La diputada María Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital Federal) presentó hoy una denuncia penal en la Justicia contra el ministro de Economía, Amado Boudou, y otros cuatro funcionarios. El hecho cuestionado,
según explicó la legisladora al diario porteño La Nación, es una compra de títulos públicos a un valor superior al de mercado, con recursos del fondo de garantía del sistema jubilatorio, cuando el actual ministro era director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), cargo que ahora ocupa el ex funcionario del Gobierno de Celso Jaque, Diego Bossio.
La acusación se refiere a la compra por suscripción directa de títulos Bonar 14, en una operación que implicó una ampliación de la emisión de esos bonos, los mismos que la Anses había tomado al canjear a principios de año los llamados "préstamos garantizados" que tenía en cartera. Según una resolución conjunta de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, del 19 de junio, la compra se hizo a $ 102,11 por cada $ 100 nominales, mientras que en los mercados, afirma la denuncia, la cotización era de $ 65,25. Eso habría perjudicado el valor del fondo previsional en $ 475,16 millones, según la denuncia.
Reyes integra la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, que tiene por misión hacer el seguimiento de las inversiones de los recursos que acumula la Anses.
La denuncia es por el cargo de "fraude a la administración pública". De acuerdo a la agencia
DyN, también están involucrados en la acusación el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, al ex Secretario de Política Económica, Martín Abeles, y al ex subdirector de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Sergio Chodos, que avalaron la operación financiera entre la ANSeS y la Tesorería General de la Nación.
La denuncia penal recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la Jueza María Romilda Servini de Cubría, y tramita bajo el número de causa 13.015/09. Reyes indicó que a través del "método de suscripción directa la ANSeS compró 'caro' a la Tesorería General de la Nación un título público nacional que cotizaba sensiblemente más ´barato´ en el mercado".
"El perjuicio económico para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) fue de $475,16 millones", señaló Reyes. La diputada recordó que la ley que eliminó las AFJP establece que los activos del FGS se invertirán de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados.