Es cierto: el Gobierno nacional ha venido concentrando recursos, tanto que ni siquiera transfiere a las provincias el piso mínimo de 34% de los recursos de la Administración Central, como obliga la Ley 23.548 de coparticipación.

También es cierto que las provincias administran los sistemas públicos de Educación, Salud, Seguridad y Justicia, que son la base esencial de la igualdad de oportunidades en el territorio argentino. Asfixiadas entre estas obligaciones y la centralización de recursos en el Tesoro Nacional, su situación fiscal viene en franco deterioro.

La conclusión parece obvia: deben destinarse más recursos a las provincias para promover un desarrollo más equitativo en la Argentina. Pero toda respuesta fácil a este desafío corre con el riesgo de agrandar los problemas. Es el caso de la actual propuesta que circula entre la oposición de coparticipar la totalidad del impuesto al cheque.

Con esta propuesta se lograría aumentar en un 12% los recursos que van a las provincias por el sistema de coparticipación. Oferta que parece muy atractiva para las provincias y para quienes quieren disminuir la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo maneja la gran caja nacional. Pero distribuir con los coeficientes vigentes de la distribución secundaria, sólo aumentaría la desigualdad en el país.

Justamente el sistema al que la Constitución Nacional le ha encargado la misión de igualar las oportunidades en el país ha quedado rigidizado con coeficientes fijados “transitoriamente” en 1988. Criterios que perjudican a las provincias más pobladas, donde se concentra una gran parte de la población más pobre del país. Estos criterios son también los que, incluso frente a provincias de similar grado de desarrollo y población, arbitrariamente benefician más a unas que a otras. Por eso, aumentar la masa coparticipable mejora apenas la situación fiscal de las provincias, pero empeora la equidad de nuestro sistema federal. Simulando cuánto le habría llegado a cada provincia (per cápita) si se hubiese coparticipado el impuesto al cheque en 2009, las beneficiadas son las de siempre: Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Catamarca. En cambio, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Misiones habrían sido las menos favorecidas.

Algunas propuestas superadoras incluyen crear un fondo que se distribuya mejor: por ejemplo, teniendo en cuenta la cantidad de población o las necesidades básicas insatisfechas. Podría ser un fondo de estabilización, cumpliendo así con los dos objetivos fundamentales en un Estado federal: mayor equidad y mayor estabilidad. Concretamente, el fondo podría distribuirse a las provincias en los años en que el crecimiento sea menor a 4%. Y acumularse o destinarse a la cancelación de deuda provincial si el crecimiento fuera más alto.

Otra medida es mejorar cómo se distribuye el Presupuesto Nacional. Si bien hay partidas del gasto nacional que se asignan equitativamente, como algunos programas del Ministerio de Educación y el de Salud, en otras partidas es evidente el uso injusto de los recursos, canalizados más por afinidades políticas que por criterios razonables. Así, los Aportes del Tesoro Nacional o muchas de las inversiones en Vialidad se destacan por la arbitrariedad de su distribución. Nuestros legisladores pueden jerarquizar el Presupuesto Nacional como herramienta de distribución. Dos ingredientes enriquecerían esta posibilidad: derogar los llamados “superpoderes” y crear una Oficina de Presupuesto en el Congreso que aumente la capacidad técnica del Parlamento para llevar a cabo esta misión.

El impuesto al cheque es el peor impuesto para mejorar la coparticipación. Es un impuesto que estimula la informalidad y la verticalización en la producción, por lo que debería disminuirse o eliminarse. El impuesto ideal para repartir sería el Impuesto a las Ganancias. Incluso se podría devolver a las provincias la detracción que se hizo para financiar al entonces deficitario sistema de Seguridad Social.

Una salida frente al dilema fiscal y político actual sería que nuestros legisladores tengan la grandeza de proponer los criterios igualadores, pero se abstengan de imponer una fórmula de distribución, porque no tardarían en caer en la poco feliz fórmula de la coparticipación, que sólo eterniza las enormes desigualdades entre provincias argentinas. Es imposible que se pongan de acuerdo en una fórmula que deje felices a todos. Es quizás en este espacio donde el Poder Ejecutivo puede ocupar un valioso rol de árbitro.

Utilizando criterios objetivos, no habrá espacio para el error.