La guerra de los casinos en Mendoza terminó por enfrentar al Gobierno con diferentes grupos económicos que pugnan por dominar el juego en la provincia; un negocio que mueve aproximadamente un millón de pesos por día, y en cual el casino estatal tiene poco menos del 50 por ciento de las ganancias del mercado.

El último capítulo tuvo que ver con la denuncia penal hecha por el diputado provincial Ricardo Puga, para que se investigue al gobierno por el contenido del decreto que reglamenta la superficie que deben tener las salas de juegos de los hoteles 5 estrellas.

Se trata del decreto 2.595, firmado por Celso Jaque y por el secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, para reglamentar un artículo de la ley 5.775, que es la que regula la instalación y funcionamiento de los casinos en los hoteles de lujo.

Según esta ley, “la superficie cubierta destinada a las salas de juego no podrá exceder el 4% de la superficie cubierta total del establecimiento hotelero”. Y entre chicanas de arquitectos, ingenieros y agrimensores de los hoteles interesados para poder ganar metros cuadrados, el Ejecutivo provincial estableció una fórmula bastante particular para mensurar esa superficie. Por ejemplo, no se tienen en cuenta los pasillos entre una oficina y otra de las instalaciones del casino. Este sistema de medición permitiría a Enjoy (Sheraton) ganar espacio y lograr la apertura de la sala de juego que tiene ingreso por calle San Juan.

Para el Gobierno, la denuncia de Puga no hizo más que alimentar la teoría conspirativa denunciada hace días, cuando Alejandro Cazabán manifestó en diario Uno que ni Jaque ni él aceptarían presiones de grupos económicos. Y dejó entrever la posibilidad de que Puga se haya convertido en una de las puntas legislativas del sector que busca voltear al Gobierno en esta pulseada.

“Yo presenté esta denuncia luego de ver el decreto en el Boletín Oficial. Me pareció una barbaridad que no se tengan en cuenta los pasillos del casino a la hora de contar la superficie”, relató Puga a MDZ.

- ¿Usted lee el Boletín Oficial todos los días y revisa cada decreto?

- Bueno… en realidad también sabía que la gente del Hyatt había hecho una presentación en la Justicia Federal por este tema.

- La pregunta tiene que ver con los comentarios que lo señalan a usted como representante de grupos económicos con intereses en el negocio de los casinos.

- Pueden decir lo que quieran. Por supuesto que hay muchos intereses en juego aquí. Pero yo no soy el que redactó ese decreto que está hecho a medida para la gente del Sheraton, y que beneficiará al Diplomatic o al hotel que quieren poner en Guaymallén.

Sin decirlo, cuando Cazabán hizo ese descargo en diario Uno, apuntó precisamente a los dueños de ese medio. El funcionario supone que las denuncias están motorizadas por el multimedios a partir del vínculo que existe entre el Grupo Vila-Manzano y la empresa Mendoza Central Entretenimientos, la principal operadora del juego de tragamonedas en el casino estatal y ligada al empresario kirchnerista Cristóbal López.

Si el Enjoy -que cuenta con un operador diferente- amplía sus instalaciones, el negocio millonario para Mendoza Central Entretenimientos puede decaer. Se trata del 26 por ciento de lo recaudado por el Casino de Mendoza en cada una de las salas donde esta empresa pone las maquinitas

De acuerdo con sondeos, la aparición del Enjoy le restó jugadores al Casino Central; tienen una facturación mensual aproximada y alternan el segundo y el tercer puesto en el ranking de ganancias, siempre detrás del casino del Hyatt.

El decreto firmado por Jaque y Cazabán, y que según Puga fue hecho a medida del casino del Sheraton, apareció luego del fuerte embate por parte de Daniel Vila (titular de Multimedios Uno) contra el gobernador mendocino por defender la nueva Ley de Medios.

En esa discusión, quien pareció tomar la lanza desde el gobierno fue Cazabán, y de ese modo resguardar a Jaque, ya golpeado de más por la crisis que vive la provincia.

Quedó claro que, a partir de ese momento –y por el momento-, el idilio entre Cazabán y el multimedios pasó a ser historia. Y ni el empresario sanrafaelino Omar Álvarez, nexo entre las dos partes, logró la conciliación buscada.

Pero el decreto, además, tuvo como objetivo marcarle la cancha a Daniel Pereyra, presidente del Instituto de Juegos y Casinos y hombre clave de la dupla Vila-Manzano en el gobierno provincial, y otrora “amigo” de Cazabán, quien alguna vez escondió una denuncia en su contra para protegerlo.

A la Justicia Federal

Luego de sentir el golpe, Pereyra optó por el silencio. Al mismo tiempo, sus mentores cranearon una movida para dejar bien parada su imagen y la del Instituto, y así intentar, por vía de la Justicia Federal, declarar nulo el decreto en cuestión.

La estrategia incluyó a un actor que había permanecido oculto: el Hyatt. El primer hotel cinco estrellas de Mendoza comprendió que el decreto firmado por Cazabán y Jaque también lo afecta.

Al ser sólo concesionarios de la explotación del ex Plaza, gozan con el privilegio de contar con un casino que representa el diez por ciento de la superficie hotelera; un porcentaje superior al contemplado por ley para el resto de los hoteles de la misma categoría.

“Fuimos a la Justicia Federal porque uno de los inversores es extranjero”, explicó José María Astarloa, director de Park Hyatt Mendoza, más allá de que la firma que representa tiene fijado un domicilio legal en nuestra provincia.

Del mismo modo que el Gobierno se alió a los intereses del Enjoy con el decreto, el tridente Vila-Manzano-Pereyra decidió compartir sus intereses con los del Hyatt.

La participación en esta historia de la Justicia Federal siempre fue confusa. Se hicieron presentaciones y denuncias forzadas para caer en esa competencia, y siempre en el despacho de Olga Pura Arrabal, una jueza cuyos fallos siempre fueron de la simpatía del Multimedios Uno.

Arrabal tomó intervención por la denuncia hecha por unos empleados del Casino Provincial, quienes advirtieron que, tal vez, el Enjoy estaba llevando adelante una evasión impositiva. Esa denuncia, hecha sin pruebas concretas ni elementos de valoración, sirvió para abrir la puerta del fuero federal e intervenir en la discusión.

Puga no tuvo la misma suerte. No había forma de denunciar la irregularidad detectada en un decreto provincial en la Justicia Federal. Y por eso decidieron apostar sus fichas a la fiscalía de Martearena, quien ya tiene apuntado a Cazabán y a su gente por el “Cadillacsgate”.