Desde el Ente Regulador Eléctrico, denunciaron hoy que el gobernador, Celso Jaque, no les permitió participar de la audiencia pública por Potasio Río Colorado, porque la orden era “apoyar y respaldar” que la línea eléctrica con la que se va a suministrar al emprendimiento sea de jurisdicción nacional y no provincial, como reclama el organismo de contralor.

Según manifestaron desde el directorio del Epre, recibieron -antes de realizarse la audiencia que se hizo en marzo de este año- una orden por escrito firmada por el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, que expresaba: “Es instrucción del gobernador no oponerse en la audiencia pública porque hay que apoyar y aprobar” el proyecto minero.    

Ante esta “instrucción” es que, si bien no se presentaron, porque consideraron que “las cuestiones políticas no nos competen”, enviaron al Ente Regulador Nacional Eléctrico una nota en la que manifestaban que no irían a la audiencia, aunque no por ello estarían de acuerdo con lo que allí se manifestara.

En efecto, el EPRE está a favor de que la línea eléctrica sea provincial, porque si así fuera, recibiría los cánones y subsidios de la Nación. Tal como están las cosas, no les corresponde recibirlos.

La caja de Pandora la abrió un senador justicialista, Miguel Serralta, quien, en su afán por defender el acta acuerdo realizado entre el Gobierno y la firma brasileña, les reprochó la ausencia a la audiencia, "si tenían tantas objeciones con la línea eléctrica".

La respuesta dejó sorprendidos a los legisladores de la oposición, que se enteraron de la interna que hoy vive el EPRE con el Ejecutivo.

Si bien, desde el organismo no entraron en detalles, fuentes señalaron que no hay una buena “relación política” entre ambos sectores y que la situación se traslada al organismo de contralor.

El director de Asuntos Institucionales, Hugo Matiello y la presidenta del Directorio, María Eugenia Novatti (ambos en la foto), fueron los encargados de explicar la postura del EPRE. Acerca de la línea eléctrica que usará Potasio para abastecerse de energía, aclararon que siempre se “comunicaron” con el ministro de Infraestructura. No obstante, el ministro no tuvo en cuenta sus recomendaciones.

Jurisdicción nacional o provincial 

La visita del EPRE a la comisión de Obras y Servicios Públicos tuvo como fin aclararles a los senadores cuál era la postura del organismo frente a la línea eléctrica que abastecerá de energía al emprendimiento minero de sales de potasio que está en Malargüe.

Por esto, es que la objeción principal se centró en la jurisdicción de la línea, que es nacional y no provincial. Así sucede, porque el Ente Regulador Eléctrico Nacional, a través de la resolución 312, determinó que los 110 kilómetros, que se tienen que hacer de tendido eléctrico desde Potasio hasta llegar a Comahue Cuyo, son de jurisdicción de la Nación.

Además de ser jurisdicción nacional, el ENRE fijó que, tal como pidió Potasio, sea DistroCuyo el  que opere y mantenga la línea por los próximos 90 años.

Sobre esto, es que el EPRE se opone, ya que considera que es la Provincia la que debe operar y mantener la línea.

A esto se suma que Potasio, por los primeros seis años, ha solicitado utilizar el 100 por ciento de la electricidad que obtenga de la línea por hacerse, pero luego habrá un excedente que DistroCuyo será el encargo de distribuir. En este punto, es que el Epre puso su principal objeción, porque consideró que, si la provincia fuera la dueña de la línea, podría abastecer a la región que hoy carece de electricidad.

“No queremos polemizar, sino ver lo que es mejor para la provincia”, subrayó Matiello. El funcionario aseguró que, si la provincia quisiera, podría solucionar este problema a través de un acuerdo de concesión con DistroCuyo o, en el mejor de los casos, un contrato donde la provincia sea socia en todos los procedimientos sobre la línea.

Pedido de informe a Fiscalía de Estado

Si bien los legisladores presentes en la reunión se mostraron a favor del proyecto minero que extraerá por los próximos 50 años sales de potasio de suelo malargüino, hicieron evidente su preocupación al enterarse de que Mendoza dejó escapar la posibilidad de tener bajo su órbita la línea que dará energía a Potasio.

Por esto, la senadora del ARI, Alejandra Naman (foto), manifestó que esto debe resolverse en Fiscalía. Así las cosas, remarcó que presentó un pedido de informe para que Joaquín de Rosas, explique qué es lo que ha hecho al respecto con este tema, ya que, según aclaró la presidenta del Epre, el fiscal ya cuenta con toda la información sobre la línea, porque ellos mismos se la suministraron.

Sobre el punto anterior, es que la legisladora dijo que es de vital importancia la postura de De Rosas, porque aún falta que la secretaría de Ambiente le dé a Vale la aprobación de Impacto Ambiental sobre la obra eléctrica que le costará a la firma 60 millones de dólares.

Con la información recolectada, y con la sensación de que el gobierno no negoció a favor de la provincia, los senadores de la oposición consideraron que el acta acuerdo que debe ser refrendado en la Legislatura “no es bueno”. 

Sin embargo, a su vez, aclararon que aunque no se apruebe el convenio igual la empresa brasileña seguirá operando en el lugar, porque ya cuenta con los permisos de factibilidad. No obstante, rescataron que todavía hay tiempo para que el gobierno demuestre “voluntad política” en resolver la problemática de jurisdicción de la línea eléctrica.