El 29 de abril de este año denunciamos cómo un conjunto de maniobras judiciales y mediáticas buscaban ahogar a Publicidad Sarmiento, y correrla de una licitación ganada en más de cuatro años de un proceso que atravesó tres administraciones de distinto signo político. De esa manera, se buscó silenciar también a MDZ Online. Seis meses después de aquella denuncia, una serie de hechos que se indagan en el Consejo de la Magistratura, e investigaciones periodísticas de medios como diario La Nación, Crítica de la Argentina y Perfil indican cómo aquellas maniobras que denunciamos se fueron concatenando una a otra, utilizando para ello a jueces y a funcionarios judiciales; a empresarios interesados en barrer con Publicidad Sarmiento, y a ciertos intereses mendocinos que hemos denunciado, para conseguir su cometido. Hoy, gracias a la prensa que investiga y a la denuncia sobre la operación contra Sarmiento y MDZ, se sabe cómo es el entramado de relaciones entre quienes buscaron perjudicarnos: La Sala VI de la Cámara del Crimen porteña y su presidente Mario Filozof, quien a su vez integra la sala, el juez Luis Osvaldo Rodríguez, que procesó de manera irregular a los accionistas de Publicidad Sarmiento, y la logística mediática oficialista que los apoyó vía los medios del empresario kirchnerista Sergio Solpzky y el grupo Vila-Manzano, tanto en Buenos Aires como en Mendoza. El Secretario de Medios Enrique Albistur, es otro de los protagonistas de esta historia.

Decíamos entonces: "La empresa Publicidad Sarmiento y MDZ Online y sus accionistas Orlando y Eduardo Terranova, son objeto, desde hace casi dos meses, de un ataque intencional, arbitrario, injusto y contrario a la ley, dirigido a silenciar MDZ y ahogar a su empresa madre, Publicidad Sarmiento, en un conjunto de acciones mediáticas de desprestigio, y judiciales" aseguramos. La pregunta es ¿Por qué? Y la respuesta es simple: "Publicidad Sarmiento ganó luego de un proceso de más de cuatro años, una licitación por el mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una compulsa que tuvo más de once medidas cautelares, y una revisión de la justicia contenciosa administrativa pocas veces vista; lo que proporcionó a la licitación un pliego judicial “blindado” que atravesó tres administraciones: Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y ahora Mauricio Macri. Por ello, por resultar adjudicada, la empresa ha sido objeto de ataques variados, y por ende, también MDZ Online" informamos en abril.

Aquella acusación decía que Publicidad Sarmiento utilizó certificaciones “ideológicamente falsas” de las ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán para mostrar una mejor posición en la licitación, que pudiese beneficiarla al momento de la evaluación de la oferta. En el proceso, los accionistas de Publicidad Sarmiento, Orlando y Eduardo Terranova, fueron sobreseidos dos veces en instancias diferentes, y una misma cámara revocó la medida. Pero el juez Luis Rodríguez dictó un auto de procesamiento, a pesar de que Publicidad Sarmiento demostró que los certificados denunciados son verdaderos, y sus contenidos se corresponden con la realidad, al igual que el resto de la documentación aportada. Publicidad Sarmiento presentó copia certificada de los contratos de concesión de Tucumán y Mendoza, exigencia del pliego de condiciones en su artículo 75, apartado 3. Así, los certificados objetados no sólo eran superabundantes, sino que resultaban inválidos, porque el pliego sólo exigía el contrato de concesión. Es decir, no se podían tener en cuenta de ninguna manera.

Para entender la trama, debemos recuperar parte de lo ocurrido. En el proceso licitatorio del mobiliario urbano de la Capital Federal, Publicidad Sarmiento terminó calificada en primer término, y dos de los oferentes -uno de los cuales (Spinazzola SA) no podía acceder a la licitación por vías normales- iniciaron una causa penal para ingresar "por la ventana" lo que no pudieron forzar en la justicia administrativa, y se constituyeron en querellantes. El otro participante de la querella es una UTE (Unión Transitoria de Empresas) de la que participa el Grupo AlSur, cuyo presidente -al momento de abrirse la licitación- era Enrique "Pepe" Albistur, el Secretario de Medios de la Nación, aunque más tarde cedió el lugar a miembros de su familia.

El proceso de "castigo" a Publicidad Sarmiento y MDZ Online fue pergeñado en Buenos Aires por personas que aspiran a quedarse con la operatoria del mobiliario urbano de Capital Federal, que Sarmiento ganó en la licitación. Y fue acompañado desde Mendoza por grupos urgidos de silenciar a MDZ, proceso que ya venían intentando con dos herramientas: la discriminación en pauta oficial e informativa, y el desprestigio. Coincidieron necesidades de algunos miembros del círculo más cerrado del gobierno, que encontraron un apoyo importante en el Multimedios Uno a la hora de darle cuerpo mediático a la causa armada en Buenos Aires por el mobiliario urbano de la Capital Federal. Sólo el diario Uno de Mendoza les dedicó a los accionistas de Sarmiento y MDZ treinta y tres títulos para esta causa "armada", algunos de ellos en su portada, con información tendenciosa, cuando no falsa. La motivación para sumarse fue la de silenciar al medio que informa -desde que nació- con objetividad, seriedad, y sin miedo sobre la realidad de lo que ocurre en nuestra provincia.

El primer paso de la operación fue quitarle a los propietarios de Sarmiento, en este caso la empresa denunciada, sus jueces naturales. El juez Facundo Cubas fue quien tuvo la causa por la denuncia de Spinazzola y Albistur (foto de la izquierda) contra los propietarios de Publicidad Sarmiento. Y sobreseyó dos veces a los accionistas de la empresa en primera instancia, y ante una apelación inmediata. Pero pidió licencia a causa de una enfermedad. Fue entonces que el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones, Mario Filozof, designó como subrogante a la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, cuyo juzgado está en el mismo edificio que el de Cubas. Ni el fiscal ni la empresa de Albistur apelaron los sobreseimientos. Sí lo hizo la empresa Spinazzola. Los patrocinantes de Spinazzola SA son el ex juez Mariano Bergés y el abogado Diego Guerendiain. La esposa de Guerendiain fue secretaria y ahora subroga un juzgado que ocupó, en su momento, el ahora camarista Julio Lucini, uno de los dos magistrados que, en la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, votó junto con Mario Filozof para revocar los dos sobreseimientos -primero- y confirmar más tarde los procesamientos de los accionistas de Sarmiento. Filozof, ya lo veremos, le reportaría a Francisco Javier Fernández, operador principal del kirchnerismo en la Justicia y Auditor General de la Nación, según se desprende de la denuncia aportada al Consejo de la Magistratura.

A la izquierda, Francisco Javier Fernández, Auditor General de la Nación y uno de los hombres "clave" en esta historia. (Foto: Perfil.com)

Cuando la jueza Fontbona de Pombo ya había citado a indagatoria a los accionistas de Sarmiento, el camarista Mario Filozof decidió removerla de la subrogancia, amparándose en una acordada que ya había sido superada por una ley. Este acto constituye una irregularidad por la que Filozof está denunciado en el Consejo de la Magistratura. Inmediatamente, el camarista designó en el juzgado a cargo de la causa contra los propietarios de Sarmiento a un juez que les sería útil a sus fines, según la denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura: Luis Osvaldo Rodríguez, quien procesó a Orlando y Eduardo Terranova. Rodríguez además dictó una medida cautelar para que el contrato de mobiliario entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno porteño sea suspendido. En estas instancias de la causa, los propietarios de Sarmiento fueron apartados dos veces de su juez natural. Primero, al designarse a la doctora De Pombo, y luego, con la designación del juez Rodríguez. Ambos hechos fueron reconocidos por el propio Filozof en el descargo que hizo al ser recusado. La designación del juez para esta causa debió hacerse según la ley 26.736 de 2008, que indica que todos los jueces subrogantes deben tener acuerdo del Senado, y que la designación debe hacerse según el orden de prelación. Esto quiere decir que antes que Rodríguez, había otros diez jueces posibles de ser designados. Pero Filozof lo designó con una acordada que llevaba diez meses de vencimiento.

En el proceso licitatorio hubo más actores. Un importante empresario de medios, Daniel Hadad, "patrocinaba" de alguna manera a la empresa Vía Cart, otra de las participantes en el concurso, que fue la que obtuvo una medida cautelar a su favor para suspender el contrato entre la Ciudad de Buenos Aires y Publicidad Sarmiento. Con los propietarios de esta última empresa procesados en una causa "armada", los que habían quedado afuera vieron la oportunidad de ir por el negocio completo y ahogar a Sarmiento y MDZ. Así, comenzó a funcionar el andamiaje mediático. La puesta en escena comenzó en Mendoza en los tiempos de Vendimia. Los medios de Hadad, de Spolzky y del grupo Vila-Manzano comenzaron entonces una fuerte campaña mediática contra Sarmiento, sus accionistas, y MDZ Online. La primera "noticia" fue el rumor -falso, claro- sobre la venta de MDZ al ex banquero Raúl Moneta.

Esta publicación (ver facsímil de la izquierda) se reforzó con una pegatina de afiches anónimos dando cuenta de la misma operación. A ello le siguió una intensa campaña de desprestigio apoyada en la causa del mobiliario porteño, con informaciones tendenciosas, y muchas veces falsas. Una de ellas fue, por ejemplo, que Orlando y Eduardo Terranova habían concurrido a declarar disfrazados, para no ser advertidos. La campaña sigue aún hoy. Días atrás, el diario Uno publicó que Orlando Terranova podría ser candidato a concejal en una hipotética boleta de Roberto Picco gobernador. La operación mediática incluyó la cobertura profusa y maliciosa de las declaraciones de los empresarios, tanto como de las medidas judiciales que se fueron sucediendo. Pero medios porteños independientes como La Nación, Perfíl, y Crítica de la Argentina fueron descorriendo el velo de lo que ocurría.

Otro de los titulares de la operación, con una nueva falsedad.

Después de varios meses de batalla judicial, y a medida que se han ido conociendo los personajes del caso, surgieron varias informaciones sobre el juez Luis Rodríguez. Sobre todo, a partir de una investigación de la justicia federal y del Consejo de la Magistratura, que indagan si Rodríguez obtuvo de manera irregular las respuestas que necesitaba en un examen para juez federal, en el que de todos modos quedó quinto en orden de mérito. Se trata de un magistrado que -veremos más adelante- habría sido colocado en el juzgado apropiado, como subrogante, para procesar a los propietarios de Publicidad Sarmiento y ahogar a la empresa, como "madre" de MDZ Online.

¿Quién es el Juez Rodríguez?

El diario La Nación, días atrás, arrojó luz sobre la trayectoria y las relaciones del juez porteño Luis Rodríguez, a raíz de serias sospechas en la tramitación de su examen para Juez Federal. Para entender el cuadro, hay que agregar que Rodríguez, quien lleva 15 años en la Justicia, tiene relaciones familiares además con un hombre clave del "tablero de comando" kirchnerista en el Poder Judicial. Su hija, es ahijada del Auditor General de la Nación, Francisco Javier Fernández (43), un poderoso operador judicial que responde a la línea política del ministro Julio De Vido, y que maneja fluidos contactos e influencias en fueros clave. "Es más temido que respetado. Su nombre siempre es pronunciado en voz baja por el temor a las filtraciones. Es Auditor General de la Nación y tiene aceitados contactos con la mayoría de los juzgados del Fuero Federal Criminal y Correccional donde se tramitan graves causas de corrupción contra funcionarios K, como la de enriquecimiento ilícito de De Vido y Moreno; la de aportes ilegales a la campaña K y las que acumula Ricardo Jaime. Pero su influencia es todavía más ostensible en el Fuero Contencioso Administrativo, donde aterrizarán en breve las demandas contra la polémica Ley de Medios" explicó Perfil el domingo 25 de octubre.

Publicación de Perfil sobre el poder de Francisco Javier Fernández, y su influencia en los juzgados porteños.

 

La influencia de Fernández llega también al fuero penal nacional, donde se tramita la causa contra los propietarios de Sarmiento. Fernández era quien protegía al cuestionado juez Faggionato Márquez, a quien -según algunas interpretaciones- el propio Néstor Kirchner le soltó la mano para "marcarle la cancha" al auditor. Y además de ser el padrino de la hija del juez Rodríguez, que procesó a Orlando y Eduardo Terranova, fue su compañero de colegio.

Luis Rodríguez habría sido colocado especialmente para subrogar el juzgado que tiene la causa armada contra los accionistas de Publicidad Sarmiento, y desde allí los procesó. Una denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura pide, por ejemplo, certificar cruces de llamadas entre el titular de la Cámara del Crimen porteña, Mario Filozof, el auditor Francisco Javier Fernández, y el propio Rodríguez, en las fechas en las que se produjo esta designación, para determinar cómo se tomó esta decisión, y cuál es el hilo conductor entre Fernández, Filozof, el juez Rodríguez, y empresarios relacionados al gobierno con poder de fuego mediático, interesados además en quedarse con el negocio del mobiliario porteño que Sarmiento ganó de manera lícita. La presunción de la denuncia es que Rodríguez fue colocado allí para un único cometido, el de perjudicar a los propietarios de Sarmiento y MDZ Online.

Las denuncias que pesan sobre el juez Rodríguez son varias. La última de ellas está relacionada con su examen de juez federal. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría y el Consejo de la Magistratura investigan si es posible que el magistrado haya accedido al resultado del examen que se le tomó, con el objeto de obtener calificaciones que le permitan ser juez federal, una hipótesis que estaría vinculada con decisiones judiciales que -vía el auditor Javier Fernández- le interesarían al poder. Esa es la conclusión de un informe publicado por La Nación el domingo 25 de octubre.

Una de las publicaciones de LA NACION sobre el juez Rodríguez.

Según el matutino porteño, "una nueva prueba fortalece las sospechas de fraude en el concurso para cubrir cuatro vacantes en la justicia federal porteña: una empleada de Tribunales declaró que el juez Luis Osvaldo Rodríguez, que es uno de los concursantes, le había pedido antes del examen que le consiguiera la copia de un fallo real, similar al caso que luego se tomó en la prueba". "En teoría, hasta el día de la evaluación sólo los jurados saben cuáles son los casos que los aspirantes deberán resolver, pero esta vez se cree que pudo haber filtraciones. Así lo reveló La Nación el mes pasado y hoy lo investigan dos expedientes. Uno es una causa penal en el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría; el otro, una auditoría ordenada por el Consejo de la Magistratura, organismo responsable del proceso de selección de jueces".

El concurso del que participa Rodríguez es clave, ya que está en juego un tercio de la justicia federal porteña, el fuero en que se tramitan las principales causas por corrupción. "El episodio de Rodríguez es un elemento clave, tanto en la investigación penal como en la auditoría. Doce días antes del examen, desde su tribunal pidieron una copia del fallo Baldo al juzgado que lo llevaba, el de Daniel Rafecas. Si bien no eran idénticos, tanto este caso como el del examen trataban de un robo de monedas antiguas en el Banco Nación" dice el matutino. El juez, ante la consulta periodística, negó haber pedido ese fallo. Pero una abogada que trabaja en el juzgado de Rodríguez le dijo que el magistrado le había mandado a conseguir el "fallo de las monedas". Y la propia secretaria del juzgado admitió haberse enterado del tema. Los testimonios de ambas letradas ya obran en el Consejo de la Magistratura. En este enlace, se puede leer el informe completo del diario La Nación, sobre el examen sospechoso del juez Rodríguez.

Son varias las causas de resonancia pública en las que ha actuado Luis Rodríguez. Su tarea tomó trascendencia en 2007, cuando ordenó la detención de los hermanos Schlenker, barrabravas de River, por el crimen de Gonzalo Acro. Esa misma causa motivó un expediente ante el Consejo de la Magistratura. Disconformes con el trámite de una prescripción, sus superiores de la Cámara del Crimen lo apartaron del caso River y pidieron que el Consejo lo investigara. Rodríguez también fue denunciado por la Cámara de Apelaciones por el presunto manejo irregular de 13.000 pesos secuestrados en una investigación.

Por el caso en el que procesó a los accionistas de Publicidad Sarmiento, el juez tiene una denuncia por un supuesto "forum shopping", una maniobra que -aprovechando las debilidades del sistema judicial, o cometiendo irregularidades- permite manipular qué juez se hace cargo de determinadas causas. En este caso, para un fallo adecuado a necesidaes económicas y políticas de socios del poder.

Rodríguez tiene 50 años y está casado, y su esposa trabaja en la secretaría general del Consejo de la Magistratura con cargo de prosecretaria letrada. En un perfil del juez, publicado también por La Nación, se dice que cuando Rodríguez se recibió de abogado, en 1988, "llevaba ya 11 años en Tribunales. En 1994 lo nombraron juez penal y ahora se candidatea para un cargo similar, pero en el fuero federal. En los antecedentes que presentó en el concurso no declara haber hecho publicaciones, ejercer la docencia ni haber participado de jornadas ni congresos. En una presentación lo explica de esta manera: "Prioricé -y lo sigo haciendo- durante todo mi desempeño en la justicia nacional el eficaz cumplimiento de la tarea cotidiana. He buscado desde siempre contar con la tranquilidad del trabajo cumplido"".

El contacto

Como ya se ha dicho, el contacto más importante del juez Rodríguez parece ser el Auditor General de la Nación Francisco Javier Fernández, ex compañero de escuela del juez y padrino de la hija, como surge del propio descargo del magistrado. Sobre Fernández pesa la fama de ser un importante operador del kirchnerismo en los tribunales, y se le atribuyen numerosas influencias, al punto de ser apodado "el Yabrán de la justicia", en ámbitos privadísimos y pasillos judiciales. El diario Perfil explicó que "el poder de Fernández reside en sus extensos y fluidos contactos en la Justicia. Le dio trabajo en su despacho de la Auditoría a Josefina Ballestero, hija de Jorge, el camarista del fuero. También a Malena Canicoba Corral, hija de Rodolfo, otro juez del fuero. Siguiendo esa línea, cobijó en su planta de empleados al hermano del juez federal Ariel Lijo, Alfredo. Más íntima es su relación con el camarista Eduardo Farah, compadre suyo. Fernández exhibe su mayor poder en el Fuero Contencioso Administrativo. Su hermano Sergio es camarista de la Sala III. Su otro hermano, Claudio, fue secretario de la Sala V, pero tuvo que renunciar envuelto en un escándalo por un supuesto pedido de coimas, caso por el cual fue procesado bajo la figura de “cohecho”. Para tener dimensión del alcance del poder de Fernández, dos de los cinco preseleccionados para cubrir las vacantes del fuero federal en el polémico "concurso 140" tienen vinculación con él. Uno es Luis Rodríguez, ex compañero de Fernández en el colegio. Otro es Carlos Oscar Ferrari, que trabaja en la AGN como contratado y que, llamativamente, en su examen citó párrafos enteros de jurisprudencia estadounidense" dice la investigación.

Conclusión

Este extenso entramado ya ha sido puesto a la luz del día. Así, se fueron descubriendo numerosas de sus instancias, maniobras, errores e intencionalidades. Ello motivó la presentación de denuncias judiciales e institucionales, tal como lo expresáramos en abril. Seguir la lucha contra esta oscura alianza de intereses es la más firme decisión de los propietarios de Publicidad Sarmiento y MDZ Online. Es una alianza con fines varios, que incluyen el desprestigio personal y empresarial, el consecuente "asalto" para quedarse con negocios privados, y el intento de silenciar a un medio de opinión e información independiente. Así, las instituciones de la República que deberían ser objetivas y estar al servicio de la comunidad estarían siendo utilizadas -en este caso- para objetivos particulares que nada tienen que ver con el bienestar general.

Sin embargo, la verdad objetiva y la realidad de los hechos, nos acompañan. Y vamos a luchar hasta el final para que sean develadas, tal como hacemos con la prédica constante de MDZ. Nuestro norte es la defensa de una Mendoza para todos, y de un país más republicano, más federal, más respetuosa de las libertades colectivas e individuales, y con una Justicia independiente que asegure los derechos de cada uno de los ciudadanos. Así seguiremos, sin importar agravios, ataques, y operaciones.