Reuniones en la sede del club Anzorena, cortes de calle y hasta cadenas telefónicas anunciándose las novedades y alertándose por hechos de inseguridad forman parte ya del quehacer diario de los vecinos de la Sexta Sección, que vienen siendo testigos del incesante crecimiento del asentamiento inestable Escorihuela, en los terrenos del ex Ferrocarril, y aseguran estar “cansados de presentar notas” a la Municipalidad de la Capital y no recibir respuesta alguna a sus reclamos.

“Andan muchos chicos pidiendo limosna pero nadie se preocupa, esto es tierra de nadie”, reconoce Antonio, un vecino de la calle Suipacha, que aunque afirma que en esa calle en particular “no se ve tanto como en Tiburcio Benegas, Moldes o Laprida, de una vez por todas, el intendente tendría que hacer algo para ayudar a esa gente, reubicarlos y darle alguna utilidad a los terrenos”.

En el asentamiento viven ya unas sesenta familias en muy malas condiciones de habitabilidad, sin servicios, y apenas una canilla comunitaria para todos. En su mayoría se trata de gente trabajadora y honesta, pero los vecinos se quejan de la inseguridad creciente. Y el tono de los reclamos va agudizándose a medida que uno se va acercando al asentamiento. Tan así, que varios de los vecinos de las calles contiguas ven en “la gente de enfrente” un atentado a la histórica tranquilidad de una de las zonas más tradicionales de la capital mendocina.

“La gran mayoría de los que vivimos en esta zona somos gente mayor e indefensa, esto era antes un oasis de paz y ahora estamos completamente inseguros”, apunta Francisca, de 74 años de edad, que vive sobre la calle Moldes.

El temor se ha adueñado de los habitantes de la Sexta, provocando, por ejemplo que ninguno de los que aportaron su testimonio quisiera ser fotografiado para ilustrar esta nota. “Mirá si después vienen a vengarse porque les molesta lo que pensamos”, es el argumento unánime.

Igualmente, centran sus reclamos en la figura del intendente Fayad, cuya administración ha decidido hacer silencio sobre este drama social a cinco minutos del centro. “Pone ganas sólo para sacar a gente que trabaja, como hizo en la plaza España con los artesanos. Esa era gente honesta que le daba luz a la Ciudad y representaba un atractivo turístico con su arte. Pero, en esto no se mete”, argumenta Francisca.

Juan Carlos (55), que ha sido testigo desde su ventana principal del crecimiento del Escorihuela, ya que es frentista de la calle Tiburcio Benegas, se reconoce como uno de los vecinos más activos a la hora de elevar sus reclamos al municipio pero se lamenta al considerar que “todo esto es político. He visto camiones de la Municipalidad trayendo nylons y cartones para que sigan armando casillas, y cuando hacemos denuncias por robos la Policía dice que no puede meterse a revisar, pero yo veo todos los días como andan por adentro, charlando con esa gente”.

“El otro día, cinco pibes de, más o menos, 15 años le arrebataron cien pesos y el celular a una señora de acá a la vuelta y se metieron corriendo ahí enfrente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si son chicos que ya están jugados y no le tienen miedo a nada. Estamos cansados de tener que ser nosotros los que vivamos entre rejas”, sentencia Juan Carlos.

El rol del Concejo Deliberante

Otro actor más que importante en este escenario es, sin dudas, el órgano deliberativo de la Capital, ya que ante la pasividad o aparente desinterés de la intendencia a tomar cartas en el asunto, el cuerpo de ediles bien podría adoptar una postura e imponer su voluntad de gestionar alguna asistencia sanitaria, nutricional, de contención social o, cuanto menos, trazar un plan de acción para hacer eco a los reclamos vecinales. Pero, tampoco ha sucedido.

Las respuestas conseguidas por MDZ de la mayoría de los representantes votados por los habitantes de la Ciudad han mostrado sorpresa y dejado ver el desconocimiento que tienen sobre la problemática, y llegado incluso a escudarse en el cierre del periodo anual de sesiones ordinarias para tratar el tema, dejando la iniciativa en manos del intendente Víctor Fayad hasta tanto se inaugure el periodo 2010, recién en mayo del año próximo.

“No es un tema tan sencillo, ¿Cómo hacemos para que alguien los desaloje? Nadie se anima a sacarlos”, se excusa Luis Duarte, representante del Partido Demócrata, e intenta aclarar su posición agregando que “el municipio puede hacer gestiones ante Ferrocarriles o exigir que la provincia haga algo. Pero directamente no tiene herramientas, más que asistirlos, otra cosa no puede hacer”.

Ni lo uno ni lo otro, o sea nada ha hecho el Concejo Deliberante hasta el momento. Y, aunque el edil Gustavo Amstutz, de Unión Popular, recuerda que alguna vez se hizo un relevamiento de la gente que vive en el asentamiento, “fue cuando eran cerca de diez familias” y no sesenta como son hoy. 

“Que yo tenga conocimiento, no se ha hecho nada ni se está motorizando nada”, reconoce Amstutz, un aliado político de la comuna, y admite que “esto se abandonó un poco después de la imposibilidad del municipio de abrir la calle Godoy Cruz. Hoy, salvo por pedido del poder Ejecutivo, no podría tratarse el tema en el recinto. Terminó el periodo de sesiones ordinarias”.