El bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical anunció que si la Legislatura aprueba este miércoles el convenio firmado entre el gobierno de la provincia y la minera Vale por el proyecto Potasio-Río Colorado, se reservará el derecho de actuar política y judicialmente.

Esto significa que, según explicó el presidente del bloque, Alejandro Molero, se baraja la posibilidad de denunciar penalmente a los mentores del proyecto y de hacer un pedido de juicio político contra el gobernador Celso Jaque por entender que concretó acuerdos con una empresa privada en detrimento de los intereses mendocinos.

La decisión fue tomada luego de una reunión de la bancada este martes, en la que quedó claro que antes de la votación informarán cuál será la postura que adoptará el radicalismo si el gobierno logra su objetivo. Sin embargo, todavía no se sabe si el ConFe se prenderá a esta movida.

Bien temprano, y antes de que comience la sesión, los cobistas se reunirán con los diputados justicialistas díscolos que también se oponen al proyecto para ver si adhieren a la idea radical o plantean un nuevo proyecto de acuerdo que modifique el actual, aclaró Alexandre Maza.

El planteo más importante que hace la UCR tiene que ver con la construcción de un tendido eléctrico de 120 kilómetros que se conectará a la línea Comahue-Cuyo y que, principalmente, servirá para abastecer de electricidad a la empresa minera durante su operatoria y cuyo costo rondará los 60 millones de dólares.

Se trata de una obra que, en teoría, debería pasar a estar en la jurisdicción provincial y controlada por el EPRE. Sin embargo, la idea del gobierno es pasar esa nueva conexión a la Nación.

A eso, se agrega la falta de detalle sobre cuáles serán las obras incluidas en el acuerdo con la minera; un acuerdo que busca originalmente dejarle a la provincia un rédito económico mayor al que recibirá sólo en concepto de regalías mineras.

La cuestión pasa por saber si las obras contempladas beneficiarán a –en este caso- a Malargüe o sólo se trata de un maquillaje para dejar bien parada a la empresa frente a las inversiones que sí o sí debe realizar.

Lo mismo ocurre con el concepto “compre mendocino” y con la idea de que la mayoría de los puestos sean cubiertos por gente de la provincia. El acuerdo habla de voluntad, pero no muestra ninguna exigencia particular ni un sistema de multas en caso de no cumplir con lo pactado.