Dando un giro de 180 grados con respecto a su misma posición en 2009, esta vez el Gobierno decidió negarse por escrito a difundir sus gastos en publicidad oficial.

De manera insólita, la respuesta oficial al pedido formulado por la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles alegó que esa información involucra "datos personales" y por lo tanto queda exceptuada del decreto 1172 que le garantiza a la ciudadanía el acceso a la información pública.

Según informó hoy el diario La Nación, la negativa –que lleva la rúbrica del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández-  “llega justo cuando crecen los interrogantes sobre cómo se financian las millonarias transmisiones del fútbol que el Gobierno maneja”.

La nota oficial, a la que tuvo acceso el diario porteño, tiene fecha de 19 de enero, pero recién se conoció ahora, después de que las ONG´s insistieran sin éxito en su reclamo ante la Casa Rosada. Sorprendidas por la negativa, la ADC acaba de presentar un recurso de amparo para lograr la información que el Gobierno le negó y Poder Ciudadano continuará el reclamo por vía administrativa. A raíz de ello, La Nación intentó comunicarse con Aníbal Fernández para conocer el cambio de política, pero sus voceros respondieron que no podían localizarlo y pidieron remitirse a la contestación que había dado el funcionario por escrito.

En un pedido que renuevan todos los años desde 2004, ambas organizaciones habían reclamado información sobre los gastos totales en publicidad oficial en el segundo semestre de 2009, discriminados por organismo (cuántos gastó cada ministerio u organismo oficial), por rubro (televisión, cable, gráfica, radio y vía pública) y por empresa (en qué medios puntuales se pautó).

El pedido también incluía el detalle de en qué campañas oficiales se invirtió el dinero. Pero, a diferencia de los años anteriores, esta vez los datos no llegaron.

"La información solicitada refiere a personas de existencia ideal", dice la nota que Fernández dirigió a ambas ONG, en la que concluye que cabe aplicar la ley Nº 25.326 de protección de datos personales.

En escuetas 12 líneas, Fernández argumenta: "Los datos personales sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario, previo consentimiento del titular de los datos".

En Poder Ciudadano y en la ADC rechazaron los argumentos del funcionario y le respondieron en una nota que su postura "fija estándares de transparencia inadmisibles para un Estado democrático", y que afecta los preceptos del decreto 1172 de acceso a la información pública.