Abogados defensores de personas acusadas de formar parte del aparato represivo durante la última dictadura militar, pidieron a la Cámara Federal de Mendoza que se arreste y se multe a los abogados mendocinos que forman parte del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) y que son quienes patrocinan las causas contra represores en nuestra provincia.

Uno de los denunciantes es Eduardo Emeterio, quien entre sus clientes tiene a Luciano Benjamín Menéndez. Casualmente, hizo su presentación en el mismo tribunal que fue cuestionado por el grupo de letrados del MEDH, por las sospechas concretas que existen sobre la complicidad que existió por parte de algunos jueces de los secuestros, torturas y homicidios que se llevaron a cabo entre 1976 y 1983.

Se cree que tanto Otilio Romano como Luis Francisco Miret (actuales camaristas federales) sabían perfectamente cómo era el accionar de las Fuerzas Armadas durante la represión. Y a pesar de haber sido jueces en esa época, no sólo no levantaron la voz para frenar con el terrorismo de Estados, sino que todo indica que asintieron esta práctica.

La presentación contra los abogados Diego Lavado, Pablo Salinas, Alfredo Guevara y Viviana Beigel tiene que ver con la denuncia hecha por ellos. Los representantes de los represores aseguraron que, con el pedido de destitución o remoción de los camaristas, lo único que se ha logrado hasta el momento es dilatar la realización de los juicios orales.

Sin embargo, la constante postergación de los juicios por la verdad en Mendoza tiene que ver con el accionar judicial federal en la provincia. Los abogados de MEDH quieren garantizar el debido proceso, ya que han existido muestras importantes de simpatía entre diferentes representantes de los tribunales federales locales y la dictadura militar.

El caso testigo fue la renuncia del presidente de la Cámara Federal, Carlos Pereyra González, luego de que un juicio realizado en San Luis se sacó una compulsa para investigar su actuación durante los años de plomo. Además, en varios pasajes de los expedientes por casos de desaparición de personas, se hace referenci al “Proceso de Reorganización Nacional”, figura con que las Fuerzas Armadas llamaron a la dictadura.