Tan duro golpea la realidad diaria al saber que existen 60 familias que tomaron los terrenos ferroviarios de Capital para vivir bajo un “techo” como enterarse a diario que se suma una víctima de la inseguridad. Las víctimas, en ambos casos, sobran.

Quizás es más duro observar que vecinos de un lado, acusen de delincuentes a los que viven del otro lado… Y esto que sucede en plena Sexta Sección de Capital, en relación al Asentamiento Escorihuela, se repite en tantos otros lugares que en su periferia tienen los asentamientos llamados "villas miserias".

La pregunta sería de dónde proviene la inseguridad y la repuesta no la completaría ni un mapa del delito ¿La alta cantidad de delitos en un lugar "residencial" indica necesariamente que los delincuentes vienen de sus alrededores (ya sea una "villa" o "barrio peligroso")? ¿Es una verdad que se comprueba en la realidad? ¿O es, tal vez, una aproximación de criminalizar la pobreza? ¿Quién tiene la razón: la víctima del delito –cualquiera sea su calificación- o la víctima de la discriminación?

Se podría decir que ambos tienen razón porque ambos sufren, porque ambos sienten que le han arrebatado lo propio. Tal como ha reflejado MDZ a través de sus notas, los vecinos de la Sexta Sección están hartos, indignados e impotentes frente a la ola de delitos frente a la cual “nadie hace nada aunque los delincuentes estén enfrente en el asentamiento del ferrocarril. Porque roban y se esconden allá”, dice más de un habitante de la zona que, seguramente, tuvo que vivir la inseguridad en carne propia y ahora se siente que tiene que vivir entre rejas.

Sin embargo, los “de enfrente” también tienen voz y la usan para aclarar que ahí vive gente honesta y para pedir vivir en condiciones más dignas, que alguien los asista, que quieren salir adelante porque ellos también son víctimas de la violencia. Sin ir más lejos, a mediados de octubre fueron testigos de cómo un hombre abuso y mató a su ex pareja en un hecho que conmovió a todos, especialmente a los niños que caminaban entre las vías del tren.

En el Asentamiento Escorihuela también se sufre la inseguridad -que no necesariamente tiene que verse siempre como un "ajuste de cuentas"- y sus vecinos también se sienten tras las rejas por una condena social.

Pero, ¿qué dice la Policía? ¿Se puede comprobar que los responsables de la ola de delitos tengan lugar de residencia en el asentamiento? Dos funcionarios de seguridad relacionados directamente con la problemática intentar dar respuesta a esta difícil pregunta.

“Por empezar, no todas las personas que viven en una villa miseria o en un asentamiento son delincuentes. Es más, creo que la gran mayoría es gente que trabaja y hay excepciones, como en todo barrio. En segundo lugar, para imputarle a alguien la comisión de un delito hay que tener los elementos de prueba necesarios. Muchos pueden decir, tanto desde una villa o de un barrio, que una persona está robando pero si no hay pruebas, la persona no puede ser detenida”, señala el comisario Juan Carlos Caleri, director general de la Policía.

Sin embargo, el jefe de los policías sabe que no hay que pasar por alto nada: “No obstante, se hacen distintas tareas investigativas en la zona. El jefe de la Departamental de Capital tiene personal dando vueltas alrededor del asentamiento para tratar de prevenir la comisión de delitos”, expresa Caleri pero agrega inmediatamente: “Que quede en claro: la prevención en la Sexta Sección es para que no se cometan delitos, no para que los que viven en el asentamiento no cometan delitos”.

Por su lado, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Erwin Cersósimo, es contundente: “Hemos tenido reuniones en la Sexta Sección y, a veces, se hace alusión a eso. Son comentarios y muy generalizados. No todos dicen lo mismo”. Las expresiones son repetidas siempre en las reuniones en el Club Anzorena que empezaron luego del crimen de Ángela Quinteros durante un asalto en su domicilio. Este hecho fue uno de los más impactantes y que movilizó a los habitantes en marchas para exigir justicia.

Uno de los carteles que "cortaron" la calle tras el crimen de la empresaria.

Cersósimo señaló que los vecinos piden constantemente allanamientos, sobre todo apenas ocurre un robo, sin saber que “para llegar a un allanamiento hay que tener pruebas, la orden del fiscal y la autorización del juez. Pasa dos filtros: las pruebas tienen que ser fehacientes y suficientes para autorizar la medida”, manifiesta el funcionario para explicar que no se pueden basar en comentarios pero, que aún así se manejan estos datos y se deriva a la división Investigaciones. “Obviamente, que cada uno puede expresar su sentir y tiene derecho a decir lo que piensa”, valida el subsecretario.

El personal policial es quien ejecuta los allanamientos que pueden ser ordenados desde una dependencia judicial a raíz de una denuncia. Por tal motivo, MDZ consultó cuál es la cantidad de operativos llevados adelante y Caleri, sin precisar cifras, dio parámetros de la realidad de la Sexta Sección en referencia a otros puntos de la jurisdicción de la Oficina Fiscal Nº 2 que funciona en la Comisaría Sexta del Barrio Cano: “En la zona aledaña a los galpones (en referencia al Asentamiento Escorihuela) no hay un pico de asaltos o robos domiciliarios. Ocurre lo normal al igual que cualquier otra zona de la Sexta Sección, o la jurisdicción de la Oficina Fiscal Nº 2”.

Aunque lo “normal” es una cantidad de delitos que, seguramente, asusta demasiado y a la que todos los habitantes de Mendoza, lamentablemente, se están acostumbrado demasiado rápido, el jefe policial reconoció que el Escorihuela también les ha dado trabajo: “El departamento de Narcocriminalidad estaba vigilando una zona del asentamiento y este miércoles con orden de allanamiento de un juez federal se detuvo a un comprador que había entrado allí para adquirir estupefacientes. También quedó detenido el vendedor. Se vendía droga como pasa en otros lugares”, ejemplificó Caleri.

Aunque teniendo en cuenta esta medida judicial puntual, el funcionario reconoció “no hay una gran cantidad de allanamientos diferencial” en los terrenos que están bajo de la órbita de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF).  No obstante, la tarea de prevención y la represión del delito es una constante que no descuidan los uniformados “tanto del lado del asentamiento o del ‘otro lado' -sentencia Caleri y concluye-. No hay nada que nos diga que porque apareció ese asentamiento, hay un incremento de hechos delictivos en los alrededores”.