El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza aceptó este martes el pedido de ampliación de la acusación contra cuatro de los cinco imputados que son juzgados actualmente en San Rafael por haber cometidos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Los jueces Roberto Burad, Roberto Nacif y Héctor Cortez dieron el visto bueno al planteo hecho por el fiscal Dante Vega. Y por lo tanto, solicitaron que Raúl Alberto Ruiz Soppe (era jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza), Aníbal Alberto Guevara (se desempeñaba como Teniente del Ejército); José Martín Mussere (enlace entre la Policía y los mandos militares) y Juan Roberto Labarta (integrante del D2 en San Rafael)  queden detenidos en la cárcel de San Rafael mientras continúe el debate, que durará aproximadamente tres meses más.

La imputación inicial, según la elevación a juicio, era por privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, se pidió que también se encuadren los hechos bajo la figura de “homicidio agravado por alevosía”.

Esta nueva calificación no lo alcanzó a Raúl Egea, que trabajó como abogado de la Policía de Mendoza y está imputado por participar en la falsificación de las actas de liberación apócrifas con que los represores simulaban haber dejado en libertad a las personas secuestradas.

En esta causa también están imputados Luciano Benjamín Menéndez (era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército) y Cristóbal Ruiz Pozo (médico policial). El primero está ausente porque lo están juzgando en Córdoba junto con Jorge Rafael Videla. En tanto, el juicio contra Ruiz Pozo quedó suspendido debido a que está internado por una enfermedad terminal.