La resolución 312 que emitió el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad –ENRE- sobre la línea eléctrica que abastecerá al proyecto minero Potasio Río Colorado, deja constancia de que el gobierno de Celso Jaque no puso objeciones a que esa conexión sea de jurisdicción nacional. Así contradijo al Ente Regulador Eléctrico de Mendoza – EPRE- que sugirió que la obra eléctrica sea provincial. 

Por ende, con esta posición Jaque tampoco se opuso a que los cánones privados correspondientes lleguen a las arcas nacionales, en lugar de ser embolsados por la Provincia.

“Los representantes del Ente Regulador Eléctrico de Mendoza (EPRE) y de las Autoridades provinciales no realizaron observaciones sobre la jurisdicción definida en la citada resolución. No se manifestó oposición ni formuló reserva de derechos sobre la competencia local”, expresa la resolución del organismo nacional.

Además, en mismo documento del ENRE se registra que la propia subsecretaria de Servicios Públicos de la provincia, Patricia Martínez, confirma la decisión política de ceder a la Nación los recursos vinculados a la explotación del servicio eléctrico en la minera. “Es obligación – no facultad - de la autoridad de aplicación del marco regulatorio eléctrico, en orden del desarrollo no solo de las interconexiones de transporte sino de todas las instalaciones de interconexión, aprobar y apoyar este proyecto; por lo que la provincia solicita al ENRE que se otorgue el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública”, son las palabras que se le atribuyen en el dictamen del organismo nacional a la subsecretaria Martínez.

La resolución 312 termina de abrir las puertas a una polémica de tipo político: mientras el gobernador pelea con la Nación por los efectos de la nueva promoción industrial, por otro lado ha cedido subsidios y regalías al Gobierno Nacional que podrían ingresar a las arcas de la provincia si la obra eléctrica para Potasio Río Colorado fuera de índole provincial. 

Pero esta historia comenzó el jueves, en la comisión de Obras del Senado, cuando las autoridades del EPRE manifestaron que el Gobierno no les dejó expresar que estaban en contra de que el tendido eléctrico fuera de jurisdicción nacional, en la audiencia pública por Potasio en marzo pasado.

Claramente los directivos del EPRE, con su presidenta María Eugenia Novatti (foto), como principal exponente, relataron a los legisladores que el Poder Ejecutivo siempre estuvo consciente de su posición. Es decir, que la línea eléctrica fuera de jurisdicción provincial y no nacional.

Esto permitiría que a las arcas del Estado le llegaran los cánones y subsidios correspondientes.

Por ello, cuando se les consultó por qué no habían participado de la audiencia pública que se realizó para discutir el proyecto minero situado en Malargüe, desde el organismo que controla el servicio eléctrico contestaron que la “orden” gubernamental había sido que no participaran y no dieran difusión a su opinión adversa.

Pero la confirmación de que el Poder Ejecutivo no quería obstáculos en su exposición en la audiencia pública se puede leer en la resolución 312 que emitió el ENRE. Allí queda claro que para el gobierno de Jaque “esta obra resulta importantísima dentro del plan estratégico Malargüe y dentro del Plan estratégico de desarrollo territorial de la provincia de Mendoza”, según declaraciones de Martínez en ese expediente.

Luego en esa resolución se puede leer que tampoco hay observaciones de la Provincia respecto de la jurisdicción de la obra eléctrica.

La resolución, entonces, deja claramente expresado que la Provincia no tiene jurisdicción sobre la línea eléctrica que abastecerá a Potasio. A lo que hay que agregar que un comunicado emitido por el ENRE para aclarar algunos puntos del asunto dice que “hasta el momento de la resolución (312) no se había recibido reclamo alguno del Gobierno de la Provincia ni del EPRE en orden a la cuestión jurisdiccional”. 

La particular mirada del ENRE sobre la operación de la conexión para Potasio 

En ese comunicado del ente nacional advierte un dato llamativo. "Si la jurisdicción sobre la obra fuese provincial. como erroneamente sostiene el EPRE, no sería ni la Provincia de Mendoza ni el EPRE quienes la operarían, sino EDEMSA, que al igual que DISTROCUYO SA, son las únicas empresas que cuentan con aptitud en la región para hacerla", advierte el ENRE en el comunicado que hizo circular el viernes 25.

Lo que el ENRE no contempla en su definición es que EDEMSA es concecionario de las redes eléctricas que son propiedad del Estado provincial y que la distribuidora mantiene y opera. Además hay otro detalle el mismo Gobierno de Mendoza impulsa una ley para crear la Empresa Mendocina de Energía (EMESA) que bien podría haberse convertido en la ejecutora de la obra eléctrica y hasta operarla en un futuro cercano.

Dado este panorama se nota el gran negocio millonario que hay en juego por la provisión de energía al proyecto minero. Se evidencia una avanzada nacional a través del ENRE y una complacencia provicial para que eso ocurra. Además se observa un antecedente que puede cambiar el mapa eléctrico provincial dado que otros proyectos fabriles podrían requerir la electricidad directamente a la Nación colocando sus emprendimientos cerca de una conexión eléctrica de gran envergadura que sea operada por DISTROCUYO.

Citan  al fiscal de Estado 

Luego de la reunión del jueves, desde la comisión de Obras, el senador radical Daniel Vilches, manifestó a MDZ que “alguien miente en esta historia”.

Por eso, el legislador, adelantó que se citará al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas (foto abajo), para que explique qué ha hecho y qué piensa hacer sobre este tema.

La intervención del fiscal se da porque, según confirmó María Eugenia Novatti, Fiscalía estaba al tanto de esta situación, porque desde el EPRE siempre se le informó a través de notas y expedientes.

El legislador expresó que en el Senado se recibió días atrás al ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, quien manifestó que el EPRE "no había comunicado su posición frente al tema. Pero luego la visita de los directores del ente derribó esta teoría, por lo que alguien miente”.

La citación para que el fiscal se presente en la Legislatura se hará la semana próxima y tiene como objetivo “aclarar” cómo han sido las idas y vueltas entre el organismo de contralor y el Ejecutivo, ya que Fiscalía estaría al tanto de esto desde principios de año.

Carta abierta del Frente Cívico al Gobernador

En medio del escándalo entre el EPRE y el Gobierno, el viernes, los diputados del Frente Cívico llegaron hasta la Casa de Gobierno, para dejarle al gobernador, Celso Jaque, una carta de repudio sobre las declaraciones que el mandatario hizo sobre la postergación en la Legislatura del acta acuerdo, firmado entre el Ejecutivo y la empresa Vale, por Potasio.

Los legisladores consideraron desacertadas sus apreciaciones sobre el accionar legislativo, al decir que trabajan con “mezquindad política”, “confundimos a la gente” y “mezclamos peras con bananas”.

Pero también dejaron en claro que no acompañarán el acta mientras el oficialismo no considere revisar algunos puntos del mismo. En este aspecto resaltaron dudas con respecto a la jurisdicción de la línea eléctrica; a la lista con las obras que deben hacerse por 12 millones de dólares –que aún no ha sido comunicada- y al “compre mendocino”, del cual consideraron que “sólo es una expresión de deseo”.

Por esto, “ante la falta de claridad en los términos acordados entre las partes, extiende un manto de dudas sobre la actividad económica minera, que necesita transparencia para poder contar con el aval social y político de la provincia de Mendoza”, dice la misiva.

Y agrega: “En este sentido, le solicitamos que convoque a todos los actores involucrados en este tema a sentarnos a una misma mesa con el fin de elaborar una nueva Acta Compromiso que garantice y resguarde los intereses de todo el pueblo mendocino”.