La Legislatura vuelve a estar en el centro de debate por la aprobación de una polémica ley que beneficia a los legisladores provinciales con el 82 por ciento móvil de jubilación. El legislador que firmó la iniciativa señaló que la misma fue aprobada por unanimidad y que los representantes mendocinos buscaron lograr la igualdad ante la ley.

El que salió a defender la ley que favorece jubilaciones de privilegio -porque asegura a los funcionarios públicos legislativos una buena jubilación con un mínimo de trabajo de dos años-fue el diputado cobista Andrés Marín, que hizo un racconto sobre el derrotero de esta norma que transitó en silencio por los pasillos de la Legislatura hasta el recinto, cuando fue aprobada este martes.

En octubre pasado, contó el diputado, se reunió con el presidente de la Cámara, Jorge Tanús -por iniciativa de éste-, y con el gerente local de la ANSES, Héctor Rasso -uno de los hombres más cercanos a Celso Jaque-, "porque había muchos legisladores que estaban interesados en este tema, ya que habían visto que sus pares de otras provincias que la situación en Mendoza era desventajosa".

Rasso sugirió que el camino que debían tomar los legisladores era sancionar esta ley. Aunque solamente la firmó el cobista, la norma contó con la aceptación de todos los bloques, sin las tradicionales molestias que suelen conllevar las diferencias partidarias. "No hubo nadie que votara en contra", precisó Marín.

Marín manifestó que la intención de la Legislatura de contar con un régimen especial de jubilación, como el que cuentan los jueces, se dio a fin de acabar con las inequidades que sienten los legisladores mendocinos ante sus pares de otras provincias, a la hora de jubilarse. En esa línea de argumentación, comparó los sueldos que cobran los legisladores de San Luis -unos 30 mil pesos, al decir del cobista- con los que gana los mendocinos -unos 7 mil-.

"Queríamos establecer una situación de igualdad ante la ley", aclaró el jefe de la bancada cobista e indicó que, para ello, se derogaron dos artículos que quedaban de la ley de traspaso de la Caja de Jubilaciones de la Provincia a la Nación, durante el gobierno de Arturo Lafalla. Así, Marín aclaró que Mendoza es la única provincia que no tiene este régimen especial en el ámbito legislativo.

Sin embargo, Marín discrepó en cuanto a que la norma sancionada también genera cierta desigualdad respecto del resto de los empleados públicos: "En esto voy a ser clarito. ¿Por qué los jueces, los policías, el asesor de Gobierno, los docentes sí, y el resto de los empleados públicos no? Bueno, vamos de a poquito".

"Soy consciente de que esto no sirve" -en relación al descrédito público que genera este tipo de sanciones y maniobras políticas-, pero también si fuéramos gratis, nadie lo creería así. Pero la verdad, tampoco me cierra que el gobernador de la provincia gane 9 mil pesos por mes. Lo que habría que discutir en serio es una nueva ley de sueldos. Y no es que los de arriba ganen mucho, sino que los de abajo ganan poco", definió Marín, que ya lanzó su candidatura por el cobismo para ser intedente de Guaymallén en 2011.

El diputado también se defendió de las sospechas por la cautelosa manera en que la Casa de las Leyes tramitó el expediente 58.514, sin mayor descripción que la del número citado.

"Las sesiones no son secretas, si no ha habido periodistas es otra historia", acotó el jefe de la bancada cobista. Así mismo, deslindó responsabilidades en cuanto a la nula comunicación de la norma sancionada con bastante disimulo: "Eso hay que preguntárselo a Prensa de Diputados o de Senadores".

"A esta altura del partido, somos mal vistos. Una mancha más qué le hace al tigre. Yo cobro 7.500 pesos por mes y no me creen ni en mi casa", se justificó el siempre filoso "Chirola".