18 de Marzo de 2010 |14:20
El Gobierno quiere reformar la Ley Penal Tributaria
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El proyecto "tiende a la penalización efectiva de las conductas de evasión, evitando constituirse en un mero instrumento recaudatorio", explicó el titular de la AFIP. Si se aprueba, será de $1.000.000 el piso para la configuración de la evasión simple.
por EFE
La presidenta  Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy la firma de un proyecto de ley que tiende a la penalización efectiva de los delitos de carácter tributario.

En un acto en Buenos Aires, la mandataria señaló que resolvió impulsar una reforma a la Ley Penal Tributaria, aprobada en enero de 1997, "para que los evasores tengan trajes a rayas en este país".

Tras el anuncio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) explicó en un comunicado que el proyecto "tiende a la penalización efectiva de las conductas de evasión, evitando constituirse en un mero instrumento recaudatorio".

En tal sentido, la iniciativa propone, por ejemplo, evitar que finalice una causa judicial gracias al pago del monto de tributo evadido.

Además el proyecto excluye la aplicación de la "probation" (servicios comunitarios que cumplen los condenados para quedar eximidos de una pena efectiva) respecto de los delitos penales tributarios y penales aduaneros (contrabando).

"La finalidad del proyecto es que tanto los organismos recaudadores como la Justicia puedan hacer foco en las causas de mayor relevancia económica, descomprimir a los juzgados de casos menores y redoblar esfuerzos en la búsqueda de sentencias condenatorias respecto de los grandes evasores", explicó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

La iniciativa gubernamental, adecúa el monto tope para la configuración del delito de evasión impositiva simple, que se incrementa de 100.000 a 1.000.000 de pesos (de unos 25.700 dólares a 257.700 dólares).

En tanto, se mantiene la misma pena de tres y medio a nueve años de prisión para los delitos de evasión impositiva agravada.

Por otra parte, la presidenta anunció hoy que firmará un proyecto de ley para que las empresas quebradas sigan en funciones a partir del manejo de sus trabajadores.

Fernández dijo que se trata de un proyecto de ley "para que se asegure por sobre todas las cosas la continuidad de la empresa cuando quienes han sido sus propietarios, por diversas razones, no pudieran asegurar esa continuidad".

"Es necesario tener un funcionamiento del capital más transparente, que asegure que los trabajadores puedan conservar sus fuentes de trabajo y que los que tienen la suerte de ganar mucho dinero ganen más dinero todavía, pero que paguen todos los impuestos que tienen que pagar", dijo Fernández
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