Es una nueva mentira: Jaque no podrá instituir la aplicación de la castración química a los violadores. Ese es un resorte que le cabe, exclusivamente, al Congreso de la Nación, la única instancia que puede modificar el Código Penal.

Es muy probable que aquellos que “compraron” su famoso “mapa del delito” en la campaña electoral de 2007 hayan caído en la misma trampa. Hoy, aplauden nuevamente como focas con una pelota sobre el hocico cuando lo que deberían hacer, en realidad, es exigir un plan integral plausible y sustentable por parte de las autoridades para abordar la inseguridad.

Jaque salió a decir que buscará que queden eunucos, impotentes, sin ganas de tener sexo, las personas que hayan cometido el delito de violación. Nada más fácil para captar adhesiones en un momento en que arrecian las críticas a la falta de prevención, afrontamiento y, luego de ocurridos los hechos, asistencia para los casos aberrantes como éstos.

Es el Gobierno el que se muestra impotente: Mendoza es víctima de una ola de violaciones que no encuentra freno. Es el delito que más creció en los últimos dos años y, para peor, en un caso impactante, como el de Micaela Reina, la justicia anuló las acusaciones contra un violador y asesino aplicando por un tecnicismo, sin encontrar un remedio jurídico para evitar la libertad de esta persona.

No tiene caso hacerle el juego a una idea que intentarán que ocupe las primeras planas a lo largo de la mayor cantidad de días que sea posible.

Es verdad que esta respuesta a los violadores se aplica en Estados Unidos, Cataluña y se estudia en Francia y Polonia. Pero en todos los debates conocidos la respuesta del Estado ha sido responsable e integral, acompañada de todo lo demás que hay que hacer.

Es que los especialistas dan cuenta que la “solución final”, como le llamó el Gobernador a la castración química, sólo inhibe al destinatario del deseo sexual y no de su prepotencia y agresividad. Frente a la impotencia, advierten, pueden pasar de violadores frustrados a convertirse en salvajes homicidas.

Es entendible la desesperación de la sociedad frente a la continuidad de las violaciones y el sentimiento de que en cualquier momento le puede pasar a cualquiera. Pero hay una lista interminable de acciones que hay que aplicar antes de engañar a la gente con presuntas soluciones que no se podrán aplicar "por la culpa de otro", en este caso, seguramente, del Congreso.

Por ejemplo: que haya justicia, que se encuentre a los culpables; que los operativos se hagan sin errores para evitar que los criminales salgan en libertad por culpa de tecnicismos jurídicos; que haya una respuesta del Estado para tratar a las víctimas de abusos, pero también para detectar los casos no denunciados ni conocidos y para encontrar, antes de que actúen, a los potenciales abusadores; que haya un plan contra la pedofilia eficaz; que se se establezca un plan de prevención interministerial cuyo objetivo esté en evitar la tragedia (aunque sea algo que no se pueda mostrar en las estadísticas ni en la prensa como un éxito político) más que tener asistencia perfecta en todos los velorios.