El silencioso esfuerzo que hicieron los legisladores mendocinos para autoasignarse una jubilación de privilegio quedaría en la nada. Es que, según este diario pudo confirmar con fuentes de ANSES, no existe ninguna posibilidad de que la ley aprobada por la Legislatura provincial, que concede el 82 por ciento móvil a los legisladores locales en el momento de su jubilación, tenga efecto inmediato.

Para que se aplique, antes debería rubricarse un acuerdo con el organismo previsional nacional (ANSES) y “la Provincia tendría que poner la plata” para los mejorados sueldos de los jubilados de la Legislatura, según dijo un funcionario. Y esto no parece estar en los planes del gobierno de Celso Jaque.

El secreto tratamiento del expediente 58.514, cifra que esconde la ley del 82 por ciento móvil para los legisladores mendocinos, no dejaba de sorprender anoche a funcionarios del Gobierno y de la propia ANSES. No hubo ninguna expresión oficial en el Poder Ejecutivo al respecto, ya sea para evitar el ataque a los legisladores, que por unanimidad aprobaron la norma, o porque todos trataban de informarse un poco más sobre el curioso proyecto.

Lo cierto es que una fuente del Gobierno señaló que el destino de la ley podría ser el más triste de todos: el olvido. Es que, según el razonamiento de la fuente consultada, ni siquiera sería conducente el veto del gobernador, ya que la ley aprobada es incumplible. “Es como si la Legislatura aprobara que desde ahora Mendoza pasa a ser parte de San Luis”, ilustró la fuente.

El 82 por ciento móvil es prácticamente una excepción en el régimen previsional argentino y  está sujeto a trabajosos acuerdos, que jamás pueden agotarse en la aprobación de las dos cámaras legislativas provinciales. Por la sencilla razón de que el órgano pagador, ANSES, responde al Ministerio de Trabajo de la Nación y en definitiva al Poder Ejecutivo Nacional, no a los designios de las legislaturas provinciales.

Lo cobran los jueces gracias a que hubo un convenio con ANSES y una posterior ley del Congreso Nacional. Lo obtuvieron también los docentes en 2005, en virtud de un decreto del entonces presidente Néstor Kirchner.

En Mendoza se concedió a todos los jubilados hasta la fecha que se transfirió la caja previsional provincial a la Nación (1996). Así y todo, cada año, se tiene que ratificar el acuerdo Nación-Provincia. Y ese acuerdo implica una erogación por parte de la Provincia para que el beneficio se siga pagando.

Por último, reconocen que algunas cajas previsionales provinciales (es decir, de aquellas provincias como Córdoba y Santa Fe, que no transfirieron el régimen previsional a la Nación) pueden tener beneficios de este tipo. Pero ese no es el caso de Mendoza, que transfirió su régimen jubilatorio hace casi 15 años.

En este sentido, una fuente recalcó a MDZ que “una ley provincial no puede cambiar una ley nacional”. Y las normas nacionales que han regido el sistema previsional son la 24241, de 1994, y la que hace un tiempo eliminó las polémicas AFJP privadas, creando en su lugar el sistema estatal integrado de jubilaciones y pensiones.

También emanó de organismos oficiales la advertencia de que en ningún lugar del país existe el 82 por ciento móvil para los legisladores, en contraposición de lo que dijo el diputado cobista Andrés Marín, quien habló de establecer “una situación de igualdad ante la ley” por medio de la norma votada en la provincia.

En resumen: la ley provincial no se puede aplicar. Parece descabellada y no tiene lógica. A lo que hay que agregar que la gente está que arde desde que en la mañana de este jueves se conoció la noticia. Y que el Gobierno planea ignorar olímpicamente la decisión de los legisladores mendocinos.

¿Para qué lo hicieron?

Los legisladores mendocinos urdieron una maniobra secretísima ( no querían que llegara a los medios) que podía -pensaron- beneficiarlos en el futuro.

En efecto, la ley de 82 por ciento móvil legislativo no supone un efecto inmediato para sus beneficiarios. Pero al final de su vida activa, podía rendir: llegado ese momento e independientemente de sus últimas actividades, los ex legisladores recibirían una jubilación de privilegio, atada al sueldo vigente de un legislador activo.

Por lo menos ese era el plan que rondó sobre las cabezas de senadores y diputados mendocinos durante los 13 días de tratamiento exprés de una ley que sólo favorecería a la corporación legislativa (incluidas, al parecer, autoridades y secretarios de las cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia).

No se puede creer que ninguno de ellos (hubo unanimidad en la aprobación de la norma) haya analizado si el proyecto de una "jubilación feliz" era aplicable. Menos aún se entiende cómo no  analizaron el pésimo efecto que tendría cuando la sociedad mendocina se enterara.

Lo único que realmente se puede afirmar en relación a esta maniobra rara, es que en la Legislatura hay una profunda disconformidad por los sueldos. Lo sinceró el diputado cobista Andrés Marín a MDZ: no toleran que, por ejemplo, en San Luis los legisladores cobren 30 mil pesos, mientras que en Mendoza reciben “sólo” 7.000.

Esto dijo Marín, antes de tirar la peor frase de todas: "A esta altura del partido, somos mal vistos. Una mancha más, qué le hace al tigre”.