Técnicamente, se trata de “una acción declarativa de inconstitucionalidad acompañada por una medida cautelar”. En la práctica, es un amparo calificado por sus ideólogos como “durísimo” y que enfrentará definitivamente a Celso Jaque con el Ejecutivo Nacional. La medida judicial que presentarán este miércoles Joaquín de Rosas (fiscal de Estado en ejercicio) y el asesor de gobierno César Mosso Gianini buscará pegar en la línea de flotación de las atribuciones que Cristina Fernández de Kirchner tiene como presidenta.

Será en la Corte Suprema de Justicia, y se convertirá en la gran apuesta histórica para frenar el régimen de promoción industrial que beneficia al resto de las provincias de la región en detrimento de la economía mendocina.

La acción de amparo cuenta de cinco puntos clave, que fueron delineados luego de una fuerte discusión a partir de diferentes posturas esgrimidas dentro del gobierno provincial.

Una vez que se decidió llevar adelante esta medida, pudo vislumbrarse dos grupos claramente diferenciados: un ala dura y un ala blanda; esta última, temerosa de las reprimendas que el kirchnerismo puede poner en práctica contra el PJ por judicializar el reclamo.

Sin embargo, se impusieron aquellos que decidieron “ir por todo”, envalentonados por la unidad política -más allá de los colores partidarios- que se evidenció por estas horas y, en parte, por la provocación que llegó desde San Juan con las declaraciones del gobernador José Luis Gioja y de su hermano, el diputado nacional Juan Carlos Gioja. En el proyecto trabajaron los abogados de Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno y de la Subsecretaría Legal y Técnica, para finalmente darle forma a la presentación.

El punto uno tiene que ver con un pedido de inconstitucionalidad del decreto que prorroga la promoción industrial para las provincias de Cuyo y excluye a Mendoza de los beneficios impositivos. Además, se solicitará una medida de “no innovar” para evitar que el decreto presidencial se ponga en práctica hasta que no se resuelva el tema de fondo.

¿Cuál es el fondo de la cuestión? Este es el punto dos y el más importante. El gobierno de Mendoza decidió cuestionar el alcance de las facultades delegadas a la Presidencia de la Nación en el marco de la emergencia económica. La idea es clara: ni Cristina Fernández ni quien se siente oportunamente en el Sillón de Rivadavia podrán apelar a este argumento para firman un decreto que se base en la discrecionalidad y la arbitrariedad de las decisiones. Precisamente, de esto se trata el tercer punto.

Para los representantes legales mendocinos, no existe ningún parámetro que pueda justificar en la actualidad que, por ejemplo, San Juan o San Luis sean beneficiados con una serie de exenciones impositivas para lograr la radicación de nuevas empresas. Las precisiones, según la redacción de la norma, se refieren a la situación de La Rioja y se hacen extensibles hacia las otras provincias, cuya realidad económica es diferente.

De paso, se busca discutir sobre los perjuicios que la promoción industrial trae para el resto de las provincias. Las ventajas impositivas están relacionadas con impuestos nacionales como el IVA y Ganancias, que son coparticipables. Y si no hay recaudación, tampoco habrá redistribución.

Por último, se hará hincapié en la “doctrina de los actos propios”. Esto significa que, para el gobierno de Mendoza, desde el momento en que la Nación prometió llevar adelante el proyecto de Portezuelo de Viento, hubo un reconocimiento del deterioro sufrido por la provincia por estar en desigualdad de condiciones para competir con el resto de la región. La megaobra inconclusa tenía como objetivo, en teoría, compensar a los mendocinos por haber sido discriminados por la Casa Rosada.