por el contrario, las funcionarias y funcionarios que se nieguen a celebrar los matrimonios estarán incurriendo en incumplimiento y omisión de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y en un abierto acto de discriminación”, expresó María Rachid, Presidenta de la FALGBT.

Asimismo agregó que “el Estado debe garantizar el derecho de todas y todos a contraer Matrimonio. La Ley 26.618 – promulgada el día miércoles 21 de julio – es clara y precisa. Establece iguales requisitos, obligaciones y efectos para todas las parejas. La negativa a celebrar los matrimonios es un delito. ¿Podrán inscribirse en este registro que propone el Gobernador Jaque los funcionarios que deseen legitimiar el antisemitismo, el racismo y la discriminación y que no quieran casar a personas judías, afrodescendientes, con discapacidad o alguna otra de las características de las que suelen ser pretextos de discriminación?"

El Código Penal, en el artículo 248 (abuso de autoridad) y 249 (omisión de deberes) establece que "será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere" y que "será reprimido con multa de $750 a $12.500 e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare a hacer o retardara algún acto de su oficio".

Por su parte, Esteban Paulón, Secretario General de la FALGBT declaró “la propuesta del Gobernador Jaque es legitimar la discriminación. No protege el derecho de las parejas a contraer matrimonio, sino que encubre a los funcionarios que incurran en incumplimiento de sus deberes. Es como crear un listado de “discriminadores” y delincuentes legitimados desde su gobernación , situación imposible de soportar en nuestro país que con esta ley ha dado un claro mensaje de IGUALDAD”.

A la vez concluyó “la FALGBT va a promover acciones penales contra todos los funcionarios que argumenten la objeción de conciencia. Y en este caso nos preocupa la gravedad de la propuesta de legitimar esta práctica ilegal a partir de la creación de un listado, claramente inconstitucional e ilegítimo”.