La idea de regular los servicios públicos de la provincia provoca ruidos en el gabinete. Sin ir más lejos, incomodó al ministro de Infraestructura, Francisco Pérez; uno de los hombres más importantes del equipo de gobierno de Celso Jaque, y "llave" de mucha de la obra pública que se hace en la provincia.  Es que el gobierno estudia un proyecto para prohibir que los dueños los dueños de  medios de comunicación sean a la vez concesionarios de servicios públicos, pero pareciera que el mecanismo de consultas internas no está muy aceitado.

Consultado sobre esta iniciativa, el ministro Pérez -bajo cuya órbita está el control de las concesiones de los servicios públicos- dijo desconocer por completo el proyecto que se maneja en absoluto secreto desde el cuarto piso de Casa de Gobierno.

“No sé, yo por lo menos no tengo nada en carpeta ni en discusión”, remarcó.

El ministro dijo: “No tengo opinión política ni técnica al respecto”. Y agregó: “Yo entiendo que esto no sea actividades incompatibles o monopólicas pero son temas que habrá que analizarlos técnicamente”.

Sin embargo, la subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez, subordinada de Pérez, sí reconoció que cuando se sancionó la ley nacional de Medios Audiovisuales, desde el Ministerio de Infraestructura un grupo de asesores estudió cómo se aplicaría en Mendoza el articulo 25 de la norma federal. El párrafo legal aludido manifiesta que los titulares de licencias de servicios de comunicación no pueden "ser accionistas o titulares de un servicio público nacional, provincial o municipal".

Como en la actualidad ésta norma está suspendida en la Justicia, el gobierno provincial estudiaría la forma de regular los servicios públicos en caso de que ésta se caiga o en su defecto para que corra paralela a la misma.

Luego de las duras declaraciones del secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quien denunció el 2 de diciembre que el gobierno era extorsionado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano – accionistas mayoritarios de Edemsa y adjudicatarios de áreas petroleras-, desde el Ejecutivo se han evaluado distintas maneras de condicionar o quitarle la conseción al grupo empresario.

Sin embargo, el ministro dijo desconocer esta idea e insistió que no tiene opinión al respecto.

De todos modos, ensayó su reiterado argumento de comparar las actuación de las empresas de servicios públicos. "La situación de Edemsa no es la misma que sufre Obras Sanitarias Mendoza –donde Vila y Manzano también son accionistas- ya que la empresa del agua se intervino por serias irregularidades", resumió.

“Edemsa invierte y trabaja y esta deuda coyuntural que tiene la empresa está discutida administrativamente y seguirá sus cauces normales”, subrayó Pérez enalteciendo el rol de la eléctrica por encima de la empresa de agua potable.

Según confirmó el funcionario hasta la fecha, la empresa de energía mantiene con el gobierno una deuda de 6,3 millones de pesos, la cual está haciendo pagada en tiempo y forma.