Durante los últimos cinco años, el actual ministro de Seguridad, Carlos Aranda, fue promotor de un “plan integral de seguridad” creado por la Universidad Nacional de Cuyo. Pero, al llegar al lugar exacto desde donde tiene la posibilidad de ponerlo en funcionamiento, no lo hizo ni tiene planeado hacerlo.

Las condiciones, hoy, son inmejorables para que el programa salga de los papeles y se transforme en acciones coordinadas en la calle. Está escrito, tiene apoyo académico, fue el “caballito de batalla” contra la gestión de Julio Cobos utilizado por el presidente del Consejo Asesor de Seguridad y ex decano de Derecho, Roberto Godoy Lemos y, centralmente, este nombre (y ese apellido) “controlan” por lo menos tres áreas cruciales del Gobierno provincial: Gobierno, Justicia y Derechos Humanos (en donde hasta ayer no más su hermano Sebastián era el subsecretario), Seguridad, en donde el ministro Aranda surgió de su círculo íntimo y finalmente, Desarrollo Humano, gobernado por Carlos Ciurca quien, digámoslo así, “acompaña” a Aranda en la difícil tarea en la que todavía no logra hacer pie.

Entre sus autores figuran algunos de los actuales miembros del Gobierno y muchos de quienes lo apoyan o bien, que tienen responsabilidad institucional: los Godoy Lemos, Alejandro Cazabán, Jorge Nanclares, Diego Lavado, Elsa Galera, entre ellos.

Si el ministro de Seguridad aplicara el plan que le exigió con insistencia al gobierno anterior que pusiera en marcha, estaría haciendo, por ejemplo, estas cosas:

En lo vinculado a niños y jóvenes,

. Diseñar una política de Estado para la infancia y adolescencia, con efectiva participación de la sociedad civil y de los actores involucrados.

. Restaurar y afianzar las atribuciones del Consejo Provincial de Niñez, en su rol de asesor del Poder Ejecutivo Provincial, para la formulación de políticas de infancia,exigiendo el cumplimiento del Decreto 1644.

. Instar y promover procesos decisionales en red.

. Promover la adquisición de competencias cívicas.

. Alentar la construcción de una conciencia social sobre la necesidad de atender y contener grupos estructuralmente vulnerables.

. Proponer modificaciones en aspectos sustanciales y procesales incluyendo mecanismos de seguimiento a la Ley 6672 sobre violencia familiar.

. Incluir en la salud pública provincial la atención de la salud mental infantil y juvenil.

Está claro que muchas de las acciones necesarias no son de su competencia. Pero entonces, ¿de qué sirve que los impulsores del plan de la UNCuyo para revertir la inseguridad manejen tantas áreas del Gobierno si no son capaces de ponerlo en marcha?

Empezando por las cosas básicas, en los últimos días hemos sido testigos de un desgobierno de la Seguridad, un grave indicio de que la institución se está “comiendo” a sus responsables, más entretenidos que ocupados en dominar la agenda de acciones de un área tan delicada. A saber:

- Los policías han vuelto a salir a las calles pedir coimas, lo que puede ser un indicador de rebeldía, insatisfacción, inconducta pero, centralmente, de falta de “temor” a los otrora rigurosos controles comisaría por comisaría en toda la provincia.

- Cuando hay denuncias por abusos de menores, la respuesta del Estado es “vuelva más tarde”, “pase otro día” o, directamente, “no tenemos como ir a corroborar la denuncia”.

- Si quien denuncia maltrato de su esposo es concubina, las comisarías responden insólitamente pidiendo la libreta de casamiento. Una barbaridad.

- No pasa nada, nada, cuando los vecinos señalan –en un caso concreto reciente- que “la policía pudo prevenir” una balacera. Lo denunciaron por pasearse con un arma, fueron, miraron. Se retiraron. Al día siguiente se produjo el tiroteo.

Ni hablar de las ausentes consecuencias concretas de aquella pomposa convocatoria a todos los sectores sociales, políticos, económicos…que formuló el gobernador Celso Jaque luego de pedir disculpas por no haber cumplido con su compromiso preelectoral de “bajar un 30 por ciento el delito en 6 meses”.

Hay plan, no hay ejecutores. Hay respaldos, no hay quienes los sepan aprovechar. Hay un incremento de la inseguridad, no hay quien sepa frenarla. Hay una descoordinación policial, no hay coordinador.

A estas alturas, los detractores de la necesaria y discontinuada “reforma policial” de hace más de una década están ganando una larga batalla: la de convencer de que cada vez se entiende menos la existencia de Seguridad como ministerio.