Si bien no estuvo presente la totalidad de los 43 miembros del Consejo Superior en la votación, la cantidad de asistentes aportó el quórum necesario y por 17 votos a favor frente a 11 en contra, la Universidad Nacional de Cuyo aprobó la recepción de 1,4 millones de pesos provenientes de aportes, obligatorios por una ley nacional, de la empresa minera Bajo La Alumbrera.

La decisión, abiertamente rechazada tanto por estudiantes de la casa de altos estudios como por docentes de la institución, generó un acalorado rechazo de sus opositores. Llegando a generar graves disturbios, acusaciones, agresiones y hasta la rotura de vidrios en plena sede del rectorado de la universidad.

La postura de quienes rechazan la recepción de fondos se encuadra en la oposición a  aceptar dinero de la minera contaminante y saqueante, a costa de pueblos que quedan pobres y secos”.

De todos modos, tal concepto quedó totalmente desdibujado tras los graves disturbios que se generaron en el edificio universitario. Huevos, vasos y otros elementos fueron lanzados por los protestantes hacia los consejeros que votaban a favor de la moción y tras los forcejeos, hasta se llegó a romper expedientes, mobiliario y vidrios.

“Fue un día bochornoso para la Universidad. Hubo exabruptos, acusaciones de corrupción, insultos y hasta la rotura de expedientes, lo que significa un delito de orden público. No descartamos iniciar acciones legales pero veremos con tranquilidad el video de la votación para analizar y considerar las actitudes a tomar ante esta postura anárquica e intolerante”, reconoció el rector de la UNCuyo, Arturo Somoza.

Aunque aún no se aprueba el destino de los fondos, debido a la interrupción de la reunión en la que se debía tratar además el presupuesto de 2010, la intención es iniciar la construcción el año que viene de un complejo cultural universitario.

La principal molestia que advierten los consejeros opositores a la resolución es la no suspensión de la votación tras desencadenarse los disturbios. “No correspondía suspenderla. Entendimos que existía intencionalidad política de coartar al Consejo Superior y no lo íbamos a permitir”, adujo Somoza.

El rector aceptó además que entre quienes se oponen a la recepción de estos dineros se hayan docentes universitarios pero reconoció que “tienen todo el derecho a protestar, pero hasta estuvo presente Raquel Blas –secretaria General de ATE-, quien acusó de corrupto a un consejero. Condenamos firmemente estas actitudes antidemocráticas y autoritarias”.

A su vez y ante el antecedente de otras universidades del país que optaron por no aceptar estos fondos, por considerar que condicionan la postura académica ante la minería contaminante y transforman los aportes en clientelismo empresarial, Somoza advirtió que “también hay universidades que los aceptaron. No está en nosotros cuestionar el origen de esos dineros, que vienen por una ley nacional. Si así fuese, también tendríamos que cuestionar los fondos que nos envía la Nación, ya que provienen de las pasteras, tabacaleras y hasta del juego. Las leyes deben discutirse en el Congreso”.